El juez federal Ernesto Kreplak anunció que se logró identificar a dos militantes gremiales que habían sido secuestrados en junio de 1976 y quienes, desde entonces, permanecían desaparecidos. Después de un proceso de investigación liderado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y en el que intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se pudo determinar que sus cuerpos habían aparecido carbonizados una semana después del secuestro en el cruce de dos rutas en el partido de Brandsen y habían sido enterrados como NN en el cementerio de La Plata.
Oscar San Pedro había nacido el 21 de diciembre de 1943. Le decían “Cabezón” y trabajaba como chofer de la empresa de colectivos La Cabaña. Era delegado gremial y afiliado a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Walter Zaporta era un poco mayor: había nacido en 1937. Al igual que San Pedro, era colectivero y tenía militancia sindical.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, San Pedro y Zaporta ya habían recibido amenazas de los dueños de la empresa de transportes. Estaban molestos porque ellos marcaban los incumplimientos en materia laboral. Las intimidaciones pasaron a mayores: los dos fueron secuestrados la madrugada del 4 de junio de 1976 y, como tantos miles de víctimas de la dictadura, desaparecidos.
San Pedro estaba en su hogar de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, cuando ingresó una patota de personas de civil con armas. Los hombres dieron vuelta toda la casa y encerraron a la esposa del delegado gremial en el baño. A él le pegaron un culatazo y lo metieron en el baúl de uno de los autos en los que se movían.
Zaporta estaba en su vivienda de Ramos Mejía con su familia. Allí ingresó un grupo de tareas: eran personas de civil que se identificaron como policías. Encerraron a su hija y a su esposa; a su hijo lo vendaron con un pulóver. Después se lo llevaron a él y lo cargaron en uno de los coches.
Las familias denunciaron los secuestros ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Olma, hermana de San Pedro, informó que se habían llevado a su hermano con Zaporta y con otro compañero y con su esposa. La pareja habría compartido cautiverio con ambos en un centro clandestino, pero fue liberada al cabo de unos días. Mónica, hija de Zaporta, identificó a otro de los secuestrados como Horacio Rodríguez.
Las familias no supieron nada por 48 años. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata –que coordina Hernán Schapiro e integran Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira– viene realizando un trabajo de relevamiento en el departamento histórico judicial de la Corte Suprema. Es una tarea en conjunto con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) para identificar casos de hallazgos de cuerpos y, de esa forma, buscar información que les permita identificarlos. “En el caso de La Plata, hace años venimos trabajando con la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y con el Patronato de Liberados en la revisión de archivos judiciales”, explica Oberlin.
Como parte de esa tarea, identificaron un expediente que se había iniciado el 11 de junio de 1976 tras la aparición de dos cuerpos en el cruce de las rutas provinciales 6 y 53 en Brandsen. Habían sido acribillados y después incinerados. Los restos fueron trasladados al cementerio de La Plata.
En el expediente había un sobre con un mechón de pelos de uno de los cuerpos. Con ese elemento se logró identificar a Zaporta. Con las huellas dactiloscópicas se logró identificar a San Pedro. Para ello, fueron fundamentales los aportes del EAAF. Intervino también, a sugerencia de los antropólogos forenses, la división criminalística de la Prefectura Naval Argentina.
Según dio por acreditado el juez, el asesinato de ambos se habría producido el 10 de junio de 1976, un día antes del hallazgo de los cadáveres. “La práctica criminal de la desaparición forzada de personas llevada a cabo por agentes del Estado, o por personas particulares que actuaron con su apoyo o aquiescencia, no solo significa la muy alta probabilidad de la muerte violenta de la víctima, sino la sustracción de todo dato o información que permita conocer su paradero, lugar de entierro y circunstancias del asesinato”, escribió el juez.
Se atentó, de esta manera, contra el derecho a la identidad, que implica el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. "Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando obligado el Estado a garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo", remarcó el magistrado.
Para Kreplak, el accionar que sufrieron tanto San Pedro como Zaporta “implica una de las prácticas más aberrantes realizadas por el ser humano, que rompe con una de las tradiciones más ancestrales de las personas en sociedad: el rito funerario y el respeto a la muerte que las diversas culturas del mundo han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad”.
