Desde Lima
En medio de una crisis de descomposición institucional y democrática por decisiones impulsadas desde el Congreso y avaladas por el Ejecutivo, sin capacidad de respuesta gubernamental al crecimiento de la delincuencia y a los problemas de la economía, golpeada por un profundo descrédito con más de 90 por ciento de rechazo ciudadano y agobiada por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, la presidenta Dina Boluarte decidió hacer cambios en su gabinete ministerial. Pero son cambios que no cambian el rumbo de profundización de la crisis. Ni siquiera anuncian un respiro temporal al gobierno. La presidenta ha sustituido a cuatro de los diecinueve ministros, pero ha dejado en el gabinete a los más cuestionados, por vínculos con la corrupción e incapacidad para el cargo.
Santiváñez no se va
La permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el más cuestionado de un gabinete muy cuestionado, con evidencias que lo señalan como un operador para proteger al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, de las acusaciones de corrupción en su contra, es un mensaje que apunta a confirmar las versiones de que la mandataria lo nombró en el cargo para que cumpla esa tarea, y que esa es una prioridad del gobierno.
Santiváñez fue designado ministro del Interior en mayo pasado, unos días después que el hermano de Boluarte fue detenido, y luego liberado, como parte de una investigación fiscal en curso por negociar nombramientos de funcionarios públicos a cambio del pago de coimas y utilizar recursos del Estado para promover la inscripción de un partido político. Un testigo protegido, cuya identidad se mantiene en reserva, ha declarado ante la Fiscalía que Boluarte nombró a Santiváñez con el encargo de que supervise y coordine la defensa de su hermano, neutralice a quienes podrían declarar en su contra y persiga a los policías que apoyaban el trabajo del equipo fiscal encargado de investigarlo. En una conversación con un coronel de la policía, grabada en secreto por su interlocutor y cuyo audio ha sido difundido, el ministro le revela que tiene el encargo de la presidenta de actuar contra los policías que investigan y detuvieron a su hermano, y que allanaron la casa de la jefa de Estado en el marco de una investigación fiscal por corrupción. En medio de la creciente delincuencia, el ministro del Interior parece inactivo en ese asunto, pero se muestra muy activo en debilitar al equipo policial que investiga la corrupción política, en maniobrar para destituir a estos policías y en atacar públicamente a los fiscales que llevan los casos de corrupción que involucran a la presidenta y a su hermano.
Cuestionados
Otros ministros muy cuestionados que se mantienen en el gabinete son los de Salud, Educación, Economía, Desarrollo Agrario, y el propio presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, convertido en defensor de Boluarte y su círculo cercano frente a las acusaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos, antes que en vocero de políticas de gobierno. Señal de un gobierno que apenas sobrevive y busca desesperadamente eludir las graves acusaciones contra la presidenta y su entorno, lo que hasta ahora ha conseguido gracias a su pacto con la mayoría parlamentaria de extrema derecha y derecha.
El titular de Salud, César Vásquez, enfrenta denuncias de corrupción, un grave desabastecimiento de medicamentos, el deterioro de los servicios de salud y los duros cuestionamientos de los colegios profesionales de la salud y universidades a su gestión. El ministro de Educación, Morgan Quero, muy cercano a Boluarte, protagonizó un escándalo cuando hace unas semanas minimizó la violación de varias niñas de una comunidad indígena amazónica por el profesor de su escuela, diciendo que se trataba de “una práctica cultural extendida en esas comunidades”. A pesar de esta muestra de desinterés por esta grave denuncia, de ignorancia y de agravio a las comunidades indígenas, ha sido ratificado. También enfrenta un conflicto con los maestros, que anuncian una huelga por no ser atendido su reclamo de aumento de sueldos y de recursos para el sector.
Otro ministro muy criticado y enredado por sus propias palabras que, sin embargo, continúa, es el de Desarrollo Agrario, Angel Manero, que en respuesta a un informe de la FAO sobre el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país, dijo, con alarmante desconexión de la realidad y desdén por los amplios sectores que sobreviven en la precariedad, que “en el Perú no hay hambre, se come abundante”, y agregó: “solo tiene hambre el que no trabaja”. Palabras ofensivas en un país en el que alrededor de la mitad de los niños y niñas sufren de anemia y desnutrición, y amplios sectores trabajan duro pero viven en la pobreza. También se queda el ministro de Economía, José Arista, criticado por el deterioro de la economía y el incremento de la pobreza.
Los ministros que dejan el gabinete son los de Relaciones Exteriores, Javier Olaechea, de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, y de Cultura, Leslie Urteaga. La sorpresa ha sido la salida del canciller, identificado con los sectores más conservadores. Una sorpresa no por haber tenido una buena gestión, sino por el respaldo que tenía del fujimorismo y sus aliados que son mayoría en el Congreso. Ha sido reemplazado por el diplomático de carrera Elmer Shialer. Un cambio que marca el retorno de la tecnocracia diplomática a la Cancillería.
Leslie Urteaga y Hania Pérez de Cuéllar estaban en el gabinete desde diciembre de 2022. Han estado envueltas en varios cuestionamientos y denuncias. Elizabeth Galdo asumió hace solo cinco meses, en los que tuvo un perfil bajo. Con la salida de tres mujeres del gabinete y el ingreso de solo una nueva ministra, en el gobierno de la primera mujer presidenta del Perú hay solo dos ministras en un gabinete de diecinueve miembros.
Ha sido un cambio parcial del gabinete ministerial en el que lo más relevante no está en lo que cambia, sino en lo que no cambia.
