Un tirón de orejas, y a otra cosa. Ese es el único castigo que le espera a los diputados libertarios que fueron al pabellón de genocidas en Ezeiza de triunfar la propuesta de La Libertad Avanza. Martín Menem quiere enterrar el escándalo que tantos dolores de cabeza le generó, y está al borde de lograrlo. El acuerdo es con el PRO, el radicalismo y Encuentro Federal --que vuelven a la vereda de los aliados después de protagonizar el rechazo del DNU de la SIDE-- y consiste en presentar una "moción de apercibimiento" contra los seis diputados oficialistas. La decisión se oficializará la semana que viene en un plenario de comisiones, pero el acuerdo ya se cerró: el oficialismo quiere clausurar el tema y la oposición amigable está dispuesta a concedérselo, siempre y cuando lo anteceda algún atisbo de repudio light. Después, borrón y cuenta nueva.
A casi dos meses de que explotó el escándalo de la comitiva oficial al penal de Ezeiza, el bloque libertario hace una profunda autocrítica. Aunque no respecto a la visita a Alfredo Astiz en sí, o el chat con el cura Olivera Ravasi o a la circulación de proyectos que plantean una salida anticipada para los represores condenados. No, la autocrítica está dirigida hacia el mecanismo de control de daños: habían fracasado en acordar una salida salomónica con la oposición --que le había pedido, hace un mes, sacar un repudio conjunto de toda la Cámara-- y había pagado el costo. Lourdes Arrieta había prendido el ventilador sobre los entretelones de la visita y la culpa se esparcía, ahora, sobre el presidente de la Cámara, Martín Menem, el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otra docena de diputados (que no habían participado de la visita, pero estaban en el chat con Ravasi). "Manejamos mal el tema. Durante el tiempo que transcurrió lo de Fabiola se pinchó y, en cambio, esto sigue, jodiéndonos", reflexiona una espada libertaria.
Una falta de muñeca política que, argumentaban, ahora venían a solventar. Menem proponía una amonestación lavada --un "chas chas en la cola", tal cual lo definió la diputada camporista Paula Penacca-- que afirmaba que la conducta de los seis libertarios ameritaba "una sanción de apercibimiento, como medida correctiva y preventiva, con el fin de evitar la repetición de conductas similares en el futuro". En el borrador del dictamen, al que accedió Página/12, el oficialismo defiende la constitucionalidad de hacer visitas a penales y penitenciarias "para garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos". "Son mecanismos de control constitucionalmente válidos", explican, aunque hacen una salvedad (y ahí entra el repudio que les pedían en la oposición): aclaran que, estas visitas, "deben efectuarse respetando los procedimientos establecidos".
El foco estará puesto, entonces, no en el carácter de los presos a los que habían ido a ver --genocidas condenados--, sino a las irregularidades de la visita. Según consta de la denuncia de Arrieta --y de las filmaciones que se filtraron--, los diputados ingresaron sin pasar por el detector de metales y sin dejar sus celulares (con los que después se sacarían la foto de familia con los represores, entre los que estaban Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, entre otros).
La comisión de la comisión: Round III
Los diputados libertarios llegaron al plenario de comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales con el borrador de dictamen listo. Venían trabajando Nicolás Mayoraz --que terminó cediendo la presidencia de Asuntos a pedido de la oposición--, Álvaro Martínez y Nadia Márquez, quienes habían estado tanteando a varias de las espadas de lo bloques opositores, como Silvia Lospennato (PRO), Silvana Giudici (PRO), Juan Brügge (EF), Karina Banfi (UCR), Pamela Caletti (salteña que responde a Gustavo Sáenz), entre otros. No se terminó de llegar a un acuerdo definitivo y, por este motivo, se terminó dilatando una semana más la resolución.
Un sector de la UCR, además, exigía que los seis diputados involucrados --Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Arrieta-- tuvieran la posibilidad de ejercer "su derecho a defensa" en el plenario de comisiones. "Siempre que se toma una decisión que afecta derechos de las personas, el organismo a cargo tiene obligación garantizar el derecho a defensa, el derecho de ser oído", precisó el formoseño Fernando Carbajal, que integra la línea interna más opositora dentro del radicalismo. Lospennato, que presidía el plenario, terminó oficializando la convocatoria de los diputados, pero estos no estarán obligados a presentarse. Pueden, por ejemplo, presentar un escrito.
Arrieta y Bonacci, sin embargo, es probable que asistan y den su testimonio. Arrieta, incluso, participó brevemente del plenario de ayer: era la primera vez que se la veía en una comisión desde su renuncia forzada del bloque oficialista y, al momento de sentarse, optó por una silla lo más alejada posible del resto de LLA.
Unión por la Patria, mientras tanto, exigió mayores medidas de prueba. Como citar a Patricia Bullrich o el secretario privado de Menem, Shariff Menem. Lospennato se negó, argumentando que no estaba dentro de sus facultades. "Si hay voluntad real, en vez de esconderse detrás del reglamento, firmen todos un dictamen para crear comisión investigadora. Pero sospecho que lo que se busca es que no haya información, así después nos le da vergüenza con que se apruebe solo una moción de apercibimiento, un chas chas en la cola", la cruzó Penacca, apuntando tanto contra Lospennato, como la UCR y Brügge (Encuentro Federal). "Ojalá hubieran querido investigar así la corrupción", les respondió Lospennato, que se trenzaría varias veces con el peronismo.
"¿Quieren investigar o no? Nuestro bloque no quiere ser parte de simulacro que plantee un repudio light sin siquiera darnos la posibilidad de investigar la conducta de estos diputados", provocó el titular de UxP, Germán Martínez, que observaba ya que no tenía el número para imponer la creación de una comisión investigadora. Martínez cerró, sin embargo, con un llamado a toda la oposición a "no poner un manto de impunidad sobre un plan de impunidad".
