La decisión del gobierno por la que modificó la reglamentación la ley 27.275 de acceso a la información pública vigente desde 2016 conlleva un atropello en todos los sentidos al ejercicio pleno del derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y, de esta manera, constituye un grave perjuicio para la democracia como sistema. Y no se trata de una cuestión jurídica meramente (aunque en ese campo habrá que librar diferentes batallas), sino de un asunto conceptual que concierne a la concepción misma de la democracia, un sistema que