Zonas inundables, microbasurales, basurales a cielo abierto y cursos de agua contaminados. Cuatro de cada diez villas y asentamientos de toda la Argentina se enfrentan a al menos un factor de riesgo ambiental, de acuerdo con un informe de la ONG Techo que alerta sobre los efectos del cambio climático y los focos de contaminación en más de cinco mil barrios populares de la Argentina, en un contexto donde se repiten eventos extremos, desde tormentas hasta olas de calor y de frío, que afectan con más fuerza a las poblaciones más vulnerables, y mientras el gobierno nacional frena las obras públicas y niega el calentamiento global y sus consecuencias.

El informe, al que tuvo acceso Página|12, da cuenta de la desigualdad climática en la que viven entre cuatro y cinco millones de personas en los 5.687 barrios populares que formaban parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2022, y que en 2023 fue actualizado a 6.467. Casi la mitad de los barrios analizados (47,8 %) se encuentran en zonas inundables. “Las precipitaciones por encima de la media y extraordinarias pueden generar el desborde de cursos y cuerpos de agua”, alerta el estudio, que además pone el acento en la saturación de las napas y los anegamientos. Además, enfatiza que las fallas en estructuras hidráulicas y la falta de obras provoca la invasión de agua en sitios donde habitualmente no hay.

“La lluvia en sí misma no constituye un riesgo, la falta de medidas de prevención y de infraestructura sí”, señala el estudio de Techo. Por eso, es clave comprender la matriz de desarrollo de los barrios populares, asentados en zonas fácilmente inundables, justamente por tratarse de tierras desocupadas, que en su gran mayoría no cuentan con un sistema de drenaje apropiado para encauzar la caída de agua. Bajo ese contexto, afloran desde los riesgos de enfermedades – que a su vez se combinan con un menor acceso a servicios de salud en zonas carenciadas – hasta los daños materiales, vinculados, a su vez, con la precariedad de las construcciones.

Aunque la situación empeora en el AMBA, en el caso de las provincias del litoral la exposición a inundaciones por la crecida de ríos y arroyos adquiere una relevancia mayor. Este año, Corrientes sufrió crecidas de los ríos Paraná y Uruguay que provocaron más de 400 mil evacuados y 17 mil afectados de forma directa. En esa región, la sudestada – que eleva el nivel del río y provoca grandes inundaciones – eleva aún más el peligro.

“Hemos normalizado que dentro de los barrios no tenemos servicios básicos, que el estado de las viviendas no sea digno. Hay que tomar conciencia de los riesgos ambientales”, dice a Página|12 Araceli Ledesma, integrante de la Mesa Nacional de los Barrios Populares y vecina del barrio Lagomarsino, en Pilar. Ledesma describe con precisión los efectos de una crisis climática que está lejos de ser una novedad y da muestras de sus consecuencias desde hace décadas. 

Para quienes habitan en villas o asentamientos, las inundaciones eran cotidianas y la presencia de basurales, habitual. “Los barrios que antes no se inundaban, ahora se inundan y el agua tarda mucho más en bajar”, relata, y cuenta que, por efecto de la contaminación ambiental, son frecuentes enfermedades como dermatitis, diarreas crónicas y gastroenterocolitis.

Vivir rodeado de basura

El otro gran problema es la contaminación a través de basurales y microbasurales, presentes en el 30 por ciento de los barrios estudiados en el país. La gran mayoría de estos factores de riesgo se encuentran concentrados en el Gran Buenos Aires – donde hay mayor cantidad de barrios populares (1.398) – aunque también sacude con fuerza a la región pampeana y el noroeste.

El estudio pone el acento en los basurales a cielo abiertos como uno de los mayores epicentros de riesgos por contaminación, ya que no tienen ningún tipo de control y no cuentan, en su gran mayoría, con medidas de protección. Se trata de basurales que acumulan entre 500 y 15 mil metros cúbicos de basura.

Cambio climático y crisis económica, un combo explosivo

A los efectos que el calentamiento global produce alrededor del mundo, la Argentina debe sumarle un condimento clave: el gobierno de Javier Milei descree abiertamente del cambio climático y sucesivamente abona y respalda teorías conspirativas, financiadas en muchas ocasiones por grupos de lobby internacionales, que incluso han respaldado la candidatura del libertario.

Además, el gobierno argentino paralizó la obra pública, lo que sacude con más fuerza a los más vulnerables, en especial si se tiene en cuenta que las propuestas para enfrentar la crisis climática giran en torno a mejorar la infraestructura urbana, ya sea para mitigar las olas de calor – con la construcción de bosques urbanos, por ejemplo – o mediante obras de integración sociourbana, que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en asentamientos. 

En la presentaicón del informe, Techo instó a que el Estado argentino garantice la continuidad de las obras - muchas frenadas, tal como reveló este medio meses atrás - para asegurar y potenciar el financiamiento de obras que permitan mitigar los riesgos ambientales. 

No se trata de un punto menor, en especial si se tiene en cuenta las millonarias pérdidas que producen, por caso, las inundaciones por lluvias que no sólo son más frecuentes, sino también más extremas. Argentina se encuentra entre los países de la región más afectados por inundaciones y ha reportado pérdidas del 1,1 % del PBI.

A nivel regional, se estima que casi un 30 % de la población de América latina está bajo la línea de pobreza – unas 183 millones de personas – y que un 18 % habita asentamientos populares, de acuerdo con datos de UN-Hábitat, de 2022. Según datos de la Universidad Católica, en la Argentina durante el primer semestre de 2024 la pobreza trepó al 55,5 %, mientras que la indigencia creció al 17,5 %. Techo pone de relieve un dato más alarmante para esta población: “Las personas vulnerables tienen 15 veces más probabilidades de morir como consecuencia de condiciones climáticas extremas”.