Hace diez años el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa abría un nuevo capítulo de violencia en la historia de México, un país con una grave crisis de desaparecidos. Desde 1950, México contabiliza más de 116 mil personas desaparecidas. El 88% de las denuncias fueron realizadas entre 2006 y 2024. Para Amnistía Internacional hubo un aumento importante a partir de 2006, año en el que el gobierno de Felipe Calderón militariza la seguridad pública como estrategia para combatir el crimen organizado.
En ese contexto de crisis llega el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para investigar uno de los hechos más violentos registrados en el país: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Investigar, rastrear en los huesos, en las plantas y en la tierra hasta encontrar un fragmento que pueda ser analizado y así conocer su historia genética. Su trabajo era fundamental para que los familiares sepan finalmente, y con certeza, dónde están sus hijos o qué pasó con ellos.
Mercedes Doretti es una de las fundadoras del equipo argentino y actualmente es Directora General y Directora Programática Centro y Norteamérica. Doretti estuvo al frente del trabajo del EAAF en el caso de Ayotzinapa.
-¿Cómo fue el proceso que los llevó a trabajar en esta investigación?
Cuando sucede lo de Ayotzinapa nosotros ya estábamos trabajando en otros casos en México. Pocos días después del 26 de septiembre de 2014 nos llaman los abogados del Centro Prodh y de la organización Tlachinollan, que representaban a los familiares. En ese momento habían aparecido unas primeras fosas clandestinas con varios cuerpos que la fiscalía de Guerrero estaba exhumando. Al principio ellos querían una asesoría técnica porque decían que tal vez parte de los restos de los estudiantes podían estar entre esas fosas pero luego nos preguntaron si podíamos ser peritos de las familias. Juntamos a toda la gente del EAAF que andaba por distintos lugares, porque era fin de semana, y salimos todos para Guerrero. Era la primera vez que estábamos en Guerrero, no conocíamos mucho lo que estaba pasando. Fue muy importante la guía de los familiares y de las organizaciones locales que nos fueron guiando sobre cómo trabajar.
-¿Con qué expectativas fueron a ese primer viaje a Guerrero, en un caso de esta magnitud con 43 desaparecidos?
Lo primero que nosotros planteamos como requisito era encontrarnos con las familias. Tenemos como principios institucionales siempre colocar a las familias en el centro del trabajo y tener también la autorización de las familias para nuestra intervención. Fuimos a la escuela de Ayotzinapa donde estaban reunidos esa noche en el comedor de la universidad varios cientos de estudiantes y todos los padres de los chicos desaparecidos y las organizaciones. Había muchísima gente, fue una noche muy tensa. Las organizaciones nos presentaron y nosotros explicamos lo que habíamos hecho en otros países y después hubo como una especie de votación en la que preguntaron si querían que los acompañáramos. Todos levantaron la mano. A partir de ahí firmaron un escrito para que legalmente entráramos en la investigación como peritos de las familias. Para nosotros era central contar con el apoyo de las familias.
-¿Por qué es tan importante para el EAAF poner las familias en el centro?
El equipo trabaja solamente en casos de violaciones a los derechos humanos y problemas humanitarios. Este tipo de casos en general son muy distintos a los que pueden ser casos criminales comunes por decirlo de alguna manera en donde muchas veces por ahí la familia puede estar bajo sospecha o algo por el estilo. En estos casos las familias también son víctimas de lo que ha sucedido y el Estado generalmente tiene una responsabilidad importante sobre lo acontecido, de distintas maneras. A veces como perpetrador o a veces por obstruir el acceso a la justicia.
Con nuestro trabajo en Argentina, con las desapariciones ocurridas en la última dictadura militar, nos dimos cuenta de que el Estado fallaba en la capacidad de generar confianza al brindar una asistencia técnica independiente. Esto porque sus instituciones estaban involucradas de distintas maneras en los crímenes que se estaban investigando. Entonces desde el comienzo entendimos que por un lado había un problema técnico para recuperar los restos y analizarlos desde un acercamiento multidisciplinario; y por el otro, el de volver a crear un vínculo de confianza con las familias. También por eso somos una organización no gubernamental. Nos permite un acercamiento distinto.
Entendimos que nuestra labor no era solamente técnica sino que también era una labor que involucraba a los familiares en el sentido de crear claridad. Una línea directa de la información sobre lo que estábamos haciendo para explicárselo a la familia. Era un derecho de las familias: el derecho a la información, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Y dentro de ese marco de derechos de las familias nuestro trabajo tenía que adaptarse también para incluirlas. Y que eso era realmente parte de nuestra misión. El caso Ayotzinapa no fue una excepción. Las familias, incluso, se convierten en agentes de cambio en los procesos de verdad y justicia.
¿Cuáles fueron los principales desafíos al momento de comenzar a trabajar?
Presentamos un informe sobre el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, lugar donde, según la historia oficial presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), supuestamente habían asesinado a los estudiantes y luego arrojado y quemado sus cuerpos. Esa era la versión oficial. Nosotros trabajamos en la recuperación y análisis de evidencia en ese lugar desde octubre del 2014 hasta que entregamos el informe en febrero de 2016. Estuvimos trabajando un año y medio en el caso, con cerca de 26 personas de distintos países y distintas disciplinas. Fue uno de los más complejos que tuvimos que enfrentar en nuestra vida laboral porque necesitaba de mucha interdisciplina y de disciplinas que no necesariamente estaban dentro del equipo como dinámica de fuego, botánica, botánica forense, entomología, además de las habituales de balística, antropología, medicina, genética, análisis de imágenes satelitales. Todo el análisis de toda la evidencia alrededor, las plantas, los insectos, del tipo de restos que habían en el basurero era técnicamente muy complejo.
Sin embargo, a las dos o tres semanas, cuando recién acabábamos de recoger parte de la evidencia en el basurero de Cocula (en noviembre de 2014) la PGR larga esta versión de los hechos.
-¿Cómo fue para ustedes confrontar la versión oficial?
Nosotros no hacemos comunicados de prensa en el medio de una investigación pero en este caso nos parecía que era muy importante. En nuestros primeros comunicados públicos pedíamos que antes de lanzar versiones se analizara la evidencia. Todavía ni siquiera habíamos empezado a analizar la evidencia, ni nosotros, ni los peritos de PGR y ellos ya estaban armando toda una versión. No había sustento para lo que estaba afirmando el gobierno.
En febrero de 2016 finalmente estuvimos en condiciones de poder entregar a la Procuraduría General de la República el informe que tenía cerca de 400 páginas con todos los hallazgos. Fue un día de muchos nervios. No sabíamos que iba a pasar al día siguiente. Pero era nuestra misión. En la conferencia de prensa estábamos rodeados de los familiares, junto con el Centro Prodh y Tlachinollan. De alguna manera nos estaban como arropando como dicen allá mientras dábamos la conferencia de prensa.
-Como integrante del EAAF denunciaste que fuiste objeto de espionaje por parte del Estado mexicano, ¿qué ocurrió con eso?
Durante un año y medio nos estuvieron espiando a través de los teléfonos y georreferenciado nuestros movimientos. El Ministerio Público pudo acceder a que las compañías de teléfono les dieran acceso a todos nuestros movimientos y llamados alegando que estaba en una investigación de crimen organizado, como que nosotros éramos parte del crimen organizado. Nosotros que éramos peritos, la abogada que acompañaba a las familias y una periodista investigando las masacres que ocurrieron en el noroeste de México. Nos pusieron la legislación sobre crimen organizado que limita los derechos de las personas que están siendo investigadas, por ejemplo, nos podían detener sin mayor explicación. La verdad que no nos ha pasado en ningún otro país.
-¿Qué reflexión hacés a 10 años del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Son diez años de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos de México y sigue sin esclarecerse. Eso es gravísimo. Es terrible para las familias pero es terrible también para toda la sociedad de México. No solamente el crimen sino el encubrimiento, lo que hace aún más grave el crimen en sí mismo. Si bien se ha avanzado mucho en el caso, sigue sin resolverse. La salida del fiscal Omar Gómez Trejo, con quien la investigación había tomado un cariz positivo y de avance, dejó el caso en un limbo.
