La fiscala Paloma Ochoa pidió que distintas dependencias del Estado argentino entreguen toda la documentación que tengan en su poder sobre el Plan Cóndor, la coordinación regional entre las dictaduras del Cono Sur. El Ministerio Público se hizo eco de una solicitud que había hecho Alejandrina Barry, víctima ella y su familia del terrorismo de Estado, antes de que el gobierno de Javier Milei decidiera la resurrección de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Para la justicia argentina, el Plan Cóndor fue un acuerdo ilícito regional: así lo definió en 2016 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que juzgó estos crímenes. El Cóndor implicó una coordinación para intercambiar información y prisioneros y para conducir operativos conjuntamente. Su nacimiento data de noviembre de 1975, cuando se hizo una primera reunión en Santiago de Chile.
La SIDE sabe mucho del Plan Cóndor: era el organismo encargado de la concertación. En 1977, según surge de los archivos desclasificados de los Estados Unidos, su titular, Carlos Laidlaw, estuvo al frente de la operación.
Ese año, Alejandrina Barry, con menos de tres años, se había convertido en víctima de una campaña de acción psicológica. El 15 de diciembre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) llegó hasta Uruguay, donde ella estaba con sus padres y sus compañeros de militancia. Tras el asesinato de sus padres en el operativo, Alejandrina fue retenida en el país vecino. Usaron su imagen –la de una nena rubia y flequilluda– en distintas revistas de la editorial Atlántida para decir que era una víctima de sus padres militantes, que la habían abandonado a su suerte. No decían que estaban muertos y ella, secuestrada.
En 2012, Alejandrina consiguió que la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) confirmara que tenía documentación sobre la familia Barry-Mata. Fue después de que el juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, cursara un pedido que ella había impulsado conjuntamente con su abogada Miriam Bregman.
En los primeros días de julio de este año, Alejandrina repitió el pedido junto con Bregman y los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea. Fue unos días antes de que Milei decidiera cambiar todo el sistema de inteligencia por decreto. “Hicimos este pedido ante los cambios que están ocurriendo en la central de inteligencia. Nos consta que tienen numerosa información relacionada con las víctimas de la dictadura militar y es importante para las causas en curso. Necesitamos una pronta resolución judicial que ordene preservar todos esos archivos. Hace muchos años que venimos trabajando en este tema; por eso, la preocupación es tan grande”, dice Bregman.
Éste fue uno de los temas que se coló el mes pasado en una reunión que mantuvieron referentes de organismos de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Alejandro Slokar. Después de ese encuentro, el tribunal recomendó a los jueces que tramitan causas de lesa humanidad que preserven los archivos y los lugares donde se cometieron los crímenes.
Esta semana, la fiscala Ochoa tomó el pedido de Alejandrina y lo extendió hacia todas las víctimas del Plan Cóndor. Le solicitó al juzgado de Sebastián Casanello que requiera a la SIDE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. La fiscalía pidió que envíen toda la información relativa a las víctimas, los imputados y los inicios del Plan Cóndor, según pudo reconstruir Página/12.
Casanello está de licencia hasta fin de mes. Su juzgado está a cargo esta semanas del juez federal Daniel Rafecas, que desde 2004 condujo la investigación más extensa sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, la del Primer Cuerpo. Rafecas también indagó en el rol de la SIDE a partir de su responsabilidad sobre los centros clandestinos conocidos como Automotores Orletti, Bacacay y Pomar.
Mientras Cristina Caamaño estuvo al frente de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se creó un programa para relevar toda la documentación que estaba en poder de ese organismo. El rango de análisis abarcó desde sus inicios hasta diciembre de 1985, fecha en que la Cámara Federal porteña dictó sentencia en el Juicio a las tres primeras juntas militares. Durante esa etapa, se conformó una mesa conjunta entre la AFI, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los organismos de derechos humanos. Esa mesa ya no funciona, denunciaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta.
La gestión de La Libertad Avanza (LLA) se dedicó a torpedear las políticas de acceso a los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. En marzo, Luis Petri comenzó a desmantelar los equipos de civiles que relevaban los archivos burocráticos de las Fuerzas Armadas. El proceso concluyó en julio con la derogación de la resolución de 2010 que había creado los grupos de trabajo para contribuir con las causas de lesa humanidad.
Tanto Defensa como el Ministerio de Seguridad –a cargo de Patricia Bullrich– decidieron no contestar a los pedidos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que se dedica a buscar a los niños y las niñas robados durante los años del terrorismo de Estado. Milei eliminó por decreto la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba dentro de ese organismo y que, desde 2004, tenía acceso irrestricto a todos los archivos en poder del Estado.
“Luchamos muchos años por demostrar que esos archivos existían, tomando el ejemplo de las Madres. Durante todos estos años nos decían que no existían y después de ese esfuerzo que hicimos, presentándonos una y otra vez en el juzgado de Sergio Torres, obtuvimos la documentación”, dice Alejandrina Barry. “Los primeros archivos que me dieron sobre el caso de mis padres no era información novedosa pero demostraba que esos archivos existían. Esta presentación que realizamos tiene que ver con preservar esos documentos porque, en el marco de un gobierno que reivindica abiertamente la dictadura militar, nuestra máxima preocupación es evitar que se destruyan. Y esos archivos pueden ser una herramienta enorme para conocer la verdad que nos falta, para conocer el destino de los más de 300 niños, hoy ya adultos, que continúan apropiados, el destino de nuestros familiares que todavía no sabemos dónde están sus cuerpos”.
Ya sea Rafecas o Casanello deberán resolver el pedido de la fiscala Ochoa. En paralelo, Adrián Grünberg, presidente del TOF que juzgó los crímenes del Plan Cóndor y de la SIDE, ordenó preservar todo el acervo documental en línea con lo que había recomendado Casación.