Una pregunta provocadora guía el nuevo libro de Valeria Vegh Weis, Todo preso es político. Una historia sobre la (in)justicia penal (Clacso). “¿Puede ser que el delito más escandaloso de todos los tiempos haya sido la drástica desigualdad con la que ha operado y opera el sistema penal?”, dispara la doctora en Derecho y docente de criminología, que con este nuevo trabajo de reciente publicación busca mostrar cómo el sistema penal ha venido prometiendo justicia a lo largo de la historia pero sólo logró redoblar la inequidad “en cada una de sus instancias”.
Publicado en inglés y español, el trabajo es novedoso desde su abordaje teórico y desde su posicionamiento. Lo primero, porque decide partir del materialismo histórico y de las contribuciones teóricas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes pese a no haber analizado puntualmente las nociones de castigo y delito permiten a Vegh Weis tamizar cuestiones específicas sobre la cuestión penal. Lo segundo, porque como consecuencia de eso la autora decide analizar dicha cuestión en relación al contexto socio-económico en el que se inserta y no separada de él.
Con ejemplos y casos testigo (Argentina es uno de ellos), la autora desnuda en lenguaje académico pero accesible para el gran público operaciones tales como la sobrecriminalización y la infracriminalización, entendidas como el tratamiento excesivamente punitivo o casi nulo respecto a conductas consideradas lesivas dependiendo del grado de vulnerabilidad, en el primer caso, o de la posición socialmente ventajosa, en el segundo, que ocupen los individuos que cometan esas conductas. Es decir: cómo en verdad las penas no están determinadas por los daños implicados, la “jerarquía ideal”, sino por la posición de los sujetos en cuestión.
“Lo importante de la cuestión criminal es entender cuál es su contextualización en una sociedad y cuáles son los condicionamientos económicos, políticos, sociales, culturales, étnicos y de género que marcan cómo se va a desarrollar el sistema penal en cada contexto”, explica a Página/12 la autora de las páginas a las que Raúl Eugenio Zaffaroni definió como imprescindibles para “quienes las recorremos desde el sur colonizado del mapa planetario”.
–¿Qué tomaste de Marx y Engels para tu investigación?
-Marx y Engels lograron estudiar diferentes fenómenos políticos y legales en relación con el desarrollo socioeconómico a lo largo del tiempo. Si bien no escribieron un libro específicamente dedicado al derecho, hay en sus trabajos decenas de referencias a la ley e incluso al castigo. Es más, ellos mismos fueron objeto de la sobrecriminalización, particularmente a mediados del 1800, y lograron analizar sus propias experiencias con los sistemas penales europeos en sus obras. Por ejemplo, dieron cuenta de la criminalización de las organizaciones obreras, del objetivo del poder de mantener disciplinados a los trabajadores que se estaban organizando, de cómo en ese momento surgen leyes para tal final, de cómo se crean fuerzas policiales para hacer aplicar esas leyes. Es decir, muestran cómo el sistema penal no puede leerse desconectado de la lucha de clases en un contexto dado.
–Lo inverso a eso, a la sobrecriminalización, es la infracriminalización. En el caso argentino, por ejemplo, un grupo de diputados visita fácilmente a genocidas y hasta se habla de liberarlos. ¿Cuánto influye en eso el poder político?
–La lucha política y lo que un gobierno piense van a condicionar completamente los productos legales y las políticas públicas que se lleven a cabo en materia de seguridad. Por supuesto que las ideas que van surgiendo son ideas que ya se vienen desarrollando poco a poco en la sociedad a través de la intervención de múltiples actores. Quiero decir, es muy difícil que un actor particular, aunque sea el presidente, venga a traer un paradigma completamente nuevo de la nada. Pero dentro de su margen de actuación obviamente tiene una influencia enorme e incluso en este caso lo estamos viendo en cómo se está dando el debate por la visita y en retrocesos como el desguace de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
–En el libro marcás la diferencia entre la jerarquía ideal y la jerarquía real. ¿Cuál sería?
-Creo que en el imaginario social todavía tiene un rol importante lo que podemos llamar la “jerarquía ideal”, que es la que nos prometen los tratados internacionales y la Constitución y por la que se supone que defendemos el Estado de Derecho priorizando los derechos fundamentales de los individuos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la vivienda. Pero lo que sucede es que las leyes y el sistema penal actúan de acuerdo a una “jerarquía real” y entonces vemos que, en realidad, la vida no es lo que tiene el carácter más importante, porque si no tendríamos presos a los policías que incurren en gatillo fácil, a los directivos de corporaciones que producen contaminación y muerte en las comunidades que defienden sus tierras o a los responsables de las farmacéuticas que manipulan el precio de los medicamentos para el cáncer o el misoprostol. Si realmente la vida fuera lo más fundamental tendríamos un sistema penal orientado a todo este tipo de acciones y la verdad es que cuando vamos a las cárceles vemos que el sistema penal claramente se orienta a los “perejiles”, al transa que vende la última bolsita, al que hurta en el transporte público.
–Proponés ampliar el concepto de selectividad penal. ¿Hacia dónde?
Son cuatro dimensiones que se agregan. Primero, mostrar que la selectividad penal existió desde siempre bajo distintas modalidades. Segundo, que se trata de un fenómeno global que sucede, en distintas formas y con distinta intensidad, en todo el mundo. Tercero, aporto las categorías de sobre e infracriminalización que nos marcan qué queda adentro y afuera de los alcances del sistema penal cuando observamos la “jerarquía real” que conduce la orquesta del castigo. Finalmente, hasta ahora la selectividad penal se venía estudiando solo en referencia al accionar de las policías, porque es la expresión más burda de la selectividad, la imagen de la policía yendo atrás del pibito sin recursos. Lo que propongo es que, por un lado, las leyes penales también son fruto de la selectividad penal. No se criminaliza lo más grave, sino aquello que permite mantener a rajatabla la conflictividad social. Pero también, a nivel de la implementación de estas leyes, también los tribunales, las prisiones y las agencias post-penitenciarias ejercen selectividad penal. El ejemplo de los genocidas es muy claro. Esa visita fue muy fácil de realizar, pero si querés ir a ver a un transa, a una madre embarazada o cualquier persona sin recursos es muy difícil.
–Afirmás que la inequidad del sistema no es un fenómeno moderno sino que ha acompañado al sistema capitalista desde sus cimientos. ¿Cómo se soluciona o supera?
–Si lo que muestra este análisis histórico es que el castigo no responde al control del delito sino a disciplinar y controlar a una población problemática para la reproducción de un orden social desigual, entonces hay que terminar con el sistema que lo hace nacer y lo justifica. Esto no quiere decir que sea lo mismo la política de seguridad de Patricia Bullrich que la de un gobierno socialdemócrata o progresista o que sea lo mismo una cárcel en Siria que en Dinamarca. Dentro del sistema capitalista también hay muchísimo margen de actuación y las características del sistema penal van a estar condicionadas por la lucha política y la realidad económica del momento. Aun dentro de los márgenes del sistema económico vigente, hemos logrado victorias insoslayables como las garantías constitucionales que son la base de las democracias liberales. Ahora que están en riesgo, en Argentina nos estamos dando cuenta de eso muy fuertemente.
