A pesar del "pacto de la milanesa" entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei para conseguir fondos para al Ciudad o intentar sostener el veto a la reforma jubilatoria en el Congreso, el PRO tuvo que salir a despegarse del decreto 780/2024 con el Gobierno modificó la Ley de Acceso a la Información Pública para limitar la libertad de la ciudadanía para preguntar sobre cuestiones de interés público. "La ley debe mantenerse intacta", sostuvo el bloque PRO anticipando la que podría ser una nueva derrota oficialista en el Poder Legislativo, como ocurrió con el decreto por los fondos reservados de la SIDE.
"Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública", argumentaron los legisladores PRO sobre la norma sancionada bajo la presidencia de Cambiemos. El PRO como partido también se pronunció brevemente a través de las redes al sostener que "La Ley de Acceso a la Información Pública fue un derecho logrado para los argentinos tras años de falta de transparencia. No retrocedamos".
El bloque, presidido por el dialoguista Cristian Ritondo, insistió en su comunicado que "este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado".
"Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia", rechazaron.
El comunicado del bloque aliado, se publicó este miércoles cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó su primer informe de gestión ante la Cámara baja. En medio de las reacciones contrarias al decreto 780, Francos negó lo firmado al decir que “no hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” para luego dar marcha atrás y no descartar una modificación.
Con el decreto 780, el Poder Ejecutivo implementó una serie de cambios en el acceso, y a través de la redefinición de la terminología, limitó al acceso a la información privada. "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria", se especificó, entre otras modificaciones.
"El decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción", denunciaron ayer en un comunicado conjunto 69 organizaciones de la sociedad civil. Y agregaron que de no modificarse, el decreto amplía las excensiones para sostener en secreto informació pública y "aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección".
