Protegido con unas antiparras y un barbijo, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, volvió a encabezar una protesta frente al Consejo de la Magistratura, luego de la represión que sufrió su gremio la tarde anterior.
--¿Te viniste con la escafandra?-- lo chuceó una de sus compañeras .
--Me vine preparado-- asintió Piumato. En el lugar, cientos de trabajadores esperaban para iniciar la nueva protesta.
Le pasaron el micrófono y dio la señal de largada:
--Allá adentro, el plenario del Consejo de la Magistratura está sesionando. Tenemos que hacer ruido para expresar nuestro rechazo a que aprueben un presupuesto recortado. (Bombos) Si se aprueba el ajuste, el año que viene va a ser peor que este, porque la justicia no va a tener plata ni para pagar los alquileres de sus edificios. Cuando fueron a plantearle esto al ministerio de Economía, les respondieron “echen gente”. ¡Echar gente es cerrar juzgados! ¡No podemos quedarnos callados!
La protesta que siguió fue muy ruidosa. Al compás de los parches, los judiciales corearon la consigna del día (“si tiran el presupuesto al bombo / va a haber kilombo / va a haber kilombo”), hicieron estallar pirotecnia y le dedicaron también cantitos a la policía (“ya vas a ver, los gases que vos tiraste van a volver”), que esta vez permaneció apostada a la prudente distancia de dos cuadras. “Quizás -arriesgó Piumato- porque no se enteraron que hoy no protestábamos frente a Tribunales sino frente al Consejo”.
Como fuera, resultó claro que la orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aflojar con su costumbre de gasear manifestantes. El Consejo aprobó un presupuesto sin los recortes que impulsaba el Poder Ejecutivo.
Durante el plenario, el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que a su vez preside el Consejo de la Magistratura, cuestionó a Bullrich por la represión y le pidió al gobierno que tenga “respeto”.
“Los reclamos que han hecho los trabajadores judiciales por sus salarios siempre han sido en absoluto respeto, y ese respeto debe ser correspondido por las autoridades que controlan el orden público”, planteó Rosatti en la sesión. Luego repitió la idea, como para que no quedaran dudas de la Corte Suprema consideró que la represión fue injustificada: “incluso en sus manifestaciones más ruidosas (los trabajadores) siempre se han manejado en un clima de absoluta corrección, por lo que esperamos que esta situación no se reitere”.
El ministro de la Corte salió de esta manera a criticar la política represiva del Gobierno, que viene disolviendo a palazos y gases todas las manifestaciones, no porque los manifestantes estén cometiendo un delito, sino para impedirles que reclamen. Poco antes de que Rosatti expresa su crítica, el vocero presidencial, Manuel Adorni había defendido los operativos antiprotesta. "No hay que tenerle miedo a la represión", sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa. Además agregó: "estamos muy felices de poder transitar libremente, sin piquetes".
Ante la consulta de un periodista, Adorni negó que haya habido represión policial. "¿Dónde se terminó con golpes y gases?", se preguntó ante los cuestionamientos a que la policía haya gaseado a los jubilados la marcha del miércoles pasado. “Ni a la señora mayor que quería la muerte de la policía se la reprimió con golpes. La ley hay que cumplirla y si eso implica usar la fuerza pública para ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de una ley por parte de los manifestantes no veo cuál es el inconveniente”, remarcó.
“Podemos intentar que los que tirar piedras, empujan, golpean y roban se comporten un poco mejor”, ironizó ante la insistencia del periodista que reclamó cesar con la represión.
Los judiciales señalan que la violencia policial contra ellos no tuvo ningún tipo de fundamento. “Fue una provocación”, describió Piumato a Página12. “Nosotros venimos haciendo banderazos todos los martes, en reclamo de un aumento de salarios. Al acto lo hicimos adentro (del Palacio de Tribunales) y al retirarnos, cuando estábamos ya en la calle Talcahuano, yéndonos, lo que no nos lleva más de cuatro minutos, el jefe del operativo antiprotestas recibió una llamada telefónica y la policía empezó a tirarnos gas. También nos dispararon con balas de goma”.
La UEJN va a denunciar la represión a la justicia, no solamente estos hechos de violencia, sino que pedirá ademas que los Operativos Antiprotestas de Bullrich sean declarados anticonstitucionales.
Para Piumato, resulta claro que el único objetivo de la represión fue "dar un mensaje de escarmiento a todos los que protestan".