La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la trigésima ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Con los 57 votos de 60, todos de NI y sus aliados, la extensión fue aprobada por un mes más sin debate legislativo, con lo que sigue suspendido el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
"Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 81.900 terroristas", indicó el Consejo de Ministros en la solicitud de ampliación aprobado.
El documento agrega que "es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos", porque "en este momento son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad".
Estas 30 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado "sanar" al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
