Organizaciones e instituciones relacionadas a la salud mental y los Derechos Humanos, junto a entidades académicas y estudiantiles, rechazaron en una conferencia de prensa la derogación encubierta de la Ley de Salud Mental a través de un decreto a la firma del presidente Mauricio Macri que altera el espíritu de la ley vigente y reinstala la lógica manicomial, la perspectiva médica biologicista, excluye los abordajes interdisciplinarios y retoma el modelo tutelar de incapacitación que expropia la voluntad de los pacientes para tomar decisiones y los transforma en objetos de cuidado y no en sujetos con derechos. También permite la internación compulsiva al restablecer el concepto de peligrosidad basado en riesgos potenciales, sin contemplar si corre riesgo la vida del paciente o de terceros. Por todo esto, las organizaciones alertaron que las modificaciones que se quieren instalar eludiendo el debate parlamentario arrasan con la ley aprobada por unanimidad en 2010 e implican un “grave retroceso” en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos de la norma que protege a los usuarios de salud mental en el país. Tras la exposición y la intervención de algunos oyentes surgió una convocatoria amplia para el próximo martes, a las 19, en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, en avenida La Plata 85, para consensuar un documento con todas las organizaciones y elaborar un plan de lucha.
A las 17.20, más de cien personas desbordaban la capacidad de la sala Laks, en el tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación, para presenciar una conferencia de prensa que había sido programada, con suficiente antelación, en el edificio anexo del Congreso Nacional. Sin embargo, a última hora del miércoles y sin mediar explicación, la sala les fue negada a los organizadores del encuentro. Según dijo a este diario un miembro del staff organizador “fue un signo más de los tiempos que corren”.
Durante la conferencia, cinco especialistas tomaron distintos aspectos del decreto reglamentario, lo analizaron desde diversas ópticas y coincidieron, fundamentalmente, en el retroceso que significaría su implementación, la mirada anacrónica que involucra y el negocio y el poder que se otorga a la corporación médica en detrimento de otras disciplinas.
Macarena Sabin Paz, psicóloga y coordinadora del área de Salud Mental del CELS; Virginia Reinoldi, de la Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios en Salud Mental (Red FUV); Ana Bordenabe, psicóloga de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad; Silvia Faraone, investigadora del Instituto Gino Germani, y Marisa Herrera, abogada, docente e investigadora del Conicet, fueron las encargadas de desmenuzar el decreto.
Tras las adhesiones de numerosas organizaciones, se abrió la conferencia.
Paz remarcó que el proyecto es “muy preocupante en todo su articulado”, pero resaltó como un hecho grave que reinstala la idea de manicomio con otro nombre. La reglamentación otorga de nuevo “una centralidad a la cuestión monovalente, lejos de aquellos conceptos que piensan a la salud mental como dentro del campo de la salud y sostienen que entonces puede ser tratada en hospitales generales”, pero con esta norma vuelven al “estigma que implica la institución manicomial”. Subrayó que se incorpora “un concepto de salud mental biologicista, desconociendo la definición que tiene la ley actual como un proceso multideterminado, donde lo biológico es un factor, pero no el único”. Y agregó que se “habilitan las internaciones compulsivas y pensar el aislamiento como dentro de los tratamientos terapéuticos posibles, dentro de las instituciones manicomiales. Cuando sabemos que ninguna crisis vinculada a un padecimiento mental puede ser superada en un contexto de aislamiento, lejos de los lazos sociales y familiares”.
La especialista también dijo que “se desnaturaliza la idea de una defensa técnica, donde los defensores deben actuar respondiendo a los deseos y la voluntad de las personas usuarias. Se propone, en cambio que los abogados deben ponderar la voz de los equipos tratante y no inmiscuirse en los tratamientos, desoyendo la voz” de quienes deben defender.
Reinoldi hizo hincapié en la importancia de la voz de los familiares para acompañar los procesos terapéuticos. “No vamos a permitir que vuelvan a instalar el manicomio como lugar de internación para nuestros seres queridos, porque en esos lugares se vulneran los derechos humanos”, afirmó, y apuntó al negocio de las corporaciones médicas. “Sabemos que esto está sostenido en los negocios de los farmacéuticos y corporaciones, pero nosotros defendemos la integración en la comunidad porque sabemos que eso es posible”. Y remarcó que la ley no los contempla como recurso terapéutico y les quita la voz. “Sabemos que el afecto también cura”, manifestó antes de cerrar su exposición.
A su turno, Bordenabe señaló que la norma afecta el abordaje interdisciplinario, dijo que a “algunos sectores hegemónicos les molesta que cualquier integrante de un equipo de salud ocupe un cargo de conducción de un servicio” y por eso se apoya en un artículo de la ley de Ejercicio Profesional que sostiene que “las instituciones de salud deben ser dirigidas por médicos u odontólogos”.
Faraone puso el foco en que la ley actual “no sólo es de salud mental, es de salud mental y derechos humanos y por eso es de orden público y acatamiento nacional. Si bien las provincias son autónomas en salud y educación, esta ley por haberse declarado por unanimidad en 2010 es de orden público y cumplimiento obligatorio en todas las provincias”.
Para cerrar, Herrera afirmó que “esto es la lógica del si pasa pasa”, “primero fueron por la baja de la edad, después por el desguace de los programas de género y ahora vienen por la salud mental”. Y remarcó que no puede pasar “nada de lo que tiene que ver con nosotros sin nosotros”.
