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“Ante una versión tan acabada, tanto éste como cualquier otro gobierno, debe desmentir al medio, porque si no está encubriendo funcionarios”, subraya el diputado provincial Gustavo Pulti. El legislador marplatense, en diálogo con Buenos Aires/12, hace referencia a las versiones publicadas por distintos medios de comunicación sobre un supuesto pedido de coimas de parte de funcionarios del Gobierno nacional a empresas pesqueras extranjeras para que puedan mantener su cupo dentro de la cuota de pesca de merluza.
Ante esta situación, Pulti presentó múltiples pedidos de acceso a la información pública para constatar los hechos ante la Secretaría de Pesca de la Nación, la Cancillería y el Consejo Federal Pesquero. Lo hizo en el marco de la Ley N° 27.275, recientemente ingresada al debate público por las intenciones del Gobierno nacional de limitarla.
Según Pulti, la nota publicada en el sitio La Política Online contiene datos “muy precisos” que motivan la necesidad de una respuesta por para del Ejecutivo que encabeza Javier Milei. “Habla de coimas por 15 millones de dólares, habla de que la empresa española de capitales norteamericanos Iberconsa se presentó ante la Embajada de los Estados Unidos, habla de una reunión que sería en un sótano en las inmediaciones de Plaza de Mayo y, aparentemente, con la presencia de alguien armado, entonces son muchas cosas como para que el Gobierno esté mudo”, sostiene el diputado.
“Con la estrecha relación de Milei con Estados Unidos entiendo que no habrá problemas en contar con la información”, señala Pulti, que en la Cámara Baja bonaerense preside la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca. Como ex intendente de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, advierte que la actividad pesquera en la ciudad genera 60 mil puestos de trabajo, “algo que no se puede poner en riesgo por algo así”.
Los pedidos
Según la nota periodística a la que hace alusión Pulti, la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, denunció ante la Embajada de los Estados Unidos la existencia de actos de corrupción por parte de agentes del Gobierno nacional. Durante las negociaciones acerca de la renovación de las capturas de pesca, se les habría solicitado una coima de 15 millones de dólares.
“Cuando habla de la intervención de la Embajada de los Estados Unidos hay que entender que, por normativa, las empresas estadounidenses están obligadas a denunciar las prácticas corruptas en el extranjero”, resalta Pulti. Ante ello, el principal pedido del legislador pasa por dos ejes: “Quiénes pidieron las coimas y qué dirección está tomando la investigación”.
En el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ex intendente marplantese detalla que pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las Cuotas Intransferibles de Captura que vencen el 31 de diciembre de este año. A su vez, solicitó qué funcionarios fueron designados para llevar adelante el proceso de renovación y si se dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y, a su juicio, la denuncia penal correspondiente.
En relación a la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que tiene a Diana Mondino al frente, la solicitud de acceso a la información presentada pregunta “si se han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que intervinieron en los referidos actos de corrupción”.
También pide saber si las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos “comunicaron al Ministerio de la situación denunciada y si se han activado los mecanismos de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”.
En la presentación al Consejo Federal Pesquero, que no es acusado en este marco, la información que se solicita es “respecto de las medidas tomadas y si efectivamente se resolvió suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las cuotas como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados”. Según pudo averiguar este medio, fuentes del sector pesquero aseguraron que la situación se destrabó y las cuotas se harían públicas a la brevedad.
En todos los casos, el diputado advierte que las solicitudes de información tienen un plazo de 15 días, pero señala que, por la gravedad del asunto, el gobierno del presidente Javier Milei debería brindar los datos requeridos en menor tiempo. Pulti especifica que, hasta el momento, no hubo respuesta del Gobierno nacional ante las publicaciones. Tampoco hubo aclaraciones de parte de Iberconsa ni de la Embajada estadounidense.
La importancia estratégica de las cuotas
La punta del ovillo de esta situación está en la renovación de las cuotas de pesca que vencen el último día del 2024. Según lo determina la ley, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero establece el máximo de toneladas de captura de una especie permisible para garantizar la sostenibilidad del recurso. “Es un organismo científico conformado con biólogos de la Universidad Nacional de Mar del Plata que se ocupan, entre otras cosas, de que no se deprede el caladero de la costa marplatense”, detalla Pulti.
Como en los años noventa, rememora, el caladero estuvo a punto de liquidarse, el Instituto adquirió un rol central dónde determina cuánto se puede pescar de cada especie. A su vez, ese total se divide en cuotas permitidas para cada provincia a través del Consejo Federal de Pesca. Finalmente, el Consejo determina los permisos para cada empresa, lo que se conoce como el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). En el caso de la merluza hubbsi, la clásica merluza que se consume fileteada, son 300 mil toneladas y es la que desató, aparentemente, este conflicto de coimas.
La situación de las cuotas, detalla, fue uno de los primeros problemas con Milei a partir de la primera versión de la Ley ómnibus para eliminar las restricciones establecidas en la Ley Nacional de Pesca. “La ley dice que, para desarrollar la actividad en territorio argentino, se deben usar barcos nacionales, con tripulación nacional y que deben atracar en puertos nacionales, pero el Gobierno nacional planteaba que todo eso podía ser extranjero”, indica Pulti.
Por eso, recuerda, en marzo de 2024 tanto los sindicatos del sector, las empresas y la comunidad política se manifestaron en único mensaje: “Ni una tonelada menos para Mar del Plata ni ningún trabajador menos”.
Por aquellos días, desde Unión por la Patria hasta el intendente local del PRO, Guillermo Montenegro, y el senador nacional radical marplatense, Maximiliano Abad, se pronunciaron en contra de las intenciones de la mega ley digitada por el actual ministro de Modernización nacional, Federico Sturzenegger.
