En Chile, el 1 por ciento de la población concentra prácticamente la mitad de la riqueza, reflejo de una marcada desigualdad económica que tiene sus raíces en la era de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Durante su régimen, Chile experimentó una regresividad en los ingresos, influenciada por políticas económicas de corte liberal extremo, similares a las promovidas hoy por Javier Milei en Argentina. En ese entonces, las decisiones económicas llevaron al país a un desempleo que superó el 20 por ciento, marcando el comienzo de una estructura económica regresiva que persiste hasta la actualidad.

A pesar de los esfuerzos del actual gobierno de Gabriel Boric por reducir la pobreza, la desigualdad se mantiene casi intacta. La teoría económica sugiere que una vez que la desigualdad se establece, es extremadamente difícil de revertir. Esta dificultad se refleja en la limitada movilidad social, donde el ascenso económico se convierte en un desafío casi insuperable.

Chile ha mantenido históricamente una estabilidad macroeconómica envidiable, con una inflación rondando el 3 por ciento anual y un crecimiento económico de un porcentaje similar. No obstante, el país enfrenta un déficit fiscal recurrente, desafiando la creencia libertaria de que un déficit fiscal lleva inevitablemente a niveles altos de inflación.

Recientemente, Boric propuso un impuesto a las grandes riquezas a través del parlamento, pero la iniciativa fue rechazada. Sin embargo, logró implementar un royalty a las grandes productoras de minerales, cuyos beneficios se están empezando a distribuir a las provincias del país.

El cobre

La dependencia del cobre es fundamental para la economía chilena. Como uno de los países más desindustrializados de la región, Chile depende en gran medida del precio de este mineral en los mercados internacionales. CODELCO, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, sigue siendo una empresa estatal y es la principal productora de cobre del país.

Es interesante notar que CODELCO ha sido un ejemplo de éxito para las empresas estatales en América Latina. Las minas de cobre más importantes de Chile, como El Teniente, Andina, Exótica, Chuquicamata y El Salvador, estuvieron bajo control extranjero hasta 1966, cuando el Estado comenzó a adquirir una participación mayoritaria y fiscalizar sus actividades. En 1971, el Congreso chileno aprobó por unanimidad la nacionalización de la gran minería del cobre, lo que permitió al Estado asumir el control total de estas operaciones. Esta medida no solo permitió aumentar la producción y los ingresos, sino que también impulsó el desarrollo de todo el sector minero.

En 2023, CODELCO produjo 1,324,554 toneladas métricas finas (tmf) de cobre, una cantidad suficiente para fabricar aproximadamente 66,227 millones de autos nuevos o construir 6,622,770 casas modernas, considerando que cada casa requiere alrededor de 200 kilos de cobre para su construcción. Además del impacto económico directo, CODELCO también ha promovido la innovación y la tecnología en el sector, como la conversión de Chuquicamata en una operación subterránea altamente tecnificada, alineada con los estándares ambientales y de seguridad actuales.

Desarrollo

Según Roberto Gormaz, economista chileno, "las mismas empresas que eran importantes en los años '90, lo siguen siendo ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas varían y reinvierten en innovación, pero en Chile la productividad y la innovación se han estancado".

En una línea complementaria, Alfredo Jerez, especialista en desarrollo económico, señala que "Chile tiene una economía que ha tenido dificultades para diversificarse. El Estado chileno, para su nivel de desarrollo, aún es pequeño, con una recaudación y gasto público que gira en torno al 20 por ciento del PIB, mientras que en países con niveles de desarrollo similares esta cifra es del 30 por ciento. Es necesaria una mayor progresividad fiscal".

Ambos economistas coinciden en la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y el sector privado para mejorar la situación económica actual.

Por otro lado, la delincuencia es un tema que preocupa a la sociedad chilena. A pesar de que ciertos indicadores de criminalidad han aumentado, la percepción de inseguridad parece estar más influenciada por la cobertura mediática que por los hechos reales. La mano dura y el uso de armas de fuego están en la agenda pública, pero la raíz del problema, a largo plazo, sigue siendo la desigualdad. La evidencia muestra que existe una fuerte correlación entre la desigualdad económica y la inseguridad.

Esperemos que esta experiencia de Chile, con una desigualdad difícil de revertir a pesar de los cambios ideológicos en el gobierno, no sea un reflejo de lo que podría suceder en Argentina en los próximos años. Si se siguen profundizando las políticas actuales, ninguna buena intención podrá revertir estas desigualdades en el corto plazo y las consecuencias de un modelo económico desigual dejarán cicatrices profundas y difíciles de sanar.

*Economista. Miembro de Fundus.