Ayelen Stroker y Claudia Cesaroni militan el antipunitivismo desde hace muchos años, en la teoría y en la práctica. Stroker, es una de las fundadoras de Esquina Libertad, que funciona desde hace 13 años en el barrio de Villa Crespo, es la primera cooperativa gráfica creada e integrada por personas privadas de su libertad, liberadas y sus familiares. Claudia Cesaroni es abogada, magister en Criminología, escritora y docente. Asegura que cuando trabajó con adolescentes privados de su libertad las cosas más importantes las aprendió en su recorrida por los pabellones de los penales.
Ambas saben que en un contexto de aumento de la violencia institucional y la represión policial, legitimadas además, por el propio gobierno nacional, no es fácil pararse en la vereda del antipunitivismo. Ahora que parece que hay que volver a discutirlo todo desde cero, escucharlas se convierte en un buen ejercicio para refutar las mentiras que construye el gobierno nacional cuando se refiere al delito juvenil.
¿Por qué la baja de imputabilidad no es una opción?
Claudia: --Me parece necesario hablar de punibilidad y no de imputabilidad porque lo que estamos debatiendo es a partir de qué edad sometemos a un proceso penal - en este caso a adolescentes - que tiene como uno de sus principales objetivos aplicar una pena: Para que sea una solución tiene que haber un problema y el problema no existe, está inventado. Hay adolescentes que cometen delitos pero no en la magnitud que se presenta y objetivamente se miente. El gobierno hace una cosa muy perversa: dice que el delito juvenil aumentó un 30 por ciento en dos años y lo saca de los datos de un área de la Corte Suprema de Justicia que analiza datos de la Justicia Nacional de Menores que es la justicia de la Capital Federal. Según el delito que cometas y la gravedad del mismo, te puede alcanzar la justicia contravencional o local de la Capital Federal, la justicia nacional o la Justicia Federal. Si sos menor de edad y cometés un delito común, un robo o un homicidio te va a alcanzar la Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal, o sea, está acotada la Capital Federal. El gobierno toma además la cifra 2020 en pandemia, donde todo era más bajo, también el robo y el delito, y a partir de eso dice que en 2021 con respecto a 2020 el delito de la Justicia Nacional de Menores aumentó un 20 por ciento. Es algo obvio, ¿cómo no va a aumentar si en el 2020 había bajado? De ahí saca entonces ese 30 por ciento pero estamos hablando de 800 casos, o sea, el número absoluto es muy pequeño, es como si yo te dijera los homicidios aumentaron de un año a otro un 200 por ciento y tenés en un año dos y el año siguiente tres, los números absolutos son muy bajos.
Segundo, no da los datos de la provincia de Buenos Aires que es la provincia más numerosa y donde más delitos se cometen, entre 2009 y 2023 la incidencia de hechos en los que se investigan delitos cometidos por adolescentes punibles que tienen 16 y 17 años, bajó del 4.2 al 2.2, estadísticamente es un número bajísimo. Eso no significa que una, dos o tres vidas son insignificantes, todas son valiosas, pero no podes decidir una política pública informando una magnitud de los hechos que en los números no es real y esos datos se corresponden con los dos lugares donde más delitos se cometen, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. En la Capital Federal del total de delitos cometidos por adolescentes en 2023, el 84 por ciento son delitos contra la propiedad como robar un celular, un objeto o comida. Son delitos casi de subsistencia para los pibes, no es que eso no importe, lo que decimos es que ante esa magnitud y ante este tipo de delitos no es el sistema penal el que tiene que venir a ocuparse de esos pibes, sino que es el Estado social, por llamarlo de alguna manera, el que tiene que atender a esos pibes.
Ayelen: --Quiero empezar por donde terminó Claudia poniendo el foco en que hay un delito preexistente, que es la falta de derechos y políticas públicas para niños, niñas y adolescentes que los margina, expulsa y expone a punteros y transas. Hay que hacer un foco en la realidad de esos pibes y pibas y no es la primera vez que agarran pequeñas situaciones, hacen políticas públicas y modifican leyes que agravan las situaciones en contexto encierro, que no resuelven los delitos por las que supuestamente esas modificaciones se dan y dejan un saldo aún más complejo de trabajo para pensar lo post penitenciario con personas atravesadas por un encierro que daña lo psicológico, lo vincular y la salud. Particularmente los menores siempre fueron los más marginados y alejados de las herramientas, con menos recursos, dañando el proceso de crecimiento en pleno desarrollo. Encerrar a un adolescente es trabarle su desarrollo, eso es lo que vemos desde nuestra experiencia de trabajo en talleres de oficio con pibes y pibas que recibimos. Lo hacemos porque sabemos que entrar en el circuito penal puede ser un camino de ida y es muy difícil salir de ahí una vez que se ingresa. Las pibas y pibes que con 20 años ya tienen antecedentes, tal vez, nunca tuvieron un trabajo porque a los 15 ya ingresan al sistema penal antes de lo que la ley estima que hoy es 16. Conozco un caso testimonial de una joven de 15 años detenida por internas en un barrio popular de la Capital Federal entre narcotraficantes y policías. Hay pibes y pibas que no tienen absolutamente nada que ver y quedan en el medio, con balas atravesadas, en peleas de adultos, en situaciones vinculadas al territorio y alimentados muchas veces tristemente por esos adultos que por perpetrar el negocio, mal influyen, utilizan y exponen a los pibes y pibas. Está legitimado que eso suceda en los barrios. Sólo vemos la consecuencia del delito, el final, pero no vemos que hay un sistema que facilita esa situación. Esos negocios hoy tienen todo el poder en los barrios populares. Los pibitos son los soldaditos del mañana para el narcotráfico. Ya lo son hoy y se está garantizando la perpetuidad de ese sistema en vez de pensar cómo sacamos a los pibes y pibas a través de la educación, del trabajo, de la formación, del acompañamiento, abordando la cantidad de derechos vulnerados que tienen los pibes y las pibas hoy, a los que en muchos casos no se les ofrece otra cosa que el delito.
En junio Patricia Bullrich y Cúneo Libarona presentaron un proyecto para bajar a 13 años la edad de punibilidad ¿Qué más dice ese proyecto?
Claudia: --Yo marco cuatro aspectos del proyecto uno es la edad, en nuestro sistema jurídico hay un tratado internacional con jerarquía constitucional que es la Convención sobre los Derechos del Niño que dice que es niño toda persona menor de 18 años. Después tenemos una ley local, que es del Código Civil y Comercial que dentro de la masa de 0 a 18 años llama adolescentes a los que tienen entre 13 y 18 pero no dejan de ser niños conforme a la Convención y eso es muy importante decirlo aunque parezca una obviedad porque el gobierno dice: “delito de adulto, pena de adulto”, como si cometer un delito hiciera perder la condición de niño que te garantiza la Convención. Dentro de la categoría general niños, tenemos una subcategoría que son los adolescentes. Hay un documento que se llama Observación General N°24 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, emitido por el Comité de Derechos del Niño que el gobierno no menciona y es el documento que específicamente habla de esto, no es casual que ni lo mencione. El comité en ese documento llama a los países del mundo a que bajo ningún concepto pongan la edad de punibilidad por debajo de los 14, y además dice es encomiable (elogiable) los países que la tienen 15 o 16 y llama a que bajo ninguna circunstancia se baje, es decir, Argentina está en una actitud elogiable.
El segundo aspecto grave de este proyecto para mí es que propone penas de hasta 20 años para todos los delitos, es decir, no deja ningún delito afuera. Este proyecto es peor que la ley vigente de Videla del año 80 que establece la edad punibilidad en 14 años. Poco antes del retorno a la democracia, en mayo del 83 la propia dictadura elevó la edad punibilidad a 16 años. Además, el régimen vigente que se llama régimen penal de la minoridad o ley 22.278 permite la absolución sin importar la gravedad del delito si la piba o el pibe cumple lo que se llama el tratamiento tutelar que es una serie de indicaciones que hace el juez antes de ir a juicio (a juicio puede ir recién a los 18 años). El juez puede ordenar internarlo, es decir, privarlo de libertad en un establecimiento o dejarlo en su casa sin prisión preventiva y decirle tenés que volver a la escuela, hacer tratamiento por adicciones, hacer un curso de algún oficio, hacerte cargo de tu hijo en caso que tenga, etcétera. Cumplido el lapso de ese tratamiento tutelar el tribunal puede absorberlo, no importa el delito que haya cometido. Esto tiene que ver con que el sentido de la pena, por lo menos teóricamente para los adolescentes no es el mismo que para los adultos que por más que en un año haya hecho un montón de cosas maravillosas, si lo condenan tiene que cumplirla.
¿El proyecto de Bullrich propone la no absolución?
Claudia: --El proyecto de Bullrich y Cúneo Libarona, no incluye la posibilidad de absolución. Además el monto de pena es muy alto 20 años y no distingue entre franjas de edad, o sea, 20 años puede ser para un pibito de 13 y tampoco prevé la posibilidad de aplicar una pena atenuada con respecto a la que se aplica a los adultos, como prevé la ley vigente.
El tercer problema de este proyecto es que repone el Patronato lo que significa que todo pibe o piba no punible, ellos lo llaman inimputables, por debajo para ellos de los 13 años, que cometan delitos o que sean peligrosos o estén en peligro pueden ser y el proyecto dice "internados" que es privarlo de su libertad sin límite de edad hacia abajo y sin límite de tiempo hasta que dejen de ser peligrosos. Eso es la reposición de una ley del 1900 que fue derogada en 2005 y que establecía que en los casos de lo que se llamaba “riesgo moral o material” el juez podía disponer del menor hasta su mayoría de edad, se llama disposición tutelar. Este me parece uno de los elementos más graves de este proyecto.
El cuarto punto es que no crea un sistema especializado para adolescentes como todos los organismos internacionales de derechos humanos recomiendan. Nosotros tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que es el fallo Mendoza en el que la Argentina fue condenada por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes hace 11 años. Una de las cosas por las que se condena a Argentina es por aplicar penas a adolescentes igual que si hubieran sido adultos, qué es lo mismo que dice este gobierno: “delito de adulto pena de adulto”, eso es inconstitucional. Un principio básico es que toda persona menor de 18 tiene que recibir un trato diferente de un adulto justamente por su condición de niño, no importa que haya cometido un delito. Todos los pibes que hemos conocido, que han cumplido esas penas las terminan cumpliendo en cárceles de adultos sin tomar en consideración que están privados de la libertad desde que tienen 16 o 17 años y que su pena tiene que ejecutarse de modo distinto, aunque ya hayan cumplido los 18 años porque están ahí desde que eran menores de 18. El proyecto, además, dice otra cosa que jamás vi en un proyecto de ley: “en la medida de lo posible cumplirán su condena en establecimientos especializados, sino en sectores diferenciados de establecimientos penitenciarios”. Ese “en lo posible” es nunca. El Complejo 1 de Ezeiza tiene el módulo 4 que es de los jóvenes adultos, es igual que los otros módulos solo que se llama distinto, ahí históricamente han estado los pibes de 18 a 21 años (jóvenes adultos), ahora pueden decir hacemos el módulo 4B o 4A al lado de ese y tenés pibitos de 13 años en las cárceles.
Ayelen: --De hecho puntualmente los jóvenes adultos son los más marginados siempre incluso por estar en ese lugar son los que menos tienen, se los respeta menos, conocen menos sus derechos y tienen menos posibilidades de reclamar. No saben como defender su derecho a salud, cómo ir a estudiar, ni hacer un escrito, también tienen menos oferta de capacitaciones y talleres. Eso pasa en el penal de Marcos Paz donde hay varios jóvenes adultos. ¿Qué le podés pedir a una persona después de 20 años de cárcel si cuando era menor se violaron sus derechos, nadie se puso a pensar qué pasaba con ese pibe, por qué estaba ahí, qué pasaba con la gente de su alrededor, por qué no hubo espacios educativos, de salud y de contención para ese pibe? Es un desafío muy grande pensar cómo generar una herramienta de trabajo, cómo construir un puente, cómo generar vínculos después del encierro justamente en un momento donde la construcción de los vínculos, su identidad, su subjetividad está truncado, sin ningún tipo de acompañamiento en el proceso, ni ningún proceso diferencial, todo lo contrario más bien diría, quedan en el salvajismo de la supervivencia del contexto de encierro y de la cárcel sin recursos. La única respuesta de todas las instituciones de su alrededor es el control, la subestimación, la estigmatización durante 20 años en vez de construir herramientas para pensar cómo formarse, cómo construir esa salida después de tanto tiempo con estrategias intermedias de reconstrucción de vínculos y de lazos. De la noche a la mañana sacás a la vida a una persona que estuvo en el total encierro con exigencias por parte del Estado vinculadas a salud y educación, pero cómo garantiza el Estado ese espacio de salud, educación e inclusión, si no hay ninguna herramienta de intervención para pensar esos espacios. Cuanto más años de encierro es más difícil pensar la salida y lleva más tiempo deconstruir un montón de cosas que deja el encierro.
¿Qué consecuencias traería que se apruebe un proyecto de baja de punibilidad como el de Bullrich y Cúneo Libarona en este contexto de aumento de la pobreza?
Aye: --En su política criminológica este gobierno está pensando proyectos de liberación de genocidas, encerrando menores y prohibiendo salidas educativas y laborales a mujeres con arresto domiciliario para que se capaciten y puedan generar trabajos vinculados a la educación y a la formación en contexto de encierro. Esas salidas garantizan la inclusión laboral y social y realmente rompe con el circuito de una persona en el encierro. Conociendo las cifras de la cantidad de pibes y pibas que no comen a la noche, la realidad en los barrios populares sobre las dificultades de sostener un plato de comida, un espacio de educación, una contención, con redes totalmente rotas, si ante eso la única respuesta es punitivismo, la quita de la comida en los comedores y el encierro - en términos económicos es mucho más cara la respuesta punitiva en lugar de pensar en políticas públicas que acompañen a las pibas y los pibes y respeten su derechos - es la perpetuidad y la profundidad de un gran negocio anclado en la posibilidad de disputar el capital privado en el encierro.
Claudia: --Este proyecto de ley está en el contexto de toda una política represiva de ensanchamiento del Estado penal y de dinamitamiento del Estado social y protector que educa, cura, acompaña, abraza. Cuando Milei dice “soy el topo que viene a destruir el Estado” es una parte del Estado, no es todo y este proyecto va en esa línea. Además creo que hay algo ahí de destrucción de todo lo que significa la etapa de la adolescencia, es como borrar un tiempo de vida. La idea de los adolescentes es una construcción del siglo XX, antes el niño que crecía y podía trabajar iba al mercado de trabajo. La idea de protección, por ejemplo, establecer como obligatorio la escuela secundaria, es una conquista reciente y ese es otro punto para mirar. Este gobierno todo el tiempo está planteándose una especie de retorno al siglo XIX, a ese pasado luminoso para ellos de la Argentina agroexportadora. En ese pasado los niños no existían como sujeto de derecho, los adolescentes menos, las mujeres tampoco, los trabajadores, los ancianos, no estábamos. Es cierto que este tipo de leyes van específicamente dirigidas a los más vulnerables, hay una especie de administración de la infancia pobre, pero también hay un riesgo para los pibes de clase media a los que también alcanza este proyecto porque si se cagan a trompadas en la puerta de la escuela o después del boliche también los puede a alcanzar esta Ley. En las escuelas secundarias todo el tiempo se cometen delitos en términos estrictos, agarrarse a trompadas en el recreo o decirle a alguien “te cago a trompadas a la salida” es amenazar a alguien: son delitos, pero lo que pasa en las escuelas difícilmente se mete en el ámbito penal. Hay equipos de convivencia y mediación, llaman a los papás porque se ve que esa conflictividad no pueden meterla en el ámbito penal pero eso está desarmándose entonces vamos a volver, en el mejor de los casos, a las expulsiones de los pibes conflictivos y, en el peor de los casos, va a entrar el ámbito penal. Están desarmando la construcción acerca de que un adolescente requiere cuidado, convencionalmente es un niño hasta los 18 años y hay un deber de cuidado como adultos.
Aye: --Pensando en las políticas de cuidado desde una mirada feminista hay que ver cómo se desarticuló todo. Estamos frente a un gobierno que no piensa en las políticas de cuidado, que desarmó por completo estructuras que tienen que ver con herramientas de acompañamiento y entender la necesidad de abordar un montón de situaciones de violencias que habitan los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la historicidad de la criminalización de los jóvenes le puede caber a cualquiera sin importar la clase. La noche, la calle, la estigmatización de los jóvenes y cómo te para un policía muchas veces termina mal y desde esa mirada también cae cualquier joven, no es una cuestión solo de clase. El pobre está más vulnerado, es mucho más expuesto pero eso no quita que otros pasen una situación así.
