La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia contra el Estado argentino por la política de asfixia que viene desarrollando el gobierno de Javier Milei contra la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). El lunes, el Presidente replicó en su cuenta de X un mensaje que celebraba que la Policía Federal Argentina (PFA) hubiese montado un operativo en la sede de la institución y que se les terminara el “curro” a quienes definía como “viejas terroristas”.

La presentación fue hecha por un grupo de abogados argentinos, brasileños y colombianos y, según pudo reconstruir Página/12, cuenta con el aval de Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y de Cristina Caamaño, rectora de la UNMa.

Los letrados le piden a la CIDH que dicte una medida cautelar urgente en favor de la comunidad académica de la UNMa –que está integrada por 2200 estudiantes, 252 docentes y 91 no-docentes. Afirman que el Estado argentino está violando los mandatos de verdad, justicia y memoria así como los de libertad académica y autonomía universitaria. En el escrito, dicen que hubo una conducta descalificante contra la casa de estudios desde el 10 de diciembre pasado por parte de Milei y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La UNMa se conformó como tal en octubre de 2023 sobre la base de lo que era el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, creado en 2014. El antecedente de ambas instituciones es la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La UNMa, por su historia, tiene una especial impronta en la formación en derechos humanos.

Entre octubre y el 6 de diciembre del año pasado, se llevó adelante un proceso de normalización –que no estuvo exento de tensiones. Todo empeoró con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El 1 de marzo, al abrir el período de sesiones legislativas, Milei hizo foco en la creación de universidades y dijo que se había convertido en un “negocio más de la política”. Se quejó, además, de que “proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales”.

En lo que va del año, la UNMa no recibió transferencias desde el Poder Ejecutivo. No se pagaron salarios ni se pudieron solventar los gastos de mantenimiento de las sedes. Eso dio pie a una demanda ante la justicia en lo contencioso administrativo.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, procuró hacer pie dentro de la UNMa. El 26 de febrero, dictó la resolución 45/24 a través de la cual se ordenó revisar el proceso de creación y de funcionamiento de la UNMa. Además, dejó sin efecto la resolución del exMinisterio de Educación que había designado a Caamaño como rectora organizadora.

El 24 de julio pasado, el Ministerio de Capital Humano designó a otro rector organizador, Eduardo Maurizzio. Con esa decisión, la cartera que conduce Pettovello dejó en claro que desconocía el proceso normalizador que se había llevado adelante el año pasado y a sus autoridades.

El lunes, la tensión escaló considerablemente. Maurizzio envió un correo desde su cuenta de Gmail en el que informaba que se había dispuesto el cierre de la sede de Defensa 119 por razones de seguridad e higiene así como por la ausencia de seguros de accidentes personales –que obviamente no se podían pagar porque el gobierno no transfirió un solo peso en lo que va del año.

Eso derivó en que, cuando Caamaño llegó al lugar, la policía inicialmente no la dejara entrar y después no la dejara salir. El abogado de la UNMa presentó un hábeas corpus por la situación de la rectora y de otros trabajadores y estudiantes de la universidad ante el juzgado de María Alejandra Provítola.

“Los medios internos se han demostrado hasta ahora incapaces de proteger los derechos humanos de las víctimas, lo que hace estrictamente indispensable la concesión de las medidas cautelares aquí solicitadas”, le dijeron a la CIDH y le solicitaron que actuara.