"Hasta que no me saquen de acá no la voy a levantar esta medida, yo no tengo nada que ver con todo esto, salí a marchar, era constitucional y convocado, es imposible que llevo 84 días, que hayan largado a todos los detenidos y a mí no", había dicho hace algunas horas Roberto de la Cruz Gómez sobre la huelga de hambre que había iniciado en la cárcel de Ezeiza para exigir su liberación. Finalmente ayer fue excarcelado por el voto unánime de la sala II de la Cámara Federal porteña, aunque deberá ser monitoreado por una tobillera electrónica. De esta manera ya no quedarán personas privadas de su libertad en la causa armada por el fiscal federal Carlos Stornelli para imputar a 33 manifestantes y transeúntes de haber atentado contra las instituciones y otros delitos graves, el 12 de junio cuando una multitud acudió al Congreso para repudiar la sanción de la ley Bases que aprobaba ese día el Senado. Sin embargo, a pedido de ese fiscal la jueza federal María Servini de Cubría citó a indagatoria a otras cinco personas que estaban siendo investigadas por él en un legajo paralelo, quienes aquella jornada habrían "infundido temor público" y causado "desórdenes".
Como si no quisiera resistirse a la inevitable caída de un expediente que estuvo destinado desde su inicio al fracaso, Stornelli pidió imágenes a canales de televisión y abrió una "actuación complementaria" que en su legajo número 12 imputó a cinco personas porque consideró que existe "mérito suficiente" para que sean llamadas a declaración indagatoria. "Con el objeto de infundir un temor público, suscitar tumultos y desordenes, arrojaron piedras y elementos contundentes contra el personal policial y las fuerzas de seguridad que se encontraban apostadas, el 12 de junio del corriente, en la sede del Congreso de la Nación, mientras se debatía en el senado la denominada ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', sucesos que finalizaron con la destrucción de las inmediaciones del lugar y de al menos dos automóviles, tachos de basura, veredas, puertas de viviendas y comercio, personal policial herido a causa del lanzamiento de piedras, palos y distintos elementos contundentes hacia ellos y el edificio del Congreso", reprodujo la jueza según el planteo fiscal.
"La sala II de la Cámara Federal resolvió otorgar la excarcelación bajo el uso de un dispositivo electrónico de rastreo o de la ubicación física a Roberto, el último detenido por la manifestación contra la Ley Bases. Una vez implementado, ya no quedarán detenidos. Por eso, Stornelli está tratando de involucrar nuevas personas para mantener abierta la causa", opinó Myriam Bregman, ex diputada del FIT-U e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), uno de los organismos que se presentó como amicus curiae en el expediente. El 29 de agosto había salido en libertad la militante del MTR Daniela Calarco, la anteúltima presa.
La defensa de Roberto De La Cruz Gómez, a cargo de la abogada Florencia Plazas, había apelado la decisión de denegar la excarcelación con el argumento de que no existían "riesgos procesales que justifiquen la detención cautelar". En su voto, el camarista Martín Irurzun planteó que el panorama actual en la causa es diferente al del 11 de julio, cuando votó para que Gómez permaneciera encerrado. "El 6 de agosto la jueza tuvo por completa la instrucción respecto de Roberto De La Cruz Gómez, y si bien la fiscalía pidió, previo a expedirse, una serie de diligencias, aquellas fueron sólo receptadas parcialmente y con objetos diferentes al apuntado en mi intervención previa", escribió el juez en el fallo al que accedió este diario.
"Frente a ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el tenor de los cargos que pesan contra el nombrado, luego que se modificara la calificación de los hechos, desplazando figuras más gravosas, considero que los restantes extremos merituados en el fallo pueden ser neutralizados a través de otras medidas de aseguramiento como la imposición de uso de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de la ubicación física; la retención de documentos de viaje, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en forma periódica en el lugar que la jueza determine y de no ausentarse del domicilio fijado sin aviso por más tiempo que el señalado por la magistrada", agregó Irurzun.
El camarista Roberto Boico ya había fallado a favor de la "inmediata libertad" de Gómez, en tanto Eduardo Farah adhirió a la postura de Irurzun. Así, los tres integrantes de la sala II le impusieron esas condiciones mencionadas y a las 19 de ayer ya había dejado el Módulo 5 del Pabellón 6 del penal de Ezeiza. Al cierre de esta edición, las autoridades penitenciarias buscaban una tobillera --que no abundan-- para él.
De la Cruz Gómez tiene 44 años, vive en Grand Bourg y hasta el momento de su detención trabajaba en una panadería del barrio de Once. Como no podía pagar el transporte le había pedido al dueño dormir en una oficina del negocio. "Si quieren manifestarse hay que salir, no tengan miedo, el miedo no construye ningún derecho", le dijo hace un mes a La Vaca. En una foto que presuntamente lo incrimina lleva un palo. Él explicó que era de la bandera argentina en la que escribió "Patria sí, colonia no" para ir a protestar contra la ley Bases, que dice que lo perjudica como trabajador. Fue detenido una hora después del horario de esa imagen.
