La Ciudad de Buenos Aires arrastra una vieja discusión por la Coparticipación Federal de Impuestos, dado que cuando se hizo la última distribución la Ciudad no era un distrito autónomo y no le correspondía transferencias de coparticipación. Por ello, la CABA no tiene un coeficiente fijado por ley.

Hasta el año 2015, la Ciudad recibía un monto equivalente al 1,4 por ciento de la masa total de fondos coparticipables. En enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri decidió de forma unilateral y por decreto incrementar dicho coeficiente al 3,75 por ciento con el argumento del traslado de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Luego, dos años más tarde, y producto del Consenso Fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, se modificó el coeficiente a 3,5 por ciento.

En 2020, el gobierno de Alberto Fernández, a través de un pormenorizado análisis del Ministerio del Interior, detectó que el incremento del coeficiente otorgado por Macri superaba ampliamente las necesidades de financiamiento del traspaso de las funciones de seguridad: para 2016, 0,92 por ciento adicional de coparticipación versus el 2,35 por ciento adicional otorgado por Macri. 

Pero, además, existió un problema complementario: el mecanismo de fijación de un porcentaje fijo de la masa coparticipable para financiar el traspaso de funciones de seguridad no fue óptimo, dado que se verificó, en los años siguientes, una divergencia en la evolución de la recaudación coparticipable y los gastos a financiar. Por ello, para 2019, se estimó en tan sólo el 0,58 por ciento el adicional que requería la Ciudad para financiar el traspaso de las funciones de seguridad.

Entonces, en 2020, el Gobierno Nacional fijó el coeficiente de la Ciudad en 2,32 por ciento, compuesto por el 1,4 por ciento histórico, más el 0,92 por ciento adicional estimado. Y estableció que, una vez aprobada la ley de traspaso, se volvería al coeficiente de 1,4 por ciento, más un adicional de 24 mil millones de pesos anuales, actualizables trimestralmente, monto que surgió de una estimación de los gastos que afrontaría la Ciudad por el traspaso de funciones. Dicha modificación se dio durante el segundo semestre de 2020, cuando la Nación fue reduciendo gradualmente el porcentaje de la masa total de recursos coparticipables recibida por la CABA, hasta llegar al 1,4 por ciento en diciembre de 2020.

Disputa

La Ciudad interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema, reclamando que se restituya el coeficiente de 3,5 por ciento. A fines de 2022, entre los brindis navideños y los festejos por el campeonato del mundo, la Corte Suprema resolvió fijar un nuevo coeficiente de 2,95 por ciento hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Fue un fallo extraño ya que en ningún momento ensayó alguna explicación de cómo llegó a dicho porcentaje que difiere tanto de lo reclamado por la Ciudad como de lo pagado por la Nación, ni tampoco es un promedio de ambos coeficientes.

El mes pasado, el ministro Luis Caputo aseguró que se comenzará a pagar el coeficiente indicado por la Corte Suprema, aunque sin indicar plazos. Por ello, la Corte Suprema convocó a las partes a una audiencia para el día 22 de agosto. Aunque Jorge Macri asistió, no lo hizo el ministro Caputo, posiblemente vinculado al mal sabor de boca, por decirlo suavemente, que dejó en el gobierno el apoyo de Mauricio Macri a la sanción de una nueva fórmula jubilatoria y el rechazo al DNU presidencial que otorgó 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE.

Números en juego

El Centro de Economía Política CEPA realizó una estimación para conocer los montos de dinero en disputa. Durante el mes de julio de 2024, la Ciudad recibió 75 mil millones de pesos de coparticipación, equivalente al 1,4 por ciento de la masa de fondos coparticipables. Si se cumpliera el fallo de la Corte que estipulaba un coeficiente de 2,95 por ciento, la Ciudad habría recibido 158 mil millones de pesos, es decir 83 mil millones de pesos adicionales.

Como analizamos previamente, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a fines de diciembre de 2022, ordenando incrementar el coeficiente de participación de la Ciudad al 2,95 por ciento. Por ello, ante el sostenimiento del pago del 1,4 por ciento por parte de la Nación, la Ciudad reclama esos fondos, argumentando que implican un notable perjuicio para el equilibrio de las cuentas públicas del distrito. La masa de recursos que la Ciudad dejó de percibir desde el fallo de la Corte, es decir desde enero 2023 a julio 2024 implican, a valores de hoy, el equivalente a 1,8 billones de pesos.

Sin embargo, el monto adicional de transferencias recibido por la Ciudad entre enero 2016 y diciembre 2020 es, a precios de hoy, equivalente a 6,2 billones de pesos. Esto implica que la Ciudad recibió neto 4,4 billones de pesos a precios de hoy, respecto a la coparticipación original del 1,4 por ciento.

Para tener una idea de la magnitud de esa masa de recursos, la Ciudad recibió en concepto de transferencias por Coparticipación, entre enero 2021 y diciembre 2023, es decir tres años completos con el coeficiente original de 1,4 por ciento, el monto de 3,2 billones de pesos a precios de hoy. Es decir que los recursos adicionales recibidos por la Ciudad de Buenos Aires no implicaron un incremento marginal, sino que equivalen a varios años de Coparticipación.

La discusión de la coparticipación de la Ciudad involucra elementos técnicos y políticos. Sería deseable que fuera parte de un debate más general respecto a la distribución de recursos con el conjunto de los distritos provinciales. Sin embargo, difícilmente sea posible dado el contexto actual de feroz caída de las transferencias a las provincias impulsado por la gestión libertaria. 

*Sociólogo especializado en economía. @juanpcostaok