La Corte Suprema de Justicia confirmó por primera vez con su actual composición una condena por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Con votos de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos presentados por los apropiadores del hijo de los desaparecidos Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola y de su entregadora, condenados en 2013, y desestimó el pedido de reducir las penas. No se expidieron Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. “Celebramos que los apropiadores de nuestros nietos cumplan efectivamente sus condenas con penas acordes a la gravedad de los delitos cometidos”, informó Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.

En abril de 2013 el Tribunal Oral Federal 4 condenó a seis años de prisión a los apropiadores Cristina Mariñelarena y José Ernesto Bacca, y a la entregadora Inés Graciela Lugones, viuda del teniente coronel Guillermo Minicucci, jefe del centro clandestino Vesubio durante la última dictadura. Cagnola y Pereyra, embarazada de cinco meses, fueron secuestrados en Mar del Plata el 5 de octubre de 1977. Estuvieron en cautiverio en la Base Naval de Buzos Tácticos de esa ciudad hasta que la joven fue trasladada a la ESMA, a la llamada “pieza de las embarazadas”, y en febrero de 1978 dio a luz a un bebé al que llamó Federico.

El TOF4 confirmó que el niño fue separado de su madre y entregado por la mujer de Minicucci a sus apropiadores, que lo anotaron y criaron como hijo propio hasta que su verdadera familia, que nunca dejó de buscarlo, lo localizó en 2008. Además de las condenas por “retención, ocultamiento y supresión de identidad” de un menor de diez años y falsificación de documento público al inscribirlo como Hilario Bacca, el tribunal dispuso la destrucción de la partida de nacimiento falsa y su inscripción como hijo de Pereyra y Cagnola.

El fallo fue confirmado primero por la Sala II de la Cámara de Casación Penal y ayer por la Corte. Maqueda, Rosatti y Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos de las defensas y desestimaron el pedido de penas más bajas por aplicación de la ley penal más benigna. Abuelas destacó que el voto de esos tres jueces contrastó “con la decisión que tomó frente al fallo Muiña -conocido como 2x1-, donde aplicó una norma más beneficiosa para los genocidas”. Aquel fallo, que desató un repudio masivo y la intervención del Congreso para limitar su aplicación, había sido firmado por dos de los jueces que ahora se abstuvieron (Highton y Rosenkrantz) junto con Rosatti.