El represor Alejandro Domingo D’Agostino está en prisión domiciliaria desde 2012. En lo que va del año, D’Agostino salió de su hogar en diez oportunidades sin tener la autorización del tribunal que en 2017 lo condenó a prisión perpetua. D’Agostino es uno de los símbolos del horror: fue uno de los aviadores que piloteó el vuelo de la muerte en el que fueron asesinadas las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Todas las víctimas fueron señaladas por Alfredo Astiz, el genocida con quien se fotografiaron seis diputados de La Libertad Avanza (LLA).
D’Agostino ingresó a la Prefectura Naval Argentina en 1966 y se retiró en 1994. Durante los años de la dictadura fue parte de la División Aviación (DAVI) de esa fuerza, que le prestaba sus pilotos y sus naves a la Marina. D’Agostino –que tiene 75 años– fue piloto de los vuelos de la muerte. La justicia argentina acreditó que estuvo a bordo del vuelo que partió en la noche del 14 de diciembre de 1977 desde el Aeroparque porteño con una carga siniestra: las doce personas que habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre. El avión en cuestión fue el Skyvan que encontraron la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo, y que el año pasado fue repatriado por el Estado argentino.
En junio pasado, el fiscal Félix Crous había pedido que le revocaran el arresto domiciliario a D’Agostino porque había salido tres veces sin ser autorizado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta entonces se había detectado que se había escapado de su hogar el 29 de febrero, el 6 de mayo y el 23 de mayo.
En realidad, la modalidad de D’Agostino involucraba llamar en algunas oportunidades a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) para avisar que saldría para asistir a algún turno médico. Ese mecanismo solo tendría que usarse en casos de emergencia, cuando no hay tiempo para avisarle al tribunal.
La DAPBVE informó que D’Agostino, en realidad, no salió en tres oportunidades sino en diez. Según lo que registró el fiscal Crous, las “escapaditas” desconocidas tuvieron lugar el 26 y el 30 de enero, el 18 y el 26 de marzo, el 10 y el 19 de abril y el 7 de mayo.
“Ni es en el domicilio ni es prisión; apenas una restricción voluntaria de la libertad ambulatoria para conservar el nombre de aquellas formas que ya nadie guarda ni hace guardar”, escribió el fiscal Crous. “En buen romance: la prisión domiciliaria es excarcelación. Y lo penoso es que las víctimas lo saben y lo padecen”.
El de D’Agostino no es un caso aislado, sino la regla. Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 636 personas detenidas por delitos de lesa humanidad: 508 están en sus casas y 128 en unidades penitenciarias. Esto equivale a decir que el 79,87 de los imputados por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado se encuentra en prisión domiciliaria.
Desde el Gobierno han dado distintas señales en favor del arresto domiciliario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que era un beneficio al que rara vez accedían los presos por crímenes contra la humanidad. Su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que había una política de “venganza” contra los criminales de lesa.
Las declaraciones de Cúneo Libarona y de Bullrich se conocieron cuando ya se había desatado el escándalo por la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para verse con Astiz, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros represores. Después de ese cónclave, cinco de los legisladores armaron un grupo de WhatsApp para redactar un comunicado en el que reclamaban por el respeto a los derechos humanos de los genocidas. En el texto –redactado por el diputado Guillermo Montenegro, otrora mano derecha de Victoria Villarruel– se pedía la prisión domiciliaria de los presos y que se revisaran sus causas.
