El pacto fiscal entre la Nación y las provincias incluye cambios sustanciales en el sistema jubilatorio. La reforma previsional es en buena medida la llave que permitió alcanzar el entendimiento entre el gobierno central y los gobernadores, dado que son los jubilados quienes resignan recursos para permitir mayores partidas a la provincia de Buenos Aires y cambios profundos en la coparticipación impositiva. También es clave para el esquema de baja de contribuciones a la seguridad social que establece la reforma tributaria, que a su vez conecta con la reforma laboral. La pérdida para la Anses sería cercana a los 115 mil millones de pesos. La transformación principal que anunciaron ayer los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y Hacienda, Nicolás Dujovne, es el reemplazo de la Ley de Movilidad actual por otro mecanismo de actualización de haberes en base a la inflación del Indec. Este último funcionario sostuvo que se diseñará una nueva fórmula que “garantizará aumentos por encima de la evolución de la inflación”, según el texto acordado con los mandatarios provinciales. Sin embargo, Dujovne no dio precisiones sobre cuánto mayor a la inflación serían los aumentos y sostuvo que esa fórmula “aún debe ser plasmada”. En principio, si las subas fueran lo mismo que el IPC del Indec, los jubilados que cobran la mínima perderían casi 11 mil pesos en 2018, incluyendo el aguinaldo, respecto de lo que les correspondería con la movilidad vigente.

Frigerio señaló que los incrementos a los jubilados serán trimestrales, atados a la inflación, más un plus no especificado. Hasta el momento las actualizaciones son dos veces al año, en marzo y en septiembre, con una fórmula que combina la evolución de los ingresos tributarios y a la seguridad social con la marcha de los salarios de los trabajadores activos. Ese esquema permitió entre marzo de 2009, cuando se puso en práctica, y septiembre de 2017 que las jubilaciones registraran aumentos acumulados de 950 por ciento. En el mismo período, la inflación fue menor, del 692 por ciento, según las mediciones de consultoras privadas, el gobierno porteño y desde 2016, el Indec. Durante esos años, el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos. Si en lugar de aplicarse esa fórmula las jubilaciones hubieran estado atadas a la inflación, la mínima habría quedado en 5470 pesos, un 24,5 por ciento menos.

“El objetivo de los cambios es darle sustentabilidad al sistema previsional”, afirmó a su vez el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque no presentó estimaciones sobre cómo impactará la nueva coparticipación con las provincias ni la disminución de contribuciones empresarias a la seguridad social. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Anses resignará unos 115 mil millones de pesos en 2018. La respuesta a la contradicción de achicar los fondos para la seguridad social para “darle sustentabilidad al sistema” se encuentra, por la información disponible, en la modificación de la Ley de Movilidad jubilatoria, que daría lugar a menores aumentos de haberes. Y no solo a los jubilados, sino también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas, que también actualizan sus ingresos con la fórmula actual y que, de ahora en más, será en base a la inflación más un agregado. Según el CEPA, los jubilados perderán unos 900 pesos por mes el próximo año, más el aguinaldo, entre lo que determinaría la movilidad actual y los ajustes solo con inflación. A ese cálculo ahora le resta determinar cuánto más que la inflación dará la nueva fórmula del Gobierno.

De acuerdo al informe del CEPA, la Anses perderá 111 mil millones de pesos por la quita del 20 por ciento del impuesto a las Ganancias, otros 43 mil millones por la rebaja de contribuciones a la seguridad social que figuran en la reforma tributaria y 12 mil millones por la devolución de 3 puntos de la coparticipación de la Nación a las provincias a partir del fallo de la Corte Suprema de fines de 2015. Frente a ello, la Anses recibirá 51 mil millones más por la asignación del ciento por ciento de la recaudación del impuesto al cheque. El saldo estimado para 2018, por lo tanto, arroja esa pérdida de 115 mil millones de pesos.

82 por ciento móvil

El segundo punto que figura en el acuerdo entre la Nación y las provincias es que las jubilaciones tendrán garantizado “el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos”. El título del 82 por ciento móvil puede ser marketinero, pero en la práctica no implica mayores mejoras respecto de la situación actual. En este momento el salario mínimo se ubica en 8860 pesos y la jubilación mínima está en 7246 pesos, el 81,7 por ciento. Para llegar al 82 por ciento del salario mínimo, la jubilación mínima debería aumentar hasta 7265 pesos. La diferencia son 19 pesos. En enero está previsto que el salario mínimo escale a 9500 pesos, por lo cual el 82 por ciento serían 7790 pesos. En ese caso sí el aumento del haber previsional mínimo sería de 525 pesos en relación al nivel vigente.

Los funcionarios no aclararon si el 82 por ciento móvil del salario mínimo será para los nuevos jubilados o para los actuales. Como el requisito es que tengan 30 años de servicios con aportes efectivos, en principio aquellos que accedieron a la jubilación con moratorias quedarían excluidos. Esto dejaría a más de la mitad de los que ganan la mínima fuera de esa garantía, en caso de que incluyera a los actuales jubilados. Sin embargo, según la estimación de especialistas en materia previsional, el 82 por ciento del salario mínimo alcanzaría solo a los nuevos jubilados. Otra aclaración importante en base a la información que entregaron los funcionarios es que el 82 por ciento móvil será sobre el salario mínimo, no sobre el salario actualizado con que se jubilen todos los trabajadores.

Jubilaciones de privilegio

El tercer punto del acuerdo Nación-provincias es que se eliminarán “las jubilaciones de privilegio”. Como en el resto de los anuncios, no hubo precisiones sobre a qué se refiere el Gobierno con esa denominación. Si fueran los regímenes diferenciales y especiales, alcanzaría a los docentes, investigadores, científicos y todos aquellos que se desempeñan en actividades que generan un envejecimiento prematuro o lo hacen en lugares insalubres, como los recolectores de residuos, los mineros o en los altos hornos. “En rigor no se trata de privilegios, sino de compensaciones establecidas por las características especiales de cada actividad”, señaló a este diario Miguel Fernández Pastor, ex funcionario de la Anses. Los jueces y los diplomáticos tienen a su vez sistemas especiales que sí son muy favorables respecto del resto de los trabajadores. Durante el gobierno anterior hubo un intento por modificar estos dos sistemas, pero finalmente no se logró consenso político para avanzar, especialmente por la fuerte reacción de los jueces a la quita del sistema que los ampara.

Cajas provinciales

“El gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas”, sostiene el pacto fiscal. En la actualidad hay trece provincias que mantienen sus propios regímenes jubilatorios: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En conjunto acumulan un déficit que este año rondará los 20 mil millones de pesos, financiado por la administración central. Más del 80 por ciento de esa cifra corresponde a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la continuidad de la cobertura del desequilibrio por parte de la Nación encontrará a la gobernadora María Eugenia Vidal como principal ganadora de esta negociación. El gobierno de Mauricio Macri venía reclamando una “armonización” entre los regímenes no transferidos con el nacional, pero ayer los funcionarios tampoco entregaron detalles sobre este tema. Lo único que dijeron sobre la cuestión previsional es que el cambio de la movilidad jubilatoria deberá darse “de inmediato”. Ahí está el grueso del ajuste.