Mirar el plano de Rosario marcado por los hechos violentos que se reportaron en o contra el transporte urbano hace pensar en una superficie picada de viruela. No hay ningún barrio libre de un reporte de esa índole, según informó el Ente de la Movilidad Rosario (EMR), a pedido del Concejo municipal. En lo que va del año, el sistema registró más de 300 hechos de violencia en los ómnibus, como escenario o como blanco.

La información ingresó ayer al parlamento local, como respuesta a un pedido que el concejal Federico Lifschitz había hecho en enero, hace siete meses, y coincidió con un ataque armado contra un colectivo, anteanoche en la zona sur de Rosario.

El Concejo había enviado el pedido de informes al Ejecutivo municipal sobre situaciones de violencia que afecten al transporte urbano de pasajeros (TUP). Y la respuesta fue que en los primeros cuatro meses de 2024 se reportaron 344 incidentes. Robos, agresiones a los choferes, averías intencionales contra las unidades, han sido la clase de situaciones que el EMR contabiliza.

El documento discrimina las situaciones generadas. Las 344 cuentan entre enero y abril, pero en el recorte entero que va desde setiembre del año pasado el registro suma 770 situaciones violentas contra unidades del TUP.

Los hechos relevados se clasifican en "agresión a la unidad con rotura"; "agresión a la unidad sin rotura"; "agresión o amenazas al chofer"; "disturbios dentro de la unidad"; "hurto"; "robo"; "violencia de género", y "otros episodios".

Un pico de 124 episodios en enero pasado, y un piso de 56 en marzo. Entre ambos extremos, el transporte público parece ser una extensión del escenario urbano en el que se desarrolla la violencia. El promedio indica unas 106 agresiones o disturbios de esta clase. En su mayoría, se trata de hechos violentos que derivan en averías de las unidades, llegando incluso a tener saldo de personas heridas por arma de fuego.

El pico de este fenómeno que monitorea el EMR ocurrió en aquella primera semana de marzo, cuando un falso pasajero asesinó a sangre fría al chofer de la línea K Marcos Daloia, en Mendoza y Guatemala, como uno de los cuatro homicidios mafiosos que por esos días estremecieron de espanto a la ciudad. Y antes, el 2 de diciembre, el asesinato del colectivero de la línea 116 César Roldán, con la misma modalidad y en la avenida Eva Perón y Cullen.

Habían pasado varias semanas sin esa clase de atentados cuando el jueves a la noche cuatro disparos impactaron en la carrocería de un ómnibus de la línea 146, en Grandoli y Spiro, barrio Municipal. El chofer y los cinco pasajeros que llevaba resultaron ilesos. Y la policía arrestó más tarde en barrio Tablada a un adolescente de 16 años, con antecedentes penales, como el presunto autor del ataque, del cual no trascendieron motivos.

Precisamente, esas calles de los barrios Municipal, Saladillo y Tablada definen el territorio con mayor frecuencia de ataques al TUP. Sobre todo, por avenia Grandoli, entre Uriburu y bulevar Seguí, según consigna el informe que el Ente de la Movilidad envió el jueves al Concejo municipal.

Lifschitz impulsó este pedido de informes cuando el nivel de violencia urbana aún no se había aplacado y el Ejecutivo provincial, por su parte, había conseguido un mes antes que la Legislatura declarara la emergencia en seguridad. Por entonces, los balazos contra colectivos en Rosario eran moneda corriente. El concejal socialista quería saber "qué acciones se han realizado, qué se considera necesario para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores del transporte público".