La Unidad Fiscal integrada por las fiscalas penales Mariana Torres, Daniela Murúa y el fiscal Carlos Alberto Salinas, requirió la elevación a juicio oral y público de una causa seguida en contra del juez de Garantías Claudio Alejandro Parisi y la policía Mariana Cristina Castellanos como coautores del delito de cohecho pasivo agravado, y en contra de Beatriz Leniz, en su caso acusada por hecho activo.

Castellanos está detenida desde el año pasado. Junto al juez, que es su pariente, están acusados de haber recibido una coima para que el magistrado otorgue la prisión domiciliaria primero a Leniz y luego impedir que la causa en su contra llegue a juicio. 

Parisi está procesado en otra causa, en la que ya se hizo el requerimiento de juicio. Se lo acusa por el mismo delito, esta vez en una causa vinculada al robo a la empresa Abra del Sol, en la cual también se encuentra procesado Cristian Gabriel "Gringo" Palavecino, señalado como integrante de una banda criminal de peso en el norte salteño. La imputación al magistrado es por un beneficio que le habría otorgado a un integrante de esta organización, Dimas Ruiz, a quien le concedió el arresto domiciliario a cambio de una suma de dinero, según la acusación fiscal.

La causa cuya elevación a juicio se requirió ahora se inició el año pasado, a partir de un informe presentado ante la Procuración General de la Provincia de Salta por la fiscala penal 2 de Orán, en el que planteaba que en el marco de una investigación que llevaba adelante contra policías pertenecientes al grupo SINAR 23 de Orán, habían encontrado en el celular de la investigada Mariana Castellanos diálogos con Beatriz Leniz en los que se acordaba la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa.

El procurador general Pedro García Castiella creó una Unidad Fiscal, el 29 de septiembre de 2023, para investigar este hecho. El Ministerio Público Fiscal informó ayer que el avance de esta investigación permitió constatar un trato cercano entre Leniz y la sargento Castellanos, quien "no solo integraba la División que debía investigarla, sino que además actuaba como intermediaria con el magistrado que actuaba como juez de Garantías, para evitar que las actuaciones llegaran a la etapa del debate" y que la mujer acusada por la venta de drogas mantuviera el arresto domiciliario.

Según precisó la Unidad Fiscal, Castellanos invocaba abiertamente su relación de parentesco con el juez Parisi, "señalando que se trataba de su tío". Invocando el nombre de Parisi, la policía "llegó a solicitar a Leniz la suma de 400 mil pesos con el fin de asegurarle la desvinculación del proceso, señalando también que debía entregarse una parte del dinero pactado en concepto de adelanto".

La Unidad Fiscal también resaltó que Leniz evidenciaba un manejo preciso y pormenorizado del estado procesal de la causa que la tenía involucrada, a pesar de que esta información es restringida y "solo podría conocerse mediante la transferencia de información por parte de los sujetos procesales intervinientes". La investigación contra Leniz y otros estaba a cargo de una fuerza de seguridad distinta a la local.

En la "negociación" entre la sospechosa y la policía, Leniz requirió que se le diera acceso a un cuaderno que le habían secuestrado, en el que tenía anotaciones de interés. La fiscalía aseguró que esto "evidentemente sucedió", porque se determin que la cadena de custodia del cuaderno fue violentada y no existe constancia en los registros de que haya sido remitido a otra dependencia. 

El equipo fiscal concluyó que "el motivo consignado por el juez como fundamento de la prisión domiciliaria otorgada a Beatriz Leniz en la sentencia del 10 de agosto de 2023 fue utilizado para encubrir el origen ilícito" de este beneficio y que consistía "en la promesa de una suma de dinero que la imputada le daría al Magistrado a través de la sargento Castellanos, a cambio de que no solo se mantuviera ese beneficio, sino también se evitara que la causa fuera llevada a juicio", sostuvo la fiscalía. 

Sin embargo, la contraprestación no se cumplió porque el juez se enteró de que Leniz fue detenida nuevamente por "ofrecimiento de dádivas". En cambio, Parisi "intentó ocultar su proceder ilícito, revocando, sin fundamento válido alguno y contrariando su propio criterio, el arresto domiciliario otorgado", sostuvo la Unidad Fiscal.