La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el juez Daniel Rafecas lograron la detención del sujeto que, a primera vista, fue el autor del envío del paquete explosivo a la Sociedad Rural. Alberto Santiago Soria, agente inmobiliario de la calle Chivilcoy (Ciudad de Buenos Aires), registra antecedentes de un comparendo por amenazas anti-semitas, pero hasta ahora no se entiende la relación entre un supuesto odio a los judíos y odio a la Sociedad Rural. El juez Rafecas intentará dilucidar el enigma cuando le tome declaración indagatoria este mismo sábado.
La identificación de Soria se logró a partir de las cámaras de seguridad cercanas al lugar, en el barrio de Barracas, donde el individuo entregó el paquete para ser enviado a La Rural. Para llegar allí, Soria usó dos colectivos y, por lo tanto, utilizó la tarjeta SUBE. Eso permitió una primera identificación y luego se usaron sistemas antropométricos, tanto del rosto como de la postura corporal. Todo ese trabajo lo hizo la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.
El siguiente paso, por orden de Rafecas, fue el allanamiento del domicilio de Soria en la calle Chivilcoy. Se encontró una Guia T de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual aparecen la inscripción manuscrita -posiblemente de Soria- del cuadrante 52-A5 que es el que corresponde a la Rural. También había cintas de embalar, pero habrá que hacer la pericia para comparar con las que se usaron en el paquete dirigido al titular de la Rural, Nicolás Pino.
Según señalaron en el juzgado de Rafecas, Soria tiene un antecedente: registra orden de comparendo como imputado, en 2017, en una causa donde se le atribuyen amenazanas antisemitas anónimas. El expediente fue instruido por el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Kessler.
Desde el punto de vista judicial, la imputación es por los delitos de explosión, lesiones dolosas múltiples y daños materiales. Por lo cual el magistrado decidió que, tras la indagatoria, será derivado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. La investigación continúa respecto de las pericias sobre el componente químico empleado para fabricar el explosivo; los daños a la salud por la inhalación del humo (no hubo lesiones en las manos, por ejemplo) y la cuantificación de los daños causados.