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Hace muchos años, los ingleses empezaron a aplicar una nueva ley, la del Listado Nacional que ordenaba y protegía su patrimonio edificado. Un señor no quiso creer que no podía demoler y listo una casa que había comprado, justamente, para demoler. La casa no era nada del otro mundo, no tenía un inmenso valor arquitectónico, no era inmemorial, ni estaba asociada a un famoso. Pero estaba en la lista, con lo que las flamantes autoridades del patrimonio -lo que hoy conocemos como British Heritage- le hicieron juicio. El señor perdió y es anécdota en firme que el juez le explicó que estaba de acuerdo con el enjuiciado, que la ley era dura, pero que era la ley y tenía que condenarlo. La pena era reconstruir la casa con materiales originales, de época, bajo dirección de las autoridades. El demoledor condenado nunca lo hizo, prefirió declararse en quiebra.
La anécdota legal viene al caso porque la Asociación Proyecto Goya acaba de denunciar que un abogado demolió la linda casona de la foto en su Casco Histórico, pese a que el edificio está doblemente protegido. El edificio, una residencia italianizante del siglo 19, está en una de las calles más viejas de Goya, la del puerto, hoy llamada España. El edificio fue demolido de adentro para fuera, como para disimular, pero como para marcar qué poco le importaba a los dueños que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que dirige Teresa de Anchorena la declarara parte del Area Urbana Histórica Goya, la terminaron de destruir. Que España 321 ya estuviera abarcada por la Ordenanza 1663 parece que nunca tuvo el menor peso.
Esta ordenanza declara que son de “interés arquitectónico histórico cultural-artístico” los edificios dentro del Casco Histórico antes de 1930, y crea un sistema clarito de intervención. Quien quiera intervenir de cualquier manera en un edificio en este éjido -restaurar, reformar, ampliar, refuncionalizar, refaccionar o demoler total o parcialmente- tiene que hacer un trámite que incluye a la Comisión Municipal Asesora del Patrimonio Cultural. Aquí aparece un problema muy familiar a los porteños en particular y a los habitantes de cualquiera de nuestras ciudades en general, la indiferencia completa hacia la ley que tienen tantos y la falta de castigos claros. La obra en la calle España, se sospecha, no tiene permiso válido, que incluya el visto bueno de la Comisión Municipal. Y a menos que se quiera construir locales, con lo que se puede bloquear su habilitación hasta las calendas griegas, no queda muy en claro qué castigo se puede aplicar.
Proyecto Goya hizo una crítica dura al secretario de Planeamiento local, porque la ordenanza del Casco Histórico le manda al funcionario a involucrarse en un sentido: la secretaría “queda obligada a poner en conocimiento de la Comisión Asesora para la constitución del Patrimonio Histórico Cultural de Goya, toda intervención que detectare por constatación de los inspectores de dicha Secretaria en los inmuebles declarados en el Artículo 1 de la presente ordenanza; determinando la inmediata suspensión de las obras”. En este caso, o nadie vio la obra, o nadie avisó, o la secretaría no le avisó a quien corresponde. Como los de Proyecto Goya cuentan que hasta hablaron con el dueño de la casa para tratar de frenar el ilícito, es más probable que la secretaría ni se diera por enterada.
Sería avisable que cambiaran de actitud, porque el Casco Histórico ya no es apenas municipal sino nacional, con lo que estas correrías pasan al fuero federal. Parece que, como al demoledor de la historia inglesa, cuesta acostumbrarse a estos cambios.
Coronita para IRSA
Vale la pena darse una vuelta por el sitio de SOS Caballito, que está haciendo una muy prolija investigación del pliego que por octava vez presentó el Ejecutivo porteño para que IRSA pueda hacer un shopping en los terrenos ferroviarios de Primera Junta. La insistencia del gobierno es notable, una especie de Política de Estado que empezó Macri y continúa Larreta para darle el gusto a la mayor empresa de shoppings del país. Además de preguntarle cuánto le deben a IRSA para insistir tanto, los de SOS Caballito están leyendo con lupa el proyecto de ley y encontrando cosas raras. En lenguaje de especuladores y funcionarios, las cosas raras se llaman Normas Especiales.
El shopping que quiera hacer IRSA estaría al lado de Ferrocarril Oeste y cortaría toda posible conexión del futuro Parque de Caballito con el lado norte del barrio. El terreno en cuestión tiene 23.691 metros y un Factor de Ocupación del Suelo muy alto, del 80 por ciento, con lo que quedarían menos de cinco mil abiertos. Pero en esos metros sin construir se pueden instalar dársenas de ascenso y descenso, mobiliario urbano y accesos al estacionamiento, cubriendo hasta un veinte por ciento de los cinco mil metros. En resumen, quedaría más o menos un cantero como el del shopping de la avenida Bullrich.
El FOT del terreno lleva los futuros metros a construir a más de 70.000, sin contar el estacionamiento, que siempre es un regalito para los especuladores. En este caso se establece la obligación de que haya al menos 50.000 metros cuadrados de cocheras más unos cuantos metros más para carga y descarga de mercaderías. Tanto metro se alzaría hasta 38 metros de altura, equivalentes a catorce pisos de altura, con lo que el edificio resultante sería brutalmente visible, masivo. El pliego aclara que en el shopping debe haber por lo menos cuarenta locales, lo que genera una duda aritmética notable: si la mitad del shopping se dedica a circulaciones y servicios, como es costumbre, y cuarenta locales se quedan con el resto, su superficie promedio es de bastante más de 800 metros cuadrados cada uno. Esta barbaridad no existe excepto para salas de espectáculos, con lo que se sospecha que los locales van a ser muchos, muchos más o una cantidad seria de metros se van a destinar a otros usos, nunca aclarados. Esto viene a cuento porque el pliego del proyecto de ley incluye un párrafo avisando que se permiten “varias tipologías” en el predio, incluyendo edificios entre medianeras. Es misterioso incluir esto cuando se habla de un shopping, a menos que la idea real sea hacer más de un edificio y dedicarle muchos metros a viviendas y oficinas.
Algo destacable es que el proyecto de ley ordena que IRSA pague un millón de dólares para abrir la calle Bogotá por detrás del futuro shopping. Es una bicoca a cambio de tener un acceso casi dedicado al contrafrente del emprendimiento.
El Urquiza
Y así como a IRSA ya se le fueron ocho años tratando de hacer este shopping, a los genios financieros que quieren demoler el Cine Teatro Urquiza en la avenida Caseros ya se les fueron cuatro en trámites legales. Los vecinos festejaron que se realizó esta semana la segunda audiencia de entendimiento entre las partes en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA. Y más que los dueños del inmueble prometieron presentar un nuevo proyecto en el plazo de dos meses, que cumpla la normativa y pueda tal vez satisfacer a los vecinos. La cita quedó para marzo, cuando se verán los proyectos, y los vecinos hasta pidieron a los representantes de la Ciudad presentes que le facilitaran las cosas a los privados para que la propuesta no fuera perdidosa.
A todo esto, ¿cuándo van a aprender los empresarios que no es de vivos, ni siquiera de inteligentes, esto de comprar edificios patrimoniales para hacer negocios? Las leyes no son claras y se puede terminar con lucros cesantes enormes, cosa que no le importa a los funcionarios, que encuentran lucrativa la confusión general y nunca cargan con los costos de las demoras. Por algo los funcionarios son los que más odian la claridad en la plancheta municipal.
