Aunque las regulaciones marchan a ritmo de caracol y los avances tecnológicos imitan a las liebres, los gobiernos del mundo, de a poco, están exhibiendo los primeros intentos de controlar lo que sucede con las redes sociales en sus territorios. A instancias de un juez brasileño apoyado por el presidente Lula, la red X de Elon Musk ya no opera en el país vecino. Pavel Durov, CEO de Telegram, debió pagar una fianza millonaria y no puede salir de Francia, luego de ser detenido y acusado de múltiples delitos. La Unión Europea le pide explicaciones a TikTok sobre cómo esa plataforma debería, a priori, proteger de otra manera el consumo de los niños y adolescentes que más la frecuentan.
A contramano de lo anterior, en cada ocasión que puede, el presidente argentino se muestra sonriente con los magnates tech: vislumbra a partir de este vínculo nuevas oportunidades para el país. Hasta el momento ninguna inversión ha aterrizado en suelo local.
En el medio de la tensión, un debate antiguo reaparece: ¿pesa más la libertad de expresión o el derecho a la información? En Brasil, X fue suspendida por una orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, ya que Musk, aparentemente, incumplía leyes locales. El multimillonario dueño también de Starlink y Tesla se negó a bloquear perfiles difusores de fake news y quitó a la única representante legal de X en Brasil. Lula, a su turno, no perdió oportunidad de opinar: “Solo porque tenga dinero no significa que pueda hacer lo que quiera. Debe aceptar las reglas del país y respetar la decisión de la Corte Suprema”.
Musk alegó: "La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos". Más allá de la billetera que respalda el discurso del millonario sudafricano, la decisión no es grata para él desde los números, pues Brasil representa el sexto mercado más grande para X, detrás de EE.UU., Japón, India, Indonesia y Reino Unido.
La palabra académica
Agustín Espada, investigador del Conicet en el Centro de Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes, señala a Página/12 que sucesos como estos marcan un punto de inflexión. “Claramente hay un cambio de posición de muchos Estados de Occidente en relación a la regulación de las plataformas. Desde mi punto de vista, tiene un origen en la llegada al gobierno de Donald Trump y el papel de las redes sociales en esa campaña electoral; un camino que luego siguió Bolsonaro y otros”. El asunto a destacar es que las plataformas, según Espada, buscan ocupar un lugar en la política. “Desde 2022 Elon Musk forma parte de manera abierta en la agenda de la derecha global. Del otro lado, están los políticos tradicionales intentando frenar sus aspiraciones”, comenta.
Natalia Zuazo, especialista en tecnología y política, apunta en la misma línea: “Esta transformación se produce ahora porque hay más entendimiento de cómo funcionan las plataformas. Un ejemplo es el caso de Brasil. El juez De Moraes investigó cómo funcionaban los ‘ejércitos de trolls’ y los comportamientos colectivos de militantes de Bolsonaro. Se trataba de cuentas que con el paso del tiempo continuaban propagando discursos de odio, ataques y violencia en las redes. A partir de esa investigación comenzó a tomar medidas, pero hay que decir que ello llevó una curva de aprendizaje para conocer cómo operan las redes”.
El “Zuckerberg ruso” en la mira
A Pavel Durov lo llaman "el Zuckerberg ruso". El hábil empresario creó Telegram y fue arrestado en Francia la semana pasada. Se lo acusa de presuntos delitos como habilitar el desarrollo de actividades ilegales y criminales en su aplicación como pornografía con niños, acoso cibernético y promoción del terrorismo, resultado de la falta de moderadores. Aunque debía permanecer en prisión, pagó la fianza de 5 millones de euros y salió con la obligación de atestiguar su presencia en una comisaria de Francia dos veces por semana.
El objetivo de Telegram según Durov es “proteger a la ciudadanía de regímenes autoritarios”. Es por ello que ofrece un cifrado que asegura la privacidad de los mensajes, aún de aquellos contenidos que pudieran juzgarse peligrosos para una nación. Su fortaleza, de esta forma, puede convertirse en un riesgo: en la red social que lo tiene como máximo exponente existen investigaciones por lavado de dinero, distribución de imágenes sexuales de niños y variadas formas de crimen organizado. Delincuentes aprovechan las características de la plataforma para intercambiar mensajes sin moderación de ningún tipo.
En sus primeras declaraciones tras lo sucedido, Durov refirió: “Utilizar leyes de la época anterior a los smartphones para acusar a un director general por los delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona, es un enfoque equivocado”. Y agregó: “Crear tecnología ya es bastante difícil. Ningún innovador construirá nuevas herramientas si sabe que puede ser responsabilizado personalmente por el posible abuso de esas herramientas”.
El caso Tiktok
TikTok corre una suerte parecida: desde comienzos de año está bajo la lupa de la Unión Europea: acusan a sus gestores por la falta de medidas de seguridad para con niños y niñas, sus principales usuarios. Uno de los aspectos es el “pobre control” que ejerce para monitorear la edad de los consumidores de los videos. Y enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia y acceso público.
Todavía se recuerda cuando Mark Zuckerberg, de Meta, tuvo que asistir a una audiencia pública en el Congreso de EE.UU. sobre el caso de Cambridge Analytica y el uso de información de 87 millones de usuarios de Facebook para la campaña presidencial de Trump y el referéndum del Brexit. Más allá de los casos puntuales, las milicias digitales que se mueven en el ambiente virtual orientan procesos políticos y no logran ser controladas.
Mecanismos de control y capitalismo de plataformas
Nick Srnicek es un escritor canadiense que visitó Argentina hace poco, distinguido por la UBA como profesor honorario por su aporte a la comprensión del modelo de desarrollo actual. Desde su perspectiva, hoy el capitalismo es un “capitalismo de plataformas”: la economía se mueve al ritmo de las grandes innovaciones digitales que de manera vertiginosa se destacan en el mundo tech, en campos como las redes sociales, la robótica y la IA.
Autores como el historiador israelí Yuval Harari plantean que desde hace tiempo la humanidad asiste a un presente en el que las corporaciones tienen más poder que los Estados. No son todas las corporaciones sino las emergentes, las que se consolidan como plataformas que administran una ingente cantidad de datos. Si esos datos pretendidamente objetivos y desideologizados "sirven" para tomar “buenas” decisiones: ¿no sería posible y deseable prescindir de los tomadores de decisiones, o sea los políticos? La respuesta es el sueño de los empresarios.
Es curioso que con un discurso antipolítica y “anticasta”, el anhelo de Javier Milei sea que su gobierno facilite el desembarco de magnates como Elon Musk para que Argentina se convierta en un “polo de innovaciones”. ¿Qué tienen en común Durov y Musk con el mandatario local? Su discurso libertario y un fuerte rechazo a cualquier forma de control estatal.
Para contrarrestar la embestida de los líderes tech, los Estados ponen en funcionamiento sus herramientas legales. “Habrá que empezar a probar el poder regulatorio de los Estados vía Congreso o Poder Judicial. En general, los líderes tech son acusados de abuso de poder dominante, monopolio, prácticas anticompetitivas; así como también se reclama un poder de policía mayor sobre las plataformas. El meollo de lo que pasa con X en Brasil, Telegram en Francia y TikTok en Europa tiene que ver con eso, con empresarios que no rinden cuentas a los Estados”, detalla Espada. Y remata: “No existe una vida real y una digital. Esa separación no es tal, por lo que en ambos espacios se deben garantizar los derechos de la ciudadanía”.
Más allá de los controles que cada gobierno pueda ejercer de manera individual, el mundo requiere de políticas globales. Una gobernanza global que esté a la altura del desafío y las amenazas que plantean las redes sociales a derechos humanos básicos. Claro que, para ello, primero hay que entender de qué se trata eso que los multimillonarios definen como “progreso”.
