El gobierno de Maximiliano Pullaro cruzó una frontera. Una que ninguna administración provincial había cruzado desde la recuperación de la democracia: Aprovecha como nadie el clima de época y avanza a paso firme contra lo que llama “privilegios del Estado” santafesino y “desorden” en la administración. Pero los trabajadores públicos y la oposición entienden que es un liso y llano ajuste que recorta más ingresos que supuestos privilegios de los agentes públicos. El gobernador radical entiende que la misma firmeza que le dió buenos resultados en materia de seguridad, es trasladable a todos los ámbitos de la vida pública provincial. Y así como pidió “suspender la ideología” para tratar a los presos de alto perfil en las cárceles, le pide a los dirigentes “progresistas” que renuncien a su sistema de ideas para barrer derechos como los jubilatorios en el caso de la reforma previsional que el Senado aprobó esta semana en forma express y a puertas cerradas, a buen resguardo de la presión que metía afuera de la Legislatura la nutrida protesta de docentes, judiciales y sindicatos de la administración central.

Los dirigentes docentes de Amsafe y Sadop Rosario, Juan Pablo Casiello y Martín Lucero saben de la incomodidad de los 14 diputados socialistas a la hora de darle la media sanción que le resta a la reforma de la deficitaria Caja de Jubilaciones. Por eso presionan diciendo que “se acuerden de Hermes Binner que entendía que todos los jubilados provinciales deben cobrar el 82% móvil”. Un claro golpe a la sensibilidad socialista que por ahora sólo se jacta de haber negociado con Pullaro que retire del proyecto cualquier suba de la edad jubilatoria. Pero en rigor, en el marco de la declaración de emergencia previsional en Santa Fe, una cláusula le cede al gobernador la facultad de incrementar la edad jubilatoria por decreto si lo considera necesario.

Los diputados provinciales del socialismo ya votaron, y también fueron los encargados de argumentar, la emergencia en agua y saneamiento que permitió tarifazos del 450% en el servicio de agua potable que presta la empresa pública Aguas Santafesinas. La presidenta del directorio de Assa, Anahí Rodríguez es del socialismo y antes estaba en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y se hubiera hecho un harakiri antes de permitir semejante tarifazo al gobierno de Omar Perotti. Dicho sea de paso, muchos oficialistas de hoy vaticinaban que la vuelta del peronismo a la Casa Gris de la mano de Perotti sería “un regreso sin escala a los ‘90”. Pero resulta que el presentismo docente que popularizaron Carlos Reutemann y su ministro Fernando Bondesío, fue re impuesto con otro nombre por el actual gobierno provincial parta quebrar a los gremios docentes. Y también, fue hace pocos meses cuando se volvió a hablar de una posible futura privatización de la Empresa Provincial de la Energía. Ahí sí se puso más firme el PS y el exgobernador Antonio Bonfatti propone que la prohibición de la privatización de la EPE, tenga rango constitucional en una reforma de la Carta Magna provincial que es el otro desafío que desvela a Pullaro.

El caso de Aguas sirve también para entender la reforma de la Caja de Jubilaciones. En la provincia no alcanza lo que recauda Assa para “fabricar” un metro cúbico de agua potable. Tiene que recurrir a otros recursos del Estado, por lo tanto es deficitaria. Ahora bien, es una empresa pública que presta un servicio esencial. ¿Qué tan mal está que el Estado invierta para un servicio básico y elemental en el territorio y la vida humana?. La empresa ya fue privatizada una vez y fue un desastre que terminó por costarle más todavía al gobierno y a todos los santafesinos.

A la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, tampoco le alcanza con lo que recauda para pagarle a todos los jubilados provinciales y por lo tanto es una caja deficitaria. Como lo es también el sistema previsional de la nación y, actualmente, casi todos los del mundo. Además, como esta es una Caja no transferida a la nación, como las de otras doce provincias, el gobierno central giraba el dinero para cubrir ese déficit. Pero el presidente Javier Milei dejó de mandar esas partidas y el rojo que se fue acumulando es fenomenal. Los trabajadores no creen que la reforma de Pullaro mejore algo sino que sólo les será más caro a ellos que tendrán que incrementar los aportes que hacen como trabajadores activos.

En ese marco, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver criticó duramente al gobernador. “Pullaro ladra en Santa Fe pero mueve la cola en Buenos Aires” dijo en relación a la débil exigencia de esos fondos que adeuda la nación y que ahora se encuentran judicializados construyendo una deuda que quizás tenga que afrontar un presidente dentro de 15 años.

En la refriega también cobró el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso. "La política usa la Caja de Jubilaciones como la cajita feliz. Se nombran ministros, asesores, secretarios con sueldos que nada tienen que ver con los trabajadores, y cuando se van se quieren jubilar con esos sueldos pese a que nunca aportaron. Hoy el que lleva adelante la reforma estuvo 30 años como concejal, nunca hizo un aporte y ahora nos habla de reforma previsional", lanzó el secretario general de los Municipales de Rosario, Antonio Ratner que sabe bien de lo que habla porque la Caja de previsión municipal está jaqueada con varios juicios de ex funcionarios socialistas que van por jubilaciones altísimas que ponen en riesgo todo el sistema.

El round con la justicia

Hoy a las 7.30 de la mañana, Pullaro recibió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. “Es un poco raro el horario, pero por supuesto vamos a ir”, dijo el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, a quien el gobernador toma como un enemigo personal desde hace años. Gutiérrez lo sabe y desafía con que “yo me voy a ir de la Corte cuando yo quiera. A mí Pullaro no me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Hace 50 años estoy en la justicia”, sostiene. También sabe que el horario de la reunión no fue casual y que es casi una provocación a los cortesanos. “Hay que terminar con estas cuestiones infantiles”, pidió Gutiérrez.

El jueves, además de la aprobación en tiempo récord de la reforma jubilatoria, la Asamblea legislativa votó a los nuevos jueces que a pesar de rendir mal sus exámenes evaluatorios y quedar en lugares muy postergados, fueron ungidos por un decreto del gobernador que cambió las reglas de juego en medio del proceso. “Lo que estamos haciendo acá, lo que ustedes están haciendo porque nosotros (el peronismo) no lo vamos a votar, es dando una mano de barniz. Pero la mancha está y se nota”, dijo el diputado Marcos Corach al criticar la manera de seleccionar los jueces preferidos por el Ejecutivo.

El gobernador designó a Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes. Lo llamativo es que Haurigot (actual fiscal en Rosario) y Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) fueron reprobados en el examen. Ambos impugnaron la eliminación ante el Ejecutivo, que en un hecho sin antecedentes, les permitió seguir en el concurso. “La legislatura le concedió (a Pullaro) la emergencia en seguridad para que tenga herramientas, pero no para que elija jueces a dedo. Además de modificar las reglas para permitirles continuar en un concurso que habían reprobado, tampoco son los mejores según el mérito. Queremos saber cuales son los criterios del gobernador”, señaló el diputado en el recinto el diputado peronista Miguel Rabbia.

Hay que decir también que estas acciones del gobierno de Unidos, tanto la reforma previsional como la designación de jueces, le ha permitido al peronismo levantar la cabeza como oposición única y real frente a Pullaro y dejar atrás por un rato el silencio discursivo al que lo sometió el resultado electoral del año pasado.