Lucía Masneri, una abogada de 37 años nacida en Rosario y criada en Jujuy, es desde el 10 de diciembre la secretaria de Asuntos Penales del gobierno de Santa Fe. Que, en los hechos, significa manejar las cárceles provinciales, sus más de 10 mil reclusos y los 5 mil hombres y mujeres que integran el Servicio Penitenciario. Esta semana presentó, no exento de polémicas, los uniformes naranjas que vestirán los presos de alto perfil Nivel 1, de acuerdo a la clasificación del Servicio Penitenciario. “No se genera una modificación en los derechos de los internos”, dijo en una entrevista con Rosario/12, en la que calificó de “requisa profunda” la realizada a principios de marzo en la cárcel de Piñero, y que derivó en una causa por presuntas torturas. También defendió las fotos “a lo Bukele” que publicó el Ministerio de Seguridad y Justicia en esos momentos: “Se dio en un momento en el que teníamos muchos videos, muchas fotos, había mucho de tomar el control de las cárceles. Pero no tiene que ver más que con mostrar las medidas de seguridad y el trabajo que se hace adentro de las cárceles”.

Antes de trabajar en el Servicio Penitenciario cuando el actual ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, era el jefe de esa área –entre 2015 y 2019-, Masneri visitaba las cárceles desde otra perspectiva: era quien redactaba los informes anuales y generales sobre la situación de las unidades penitenciarias que hacía el Servicio Público de la Defensa cuando estaba a cargo de Gabriel Ganón, que reunía información sobre tormentos, tratos degradantes y condiciones de detención.

-¿Ahora le toca estar del otro lado?

-Exacto, por eso estoy muy segura de las mejoras que han transcurridos en estos años.

No considera que estar a cargo del Servicio Penitenciario haya sido tomar “un fierro caliente”, porque desde niña vio a su abuelo realizar esta tarea en Jujuy. “Es para lo que estudié y me preparé toda la vida. Siempre quise estar en este lugar”, afirmó.

“La cárcel siempre me pareció un lugar que requería mucho trabajo, desde la perspectiva de seguridad, de protección de la gente, pero también de poder separar la situación, y el que quiera reintegrarse que tenga esa posibilidad. Las dos aristas que me parecen centrales”, abundó la funcionaria, que antes también fue asesora legislativa.

El brusco y rápido descenso de la tasa de homicidios en el Gran Rosario –tras los episodios de violencia de marzo pasado, cuando fueron asesinados cuatro trabajadores al voleo-, encuentra, de acuerdo a la narrativa oficial, una pata en el control de las cárceles. Otras voces sugieren que tal reducción y en tan escaso tiempo, requiere de acuerdos entre el Estado y la criminalidad.

¿Cómo se alcanzó ese logro con el mismo Servicio Penitenciario? “El personal genéricamente es el mismo. Pero cambiaron dos cosas: el tema es quién dirige, y la segunda cómo dirige y con qué respaldo. Esa sí es una impronta que tiene mucho que ver con el formato de trabajo del ministro (Cococcioni), de un acompañamiento, una presencia, estar atrás y acompañar todo el trabajo que se hace. Porque si alguien va a tener que entrar a una requisa a sacarle un celular a un preso de alto perfil, tiene que haber un funcionario que esté aguatando esa situación, no dejándolo solo y mandándolo al frente”, explicó Masneri.

Según la secretaria de Asuntos Penales, en la gestión anterior “no existía de ninguna manera ese respaldo, no había un acompañamiento” al personal del SP.

-¿Sólo con eso se explican los resultados llamativos del control de las cárceles?

-Y otras medidas. Los internos de alto perfil en su lugar, las visitas reducidas, los teléfonos controlados y los avisos a la Fiscalía para que realicen las investigaciones, el control, el vínculo permanente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y con Inteligencia Penitenciaria. Hoy nosotros encontramos un teléfono importante y el MPA lo tiene en dos horas. Siempre sostengo que, si la Inteligencia Penitenciaria se queda para adentro, no sirve para nada. Que yo sepa todos los vínculos que tienen los internos de alto perfil con el afuera y no se los cuente a nadie, no sirve.

Un tórrido marzo

La mañana del 2 de marzo dos micros que transportaban a agentes del Servicio Penitenciario fueron baleados en la avenida de Circunvalación. La respuesta oficial fue una singular requisa en la cárcel de Piñero, de donde el gobierno provincial entendía que venía la orden del ataque, que derivó en una causa por aplicación de tormentos a presos y en la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Unos días después se sucedieron los cuatro asesinatos a trabajadores –un colectivero, dos taxistas y el playero de una estación de servicio- que paralizaron a la ciudad y volvieron a poner a Rosario en la atención nacional e internacional.

Masneri dijo que el SP no actuó por fuera la ley. “Fue una requisa profunda, y con esto quiero decir que se retiraron muchos objetos, más allá de las requisas que hacemos regularmente, que no en todos los casos amerita retirar algunos objetos. En este caso, atento a lo que había ocurrido y que los presos de alto perfil allí alojado estaban recientemente trasladados a esos dos pabellones, se retiraron objetos”, explicó.

“Nosotros entendemos que eso puede haber molestado, el retiro de objeto, el control de la línea de teléfono, el no permitir que sigan evadiendo las medidas. Porque ese 2 de marzo fue una sumatoria de medidas, ya habíamos empezado a poner muchas medidas de control antes”, abundó la funcionaria.

Para Masneri, “la investigación fiscal no da lugar a poder comprobar a ciencia cierta esto”, en relación a posibles torturas que fueron denunciadas por internos de la Unidad Penitenciaria N°11.

La secretaria señaló que los dichos de los internos son “difíciles de chequear” y que “es importante establecer mecanismos de control y de prueba. Al mes ordenamos el uso de cámaras Go Pro, para que tanto aquel que dice que alguien abusó de él lo pueda comprobar, y el personal que no lo haya hecho, también lo pueda comprobar”. Esas filmaciones, posteriores a aquél hecho, le permitieron esta semana pasar a disponibilidad a tres agentes por golpear a un interno.

Fotos cuidadas

Durante marzo, y en medio de la tensión con el mundo criminal, el Ministerio de Seguridad provincial también decidió publicar en sus redes sociales fotografías de requisas en la cárcel de Piñero que evocaban a las de las penitenciarías de El Salvador y al “modelo” que el presidente de ese país, Nayib Bukele, aplica en la materia, con numerosos cuestionamientos en materia de garantías legales y cumplimientos de estándares internacionales de Derechos Humanos.

“Es una medida de seguridad bastante normal, siempre la comparación con lo que está pasando en El Salvador tiene que ver con la mediatización de El Salvador, no con que antes no hubiese existido”, dijo Masneri, para agregar que “cuando uno tiene una cárcel superpoblada se hace (ese tipo de requisas)”.

La funcionaria defendió esta polémica foto difundida en marzo de este año
 
 

 

-Pero, ¿cuál es el sentido de su difusión pública?

-Se dio en un momento en el que teníamos muchos videos, muchas fotos, había mucho de tomar el control de las cárceles. Pero no tiene que ver más que con mostrar las medidas de seguridad y el trabajo que se hace adentro de las cárceles. No se ven las caras, eso se cuidó.

La decisión del gobierno de ataviar con uniformes color naranja a los presos clasificados como de alto perfil Nivel 1, puesta en marcha esta semana, también provocó cuestionamientos a las políticas oficiales.

La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario dijo que se trata de “marketing político” y cuestionó que no exista una instancia judicial de revisión de la decisión de clasificar a un preso como de alto perfil.

Masneri dijo que “esto lo hemos tenido que responder incluso en audiencias de internos de alto perfil. No se genera una modificación en los derechos de los internos. Todo lo que es debatibles es la vulneración de derechos. Ahora, las medidas de seguridad, en cuanto no vulneremos derechos, no son cuestionables”.

En esa línea, agregó que “no es ni el defensor, ni el juez, ni el fiscal el que lo está custodiando. Si le tenemos que poner 16 cámaras en vez de una, ¿en qué instancia afecta derechos?”.