Lourdes Arrieta está dispuesta a mantener a flote la denuncia por la visita a los genocidas. En las últimas horas, hizo una presentación que pone en el foco de atención a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Federal, y le apuntó también a la jueza Agustina Díaz Cordero, que fue mencionada en los chats en los que intercambiaban los interesados en liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Arrieta fue una de las seis diputadas oficialistas que el 11 de julio estuvo en la cárcel de Ezeiza para verse con Alfredo Astiz y los otros represores que están presos allí. Después de que estallara el escándalo por el cónclave con los criminales de lesa humanidad, Arrieta radicó una denuncia en la justicia federal de Lomas de Zamora en la que pedía que se investigara a las autoridades del SPF, a tres de sus colegas que fueron parte de la comitiva –Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra Ugalde–, a Sharif Menem –mano derecha de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados–, al cura Javier Olivera Ravasi, a los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean y a Eduardo Riggi, exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal Sergio Mola solicitó que se desestimara la denuncia de Arrieta porque entendía que había sido hecha para despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. El fiscal Diego Iglesias, que actúa ante la Cámara Federal de La Plata, ratificó lo que había dicho Mola: para ambos, Arrieta estaba judicializando la actividad política para evitar las críticas por haberse fotografiado con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante los años del terrorismo de Estado.

Lo cierto es que Arrieta abrió una compuerta hacia el mundo de quienes conspiran contra las causas de lesa humanidad –expuso chats y dio nombres– y generó un tembladeral dentro de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja. Ella misma debió abandonar el bloque en medio de un escándalo de gritos y filtraciones de audios.

Lejos de darse por vencida, la diputada arrastra hacia la palestra a Bullrich, que viene tratando de bajar el perfil y mostrarse ajena al evento. La ministra de Seguridad oscila entre justificar la visita y decir que se enteró por los diarios. La visita “es algo que está dentro de la ley: cualquier diputado puede entrar a una cárcel”, dijo Bullrich este sábado en Radio Mitre.

El fiscal Mola pidió desechar lo que había presentado Arrieta y centrar la pesquisa en el rol que pudo haber tenido el SPF –si hubo irregularidades para facilitar el cónclave entre diputados y genocidas. Esa línea de investigación surgió a partir de la denuncia que había hecho Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) que tiene a su cargo la ejecución de la pena de Astiz, a partir de los señalamientos del abogado querellante Pablo Llonto y del fiscal Félix Crous.

Arrieta y su abogado, Yamil Castro Bianchi, no están de acuerdo con esa reducción. Reclamaron que se investiguen seis hechos: si hubo incumplimiento de los deberes de los funcionarios del SPF, si se usaron fondos públicos de forma indebida con la combi de la Cámara de Diputados que trasladó a los legisladores hasta Ezeiza, si existió una unión de personas que pretendían atentar contra el orden constitucional e intimidar a integrantes del Poder Judicial, si fallaron los controles en la cárcel, si hubo una planificación previa de la visita con el SPF y si hubo un encubrimiento posterior.

Un encuentro con Bullrich

Arrieta relató que el 15 de agosto se reunió con Bullrich en su despacho del Ministerio de Seguridad. Para entonces, el escándalo de la visita ya llevaba casi un mes en la agenda pública. Según la diputada quien la invitó fue Fernando Soto, el funcionario que se encarga de la relación con el Poder Judicial y que oficia como abogado del policía Luis Chocobar.

El encuentro fue extenso. Arrancó cerca de las 12.30, según los registros públicos, y se habría extendido durante una hora y media. En la reunión habrían estado Néstor Majul –otro funcionario de Seguridad– Soto y el hermano de la diputada, Martín Arrieta.

De acuerdo con la versión de Arrieta, Bullrich le habría pedido que cuidara a los agentes del SPF y le habría dicho que no había delito en lo que pasó en Ezeiza, ya que no son necesarios los controles para diputados y jueces. También le habría confiado su impresión de que todo fue muy mal manejado, posiblemente en alusión a Martín Menem. En la charla, la ministra le habría comentado que tenía “buena relación” con Mola –ésta es una de las razones por las que Arrieta quiere separar al fiscal del expediente.

El nombre de Bullrich aparece en, al menos, dos oportunidades en los chats que aportó Arrieta. El 11 de marzo, el cura Olivera Ravasi escribe que Benedit había hablado con la ministra para que se les facilitara el ingreso a quienes iban a ir a las cárceles a visitar a los presos de lesa. El 21 de julio, el mismo diputado le mandó a Arrieta un link a una nota de La Nación que decía que Bullrich había justificado la visita. “No estamos solos. El ejecutivo la tiene claro y las declaraciones de Patricia disciplinarán a todos los tontos de su bloque. Dormí tranquila”, le aconsejó.

Arrieta pretende que Bullrich brinde detalles de la reunión en el Ministerio de Seguridad. Bullrich quiere pasar debajo del radar con este tema. En campaña, ella había hablado de militares injustamente presos y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había escrito que trabajaban en una solución para los mayores de 70 años que están en las cárceles. El mes pasado, la ministra abogó por la domiciliaria para los casos de lesa, pero terminó acomodando su discurso: salió a decir que es un tema de los jueces y que “permanentemente” los magistrados están mandando represores a sus casas. 


El rol de la jueza

Arrieta también pidió investigar qué participación tuvo la jueza en lo civil Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Díaz Cordero es aludida en dos oportunidades en los chats:

  • El 19 de marzo, Benedit escribe: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quiénes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero”. La mención a la jueza se produce cinco días después de la primera reunión que se da entre diputados y abogados en el edificio de Montevideo 871 que pertenece a la Fundación San Elías de Olivera Ravasi.

  • El 5 de julio, Olivera Ravasi envió una nota de Página/12 que informaba que los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma habían revocado libertades condicionales de represores y allí surgió la idea de pedirles el juicio político. “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”. Acto seguido: la abogada Olea dijo que Riggi también la conocía mucho.

Esta semana, el Consejo de la Magistratura recibió un pedido de referentes de organismos para que se la investigue por mal desempeño. La presentación fue hecha, entre otros, por Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora), Vera Jarach (Fundación Memoria Histórica y Social Argentina), Graciela Lois (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) y Eduardo Tavani (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).

Díaz Cordero ensayó una explicación. Dijo que ella no había participado de los chats –lo que es obvio a esta altura– y que no podía hacerse cargo de lo que decían otros en sus comunicaciones. La jueza sí admitió que tenía conocimiento y respeto profesional de larga data con Riggi.

También reconoció que conocía al cura cuyo principal objetivo es socavar las causas por crímenes contra la humanidad. “Ambos fuimos presentados este mismo año a la salida de una celebración religiosa, luego de lo cual me contactó en alguna oportunidad para comentarme sobre una actividad en una fundación pastoral. Asimismo, me ha obsequiado un ejemplar de un libro que el nombrado escribió acerca de la vida de San Felipe Neri”, escribió la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.

Arrieta pretende que se preste atención a la geolocalización de los celulares para saber dónde estaba quién el 14 de marzo de este año, cuando se hizo la primera reunión en la que Olivera Ravasi dice que estuvo Díaz Cordero.