Este miércoles, alrededor de 800 efectivos de las cuatro fuerzas federales lanzaron gases lacrimógenos y pimienta contra los jubilados y jubiladas que se congregaron para reclamar un aumento de sus ingresos y, por lo tanto, oponerse al veto de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Además, los manifestantes fueron duramente golpeados a tal punto que hubo más de 25 heridos, según informaron las agrupaciones que participaron de la actividad. En ese escenario, los legisladores de Unión por la Patria abandonamos el recinto donde el jefe de Gabinete estaba dando su primer informe de gestión. Lo mismo hizo el Frente de Izquierda. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados dio por finalizada la sesión.

Por supuesto: nosotros nos retiramos porque consideramos que no era aceptable seguir en una sesión con apariencia de normalidad mientras afuera reprimían a los jubilados y jubiladas. El operativo era impresionante: había más policías que manifestantes. Hay una explicación de fondo para que ello suceda: a determinado nivel de ajuste tiende a producirse una reacción de los ajustados y, en ese contexto, la represión es la respuesta de los ajustadores para contener dicha reacción. Con la violencia buscan disciplinar a los ciudadanos y ciudadanas para que no actúen. Frente a la movilización el objetivo es volverlos inmóviles: paralizarlos. Por eso también la masividad de las fuerzas de seguridad: su puesta en escena intenta ser una acción disciplinadora. Pero el resultado suele ser el contrario al que buscan: cada miércoles es mayor la cantidad de manifestantes que responden a la convocatoria contra el ajuste previsional. Como siempre decimos: el límite al ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

En ese marco, una cantidad de organizaciones sindicales, sociales y políticas están convocando a una gran concentración para cuando se trate en Diputados el rechazo al veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por ambas cámaras.

Esta ley sólo trata de restituir a los jubilados y jubiladas lo que el gobierno les sacó en el mes de enero. Más allá de los números de fantasía que la gestión actual difunde, lo que establece la ley es un aumento del 8,1% desde abril para compensar el salto inflacionario de 20,6% del mes de enero, por el que sólo se les había dado un aumento del 12,5%. También establece que la jubilación mínima no podrá ser inferior a 1,09 de la canasta básica total para adulto equivalente, de acuerdo con lo que informa el INDEC. En la práctica se trata de ponerle un piso a la remuneración mínima jubilatoria, incorporando al ingreso el bono que se les concedió como compensatorio e impedir que éste se licúe al ser una suma fija no ajustable por inflación.

El escenario donde se produce este ajuste es una economía en profunda recesión donde los ingresos fiscales caen de modo significativo. En la semana se conocieron los datos de la recaudación del mes de agosto. Comparando estos ocho primeros meses del año con los mismos meses del año pasado, la recaudación en moneda constante cayó 7,8 billones de pesos pese a que el Impuesto PAIS subió 3,6 billones de pesos y los derechos de exportación se incrementaron 1,3 billones de pesos, producto de una muy buena cosecha, entre otros factores.

Todos los demás tributos, fuertemente vinculados con la actividad económica, sufrieron disminuciones: el IVA cayó -2,7 billones de pesos; el Impuesto a las Ganancias -2,6 billones de pesos; Contribuciones Patronales -1,9 millones de pesos; Aportes Personales a la Seguridad Social -1,6 billones de pesos; Bienes Personales -1,5 billones de pesos. ¿Cómo se resuelve una ecuación en la que el gobierno pretende sostener el déficit cero en un contexto en el que los ingresos tributarios bajan significativamente? Más aún a partir de septiembre, cuando habrá 10 puntos menos de ingresos por el Impuesto PAIS. ¿Cómo van a reemplazar estos ingresos y otros que se seguirán perdiendo por el achicamiento de la economía y el aumento de la recesión? La única salida que tienen, con el modelo de país que proponen, es el ajuste infinito.

En esa misma línea, el Gobierno ha hecho trascender su decisión de no dar aumentos salariales a los empleados estatales en lo que resta del año. La idea es que ese criterio para el sector público actué como referencia para el sector privado.

Lo anterior resulta totalmente contradictorio con las premoniciones del ministro Luis Caputo cuando asegura, entre otros puntos, que la economía y los salarios se van a recuperar y que la pobreza va a bajar. ¿Cómo puede recuperarse la economía si no hay un mercado interno demandante? ¿Cómo puede haber un mercado interno demandante si no hay una recuperación de los ingresos? ¿Y cómo puede haber recuperación de los ingresos con estas políticas?

En la misma línea contradictoria, y con datos difícilmente comprobables, el jefe de Gabinete declaró en su presentación ante el Congreso que los jubilados y jubiladas recuperaron un 9% sus ingresos durante la gestión del actual Presidente. Pero no mencionó que los jubilados y jubiladas vienen padeciendo el 27% del ajuste en el gasto.

El proyecto que proponen no cierra por ningún lado. Estamos ante una película que ya vimos varias veces y ya conocemos el final. Sabemos cómo termina, en el sentido de aumento del desempleo, suba de la pobreza, caída de la producción y cierre masivo de PyMEs, entre otras calamidades.

En este sentido, el debate entre Milei y Cristina, que este viernes tuvo un nuevo capítulo a partir del documento de la exPresidenta y el intercambio de tuits entre ellos, expresa dos modelos irreconciliables. No es una confrontación de parecidos sino de opuestos. Cristina sostiene que el modelo de Milei es insustentable y que, incluso, el actual Presidente no actúa como un liberal sino que contradice su propia doctrina. Porque dijo que iba a eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos y las argentinas, pero hace todo lo contrario: controla el precio del dólar, del dinero y del trabajo, entre otras variables. La ex Presidenta concluye: “tenemos que hablar de Milei, el ex libertario”.

En estos debates, Cristina vuelve a situar la discusión en donde es necesario colocarla: en la confrontación entre dos modelos antagónicos. Más allá de que, a mi juicio, junto al bimonetarismo se deberían colocar como ejes centrales de la discusión las cuestiones relacionadas con la concentración económica y la puja distributiva.

El ajuste infinito significa un sufrimiento infinito para la mayoría de los argentinos y de las argentinas. El debate entre lo que representan los modelos continúa siendo imprescindible.

* Diputado nacional por Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario