Cada 8 de septiembre, se celebra en el país el Día del Agricultor y la Agricultora. Fecha instituida en 1944 por el Estado nacional, mediante el decreto 23.317, para recordar la fundación de la primera Colonia Agrícola, ocurrida en 1856, en Esperanza, provincia de Santa Fe.

Sin embargo, sectores de la agricultura familiar afirman que este año hay poco para celebrar y mucho para seguir reclamando y levantando banderas “como las del Grito del Alcorta”, por el acceso a derechos como el trabajo, la tierra, la producción y la soberanía alimentaria, sostuvo en un documento la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que hoy también cumple dos años de su creación como organización gremial que aglutina a más de 30.000 pequeños y medianos productores de todo el país.

“Al ritmo que vamos los salteños se van a quedar sin frutas y verduras”, le dijo a Salta/12 Carmen Bonilla, agricultora de Colonia Santa Rosa (localidad ubicada en el departamento de Orán) e integrante de la Federación Rural.

Junto a su familia, Bonilla produce desde siempre todo tipo de verduras de huerta, sin embargo, este año tuvo que dejar de trabajar algunas de sus hectáreas y no pudo alquilar otras que antes arrendaba. Y aseguró que eso les sucedió a todos los pequeños productores de la zona, “donde antes podían sembrar 150 líneas de tomate, ahora sembraron 50 como mucho”, contó.

La explicación de esa merma se debe al encarecimiento desmedido de insumos como las semillas y plaguicidas, así como los alquileres, sumado a la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INACFI) y despedir a los técnicos y técnicas que allí trabajaban, al achicamiento del INTA, y al retiro de toda política de ayuda ante eventos especiales como fenómenos naturales.

“El año pasado, por ejemplo, un pesticida costaba entre los $30 y $35.000, hoy no baja de los $200.000 el litro” y lo mismo sucede para conseguir semillas, explicó Bonilla. Ese costo produjo no solo la caída de la producción, sino también que se dejen de sembrar algunas variedades y se reemplacen por otras “porque son más baratas o la semilla se puede conseguir más fácil”.

Según relató la agricultora a este diario, mientras el año pasado se compraban mil semillas de tomate por $36.800, este año “a comienzos de temporada cuando nosotros necesitábamos sembrar, no se conseguían por debajo de los $114.000”. “Se hace imposible sin una mano del Estado, porque a eso le tenés que sumar el costo del alquiler, los productos contra los insectos, los abonos para la tierra, la ayuda de mano de obra, el alquiler de algún tractor, el agua y otros servicios”, enumeró.

“Hoy en día llega a venir una helada, llega a venir una granizada, no hay ni siquiera para hacer el intento de hacer una asistencia crítica, porque ya todo eso desapareció”, lamentó. Y añadió, “tampoco se puede pensar en presentar un proyecto como agricultores, porque no hay dónde, bajaron todos los programas”.

Bonilla concluyó que muchos van a dejar el campo y las zonas rurales para volver a incrementar los bolsones de pobreza periurbanos, “pero ya ni trabajo en las obras hay”. Y otros, como su caso, se quedarán trabajando sus tierras “porque no sabemos hacer otra cosa”, “pero lo haremos para subsistir nosotros, porque ya no es rentable vender, y ahí no sé qué van a comer los salteños, porque cuando deje de producir el campo, se termina el alimento del pueblo”.

De la misma manera se refirió Cintia Chávez, agricultora familiar de Rosario de Lerma: “la situación está muy difícil, hemos perdido mucha fuerza en tema tierra, este año ya no se pudo hacer más a comodato y bajó la producción”.

Chávez explicó que el aumento de los costos en semillas, alquileres e insumos en general les hace imposible producir como antes, “hasta el año pasado, por lo menos una parte de las semillas nos las proveía el INTA pero ahora ya no tienen recursos”, sostuvo la productora, quien aseguró que el sector “está en crisis, y esa crisis pronto será alimentaria”.

El tabaco es otro factor que perjudica a los pequeños productores, por un lado porque “cuando ellos necesitan llega poca agua” para las huertas. Por otro, porque es una buena salida para muchos que ven allí una posibilidad de alquilar sus tierras a las grandes tabacaleras o entregar su fuerza de trabajo y de esa manera dejar de producir a riesgo.

Así fue como, de las cinco familias que trabajaban junto a Chávez, solo quedaron dos, “ellos ayudan ahora, pero por temporada, porque después se van a trabajar al tabaco”, “ya no dan los rindes, no podemos sostenerlo con todos estos precios y la falta de ayuda, no se subsiste con esto, hoy vendés por 200, mañana vas a comprar semillas y ya te salen 300”, acotó.

No obstante, reconoció que en la feria local se agolpa mucha gente como consecuencia de la recesión: “es que con vender a $50 o $100 pesos más barato que en las demás verdulerías o los supermercados, eso para la gente ya es un alivio y vienen a comprar apenas cobran”.

El municipio como único refugio

Las dos productoras consultadas resaltaron que por el abandono del gobierno nacional, solo los municipios reaccionaron “con las pocas herramientas que tienen” colaborando para prestar espacios y maquinarias para evitar algunos costos de alquiler o movilidad.

“Pero también sabemos que si no llega el apoyo desde Nación, las provincias, por lo menos la nuestra, no tiene la capacidad de acompañar a todo el productor que haya”, sostuvo Carmen Bonilla.

Tanto Bonilla como Chávez conformaron grupos de mujeres productoras que asisten y sostienen comedores y merenderos. En Colonia Santa Rosa, se juntaron para colaborar con un hogar de ancianos, “llevamos algunos cajones de verduras por semana porque sabemos el momento que está pasando toda la gente y lo necesario que es el alimento, y porque consideramos que es una devolución para la comunidad que siempre nos apoya”.

Ni una sola ley para el sector

La Federación Rural para la Producción y el Arraigo emitió un comunicado en el que recordó que son los responsables “de más del 70% de los alimentos frescos que consumimos las familias argentinas, y nuestro esfuerzo no se ve recompensado. Somos quienes poblamos el territorio y defendemos nuestros recursos naturales. Somos los principales generadores de empleo rural y participamos en todas las cadenas productivas con altos niveles de productividad y escala. Generamos producción nacional y también divisas a partir de la exportación”.

“Hace tiempo que nuestro sector tiene dificultades; sin embargo, a partir del gobierno de Javier Milei las cosas empeoraron”, indicó. La apertura a las importaciones de alimentos, la falta de políticas de promoción, la eliminación del límite para que los extranjeros no residentes compren sus tierras, la falta de crédito, de acceso a la maquinaria y de atención a la emergencia climática, "todo esto profundiza una situación que pone en riesgo no solo nuestra continuidad productiva sino los alimentos para todo el país, dañando gravemente nuestra soberanía”.

“En la batería de leyes que se han aprobado, ni una sola está orientada a fortalecer la producción nacional de alimentos”, prosiguió la Federación Rural.

Rememoró a los chacareros del Grito de Alcorta “que lucharon por dejar de arrendar tierras a precios explotadores”; a las Ligas Agrarias “que se organizaron para defender la comercialización justa”; y a las Mujeres en Lucha, “que evitaron los desalojos de los productores del campo a principios de este siglo”. Y afirmaron que, como ellos, no bajarán los brazos: “Este 8 de septiembre una vez más levantaremos nuestras banderas en todo el país; defendiendo nuestro derecho al trabajo y a la producción nacional; llevando a municipios, provincias y sectores nacionales nuestro proyecto de Ley para la Defensa de Cinturones Verdes”.

“Estamos decididos a construir un Nuevo Modelo Agropecuario Argentino, con soberanía, independencia y justicia; con los productores como protagonistas”, “porque en el campo sabemos que la tormenta solo nos hace más fuertes”, culmina el documento.