Como todos los años, este domingo previo al 11 de septiembre, día en el que Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, la ciudadanía chilena toma las calles en una marcha que conmemora las víctimas de la dictadura.
Este domingo, unos 3.500 manifestantes salieron a las calles en Santiago para recordar a los muertos y desaparecidos del terrorismo de Estado. Tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía, unos 23 asistentes fueron detenidos, según informaron las autoridades.
"Salimos a conmemorar, recordar y exigir a nombre de nuestros familiares; los reivindicamos social y políticamente (...) y hemos logrado mantener el tema 51 años después", dijo a la prensa la presidenta de la Asociación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Durante el paso de la marcha frente al Palacio de La Moneda, la sede de Gobierno, vehículos lanza-agua de la Policía chilena actuaron contra los asistentes tras registrarse algunos incidentes con lanzamientos de objetos y pinturas, conforme reportó la prensa local.
Los enfrentamientos continuaron entre manifestantes y agentes de las fuerzas especiales en su camino hacia la zona del Cementerio General de Santiago, el sitio designado para el memorial de las víctimas de la dictadura, donde la manifestación llega a su final.
El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno de Gabriel Boric presentará una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado por daños edilicios, y se querellará contra dos de los detenidos "por uso de bombas molotov y fuegos de artificio"
"No vamos a permitir el uso de las manifestaciones ni para alterar el orden público ni para la comisión de delitos", apuntó Monsalve
La ministra de Trabajo, la comunista Jeannette Jara, quien fue vista en la manifestación, señaló a los medios que "quienes cometen ciertos delitos asociados a la manifestación no contribuyen en nada a la causa de quienes buscan a sus familiares".
Un Estado que quiere recordar
Este año es la 51ª conmemoración de las víctimas del golpe, que dejó un saldo de 3.200 personas asesinadas, de las que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, sólo se han logrado encontrar e identificar los restos de 307, según cifras oficiales.
El presidente Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda durante la 'romería' del año anterior, una medida inédita en la que el Estado chileno asume, por primera vez, la tarea de esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte, que hasta ahora había estado a cargo de organizaciones de familiares y de derechos humanos.
Tambien anunció, hace una semana, que solicitará levantar "el secreto impuesto por ley" a los documentos, testimonios y antecedentes del Informe de la Comision Nacional sobre Prisión Política y tortura, también conocida como Comision Valech, que suspende el acceso a información por 50 años, para avanzar en la búsqueda de víctimas de la dictadura.
