La Comisión de Derechos Humanos creada por el gobierno nacional para relevar los hechos de violencia estatal en Jujuy presentó formalmente su informe ante organismos del Estado provincial, dirigentes sindicales y sociales y ante las mismas víctimas de la represión contra las manifestaciones en rechazo a la reforma de la Constitución jujeña en 2023.
En la conferencia de prensa que el equipo ofreció en jujuy, se leyó una carta del constitucionalista Eduardo Barcesat, a propósito de los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, que introdujo el artículo 75 inciso 17, de reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios.
“La nueva Constitución de Jujuy huele a litio y a entrega, entrega de riqueza y recursos naturales”, aseguró Barcesat. Añadió que esperan "una pronta declaración de inconstitucionalidad de la Reforma Constitucional provincial gestada y realizada en franja violación y principios de legalidad de toda reforma constitucional". “Tiene pie de barro y enluta la conciencia jurídica del pueblo argentino, proclamada como Nunca Más. Nunca Más a las prácticas aberrantes, atroces del Terrorismo de Estado", aseguró.
Para el jurista, "la nueva constitución provincial, escrita así en minúscula, es parte del derrumbe institucional y entrega de sus riquezas y recursos naturales que transita la gestión del actual gobierno nacional".
El informe no se presentó en todas las instancias del gobierno de Jujuy porque la Gobernación no accedió a la audiencia solicitada por la delegación de la Comisión, y en la Legislatura provincial solo fueron recibidos por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Natalia Morales y Gastón Remy (FIT).
En cambio, sí fueron recibidos por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.
El informe de 95 páginas, presentado en la Jujuy en la última semana de agosto, expone una síntesis de los hechos de violencia y represión vividos en Jujuy el año pasado, durante la gestión del ahora ex gobernador Gerardo Morales.
El trabajo reúne testimonios de 400 víctimas de represiones llevadas a cabo en junio, julio y agosto en San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, San Pedro, Libertador, Tilcara, Abra Pampa, Salinas, La Quiaca, Humahuaca, Purmamarca, Caspalá, Coranzulí, Pozo Colorado, Susques y San Roque.
Expone el plan sistemático que llevó adelante el ex gobernador Morales y refleja la violación a los derechos humanos de comunidades indígenas y otras personas. Los investigadores analizaron el registro realizado en la provincia e hicieron un paralelismo con los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado aplicado en la década del 70. “Esos delitos denunciados hace 40 años han tenido justicia, por eso este informe es la base para que los organismos del Estado continúen investigando y que el daño sea reparado", expresó Alicia Montoya, integrante de la Comisión.
En conferencia de prensa los integrantes de la Comisión remarcaron que la represión que se llevó adelante en Jujuy es la antesala al RIGI y el extractivismo. El informe también registró el conflicto de tierras por los pedimentos mineros e inmobiliarios.
“El informe es un aporte más para los que continúen la tarea de defensa de los derechos de las personas en Jujuy. El informe no resuelve, la resolución será con el tiempo", pero es significativo, "refleja el compromiso que asumimos a la tarea que nos fue encomendada”, señaló el comisionado Leonardo Shindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.
Pedidos de protección
En tanto, lantropóloga, docente e investigadora del CONICET Diana Lenton dijo que debido al poco tiempo que tuvieron para llevarlo a cabo, el informe “es una expresión, pero no es la totalidad" de los hechos de violencia institucional vividos en Jujuy, y contó que “varias personas que dieron testimonio pidieron protección y algunos declararon en Buenos Aires por la situación de temor y lo preferían viajar por su seguridad”.
Por eso mismo en el informe no se incluyeron “datos personales que pudieran ser utilizados para revictimizar a las personas". Esos datos quedaron "resguardados en un archivo para que el día que la justicia lo requiera se consultará a las personas para dar la información”, indicó Lenton.
El análisis incluye una reseña violaciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de prensa, a la libertad de reunión, todos "derechos básicos de la democracia que fueron violados en ese ejercicio de represión". También da cuenta de la violación del derecho a la consulta de las comunidades indígenas en temas que son de su competencia para garantizar sus derechos; y la vulneración de los derechos de los niños.
Asimismo, contiene testimonios de tortura, de personas que estuvieron en calidad de desaparecidas; así como reseña situaciones en las que hubo ilegítimamente la convivencia entre diferentes agencias del Estado provincial que "se articularon para ver información e informantes en lugares claves como en hospitales", de tal modo que "parecen grupos de tarea como en la dictadura cívico militar”, detallo la antropóloga.
El extenso informe constató además “el incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones”. En particular la Comisión pudo identificar que en la represión se dispararon perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y al tórax, a corta distancia. También, la utilización de armas no letales disparadas a distancias mortales, lo que "quebranta las diversas recomendaciones que se han realizado respecto del uso de armas letales y no letales que actualmente son obligación internacional para el Estado argentino".
Además, los investigadores señalaron que la violencia estatal no solo fue dirigida a integrantes de comunidades indígenas, sino que también alcanzó a otras personas, de las ciudades y de la ruralidad.
Tal como se había previsto cuando se creó esta Comisión, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, el informe fue presentado el 10 de diciembre en el Congreso Nacional, organismo que no tomó posición al respecto.
El laboratorio de Jujuy
La delegación también estuvo integrada por los asesores Leonardo Pérez Esquivel, Alicia Montoya, Joel Sverdlik y Mariana Katz, en representación de los comisionados Adolfo Pérez Esquivel y Eduardo Barcesat.
La abogada Mariana Katz, que con el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) vienen asistiendo y asesorando a víctimas de la represión desde el 17 de junio último, señaló que este informe fue presentado ante el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sverdlik manifestó su solidaridad con las personas que están sufriendo la presión sobre sus territorios, como las habitantes de Tusca Pacha, Yala, Lozano y Tilcara, y leyó la carta de Eduardo Barcesat.
Por otro lado, sobre la reunión con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy Sverdlik relató que el recibimiento fue formal, que sus integrantes, encabezados por su presidente, Ekel Meyer, "escucharon el panorama analizado, las denuncias, las detenciones ilegales, las camionetas sin patentes, (los) heridos. No emitieron opinión porque dijeron que puede entorpecer la investigación. Solo dijeron que tienen dos denuncias por la ilegitimidad de la reforma y hechos de violencia, pero no ventilaron detalles”.
Mientras que en el Ministerio Público de la Acusación fueron recibidos por el procurador general Sergio Lello Sánchez, el fiscal Walter Rondón y otros funcionarios judiciales que solicitaron que los integrantes de la delegación dejarán sus celulares fuera del encuentro.
Sobre esa reunión Sverdlik contó: “Les dije que me sentí incómodo no tener mi celular, que no había ánimos de grabar, o tomar fotos, solo entregar el informe, al que respondieron que es política del MPA, aunque Rondón tenía su celular bajo la mesa”. Y “el procurador manifestó que la reforma que se sancionó garantiza derechos y es la más progre del país”, contó.
Sverdlik dijo que tenían una obligación moral de venir a la provincia y entregar el informe, a la par que aseguró que seguirán acompañando. "Lo que pasó en Jujuy es un laboratorio, porque está sucediendo actualmente en el país. La búsqueda de los recursos y la venta de la patria".
Recordó que el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, desestimó la investigación en la denuncia que en su momento hizo el anterior ministro sobre la ilegitimidad de la reforma constitucional, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, "como único cortesano dictó el desistimiento y archivo de la causa. Eso infringe la obligación que tienen los jueces de tener acuerdo de jueces”, sostuvo.
Agregó que la Comisión tiene pensado tratar de reflotar ese expediente. En cuanto a la violencia institucional en Jujuy, "Hemos planteado las recomendaciones y reparación a las víctimas por parte del Estado”, detalló.
