El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) declaró la emergencia en materia salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes de esa casa de estudios. La aprobación fue por unanimidad durante la sesión ordinaria del 29 de agosto, y a partir de una nota presentada por los secretarios generales de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) y de la Asociación de Personal de la UNSa (APUNSa). 

En la resolución el CS manifestó que la situación de la Universidad pública salteña es “crítica e inédita”, y, retomando el escrito de los gremios, señaló que entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 los salarios de los trabajadores y las trabajadoras quedaron un 60% por debajo de la inflación acumulada en el mismo período. Los datos surgieron de un informe del conjunto de universidades nacionales, que fue avalada por el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, quien lo firmó junto a las demás autoridades universitarias del país. 

Actualmente la UNSa tiene una planta de más de 3 mil docentes, más de 500 no docentes y más de 200 contratados. Tras la resolución, Hoyos manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que es necesario garantizar de inmediato una recomposición salarial de trabajadoras y trabajadores de todas las universidades públicas. “Estamos en un punto crítico, con salarios que colocan a nuestros docentes y no docentes con salarios indignos, donde no se llega a cubrir las necesidades básicas y con una inflación que hace caer aún más el poder adquisitivo”, expresó. 

El pasado 4 de julio, el Frente Sindical Universitario, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya habían emitido una declaración conjunta bajo el lema “Sin salarios dignos no hay Universidad Pública de calidad”. Allí se reclamó por una recomposición salarial, la reactivación de los programas y dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización de los montos destinados para becas.

Además, el 7 de agosto el Comité Ejecutivo del CIN volvió sacar una declaración al respecto en la que manifestó: “El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”. 

Sostuvieron asimismo que “no es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas”.

En este contexto, el Consejo Superior de la UNSa compartió la iniciativa de los representantes gremiales, “en el entendimiento que el reclamo de los trabajadores universitarios por un salario digno y justo es esencial para garantizar una enseñanza de calidad”. Consejeras y consejeros sostuvieron que “reconocer y satisfacer estas demandas salariales no es solo una cuestión de justicia social, sino también una estrategia clave para fortalecer y elevar el prestigio de la universidad”.

Por una ley de financiamiento 

En la misma sesión del 29 de agosto, el Consejo Superior de la UNSa también aprobó por unanimidad un proyecto de declaración en el que se pronunció en favor de la Ley de Financiamiento Universitario. Nuevamente los secretarios generales de ADIUNSa y APUNSa instaron a que el cuerpo se manifieste.

Entre los fundamentos de la resolución 32/24, el CS que de aprobarse este proyecto de ley “generará un impacto positivo en las universidades nacionales, permitiendo que se cuente con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión”. La iniciativa propone que el gobierno nacional actualice partidas presupuestarias y recomponga los salarios según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se esperaba que este jueves 5 de septiembre el Senado de la Nación diera tratamiento al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cosechó 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Sin embargo, la presidencia del Senado, a cargo de Victoria Villarruel, no convocó a la sesión y la oposición de Unión por la Patria no logró el quórum necesario para autoconvocarse; el bloque radical impulsó la iniciativa pero no bajó a dar tratamiento. El presidente Javier Milei ya adelantó que vetaría la ley  en caso de aprobarse. 

La secretaria general de la APUNSa, Stella Mimessi, aseguró que la aprobación de esta ley sería “muy importante” no sólo porque se garantizaría el financiamiento de las universidades, actualizando las partidas presupuestarias de acuerdo a los índices del INDEC, sino que también se presenta como una “reparación del salario de los trabajadores y las trabajadoras del sistema universitario a diciembre de 2023”.

Mimessi señaló que la entidad sindical, en alianza con el resto de las jurisdicciones, vienen llevando a cabo una serie de medidas de lucha desde enero a esta parte, justamente porque “uno de los inconvenientes que tenemos es que no tenemos apertura de paritarias libres y, por lo tanto, nos imponen los incrementos salariales por decreto que no se ajustan para nada a la situación inflacionaria del contexto”, sostuvo. 

También el secretario general de ADIUNSa, Diego Maita, dijo que a pesar de las críticas que el ala sindical hace all proyecto, se entiende que “en esta coyuntura es importante una Ley de Financiamiento Educativo”. Consideró que si bien la iniciativa no aborda con mayor profundidad la situación salarial histórica de las y los trabajadores universitarios, sí se presenta como “una herramienta política” donde “todo el espectro político reconoce la situación de atraso de nuestros salarios”.

“Nosotros venimos con medidas de fuerza, venimos con un plan de lucha”, expresó, y continuó: “Hay momentos en la historia donde hay menos margen de acción y hay que buscar caminos y puentes de unidad para lograr un objetivo y entendemos que este es uno, un primer paso, que se apruebe la ley, después obviamente garantizar que no se vete y que si se veta, que el Congreso lo vuelvan a restituir”. 

Emergencia salarial nacional

En el último comunidado que emitió el CIN, el 3 de septiembre, afirmó que la situación económica de las y los trabajadores de las universidades “ha llegado a un punto crítico, con salarios que no cubren las necesidades básicas y una inflación que erosiona aún más el poder adquisitivo. La emergencia salarial ha llevado a protestar y exigir soluciones urgentes”.

A partir del trabajo de un equipo de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín, se presentó un informe que muestra la realidad del sistema universitario público argentino. Los datos más alarmantes refieren a que los salarios de más del 85% de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60% de las y los no docentes se encuentran en esa situación.

Asimismo, hasta julio de este año, el 92 % de las y los docentes sin antigüedad cobraba un salario por debajo de la línea de pobreza; el 87 % de las y los docentes con 10 años de antigüedad cobraba un salario por debajo de la línea de pobreza; el 79 % de las y los no docentes sin antigüedad cobraba un salario por debajo de la línea de pobreza. Además, el 63 % de las y los no docentes con 10 años de antigüedad cobraba un salario por debajo de la línea de pobreza. 

Tras los alarmantes datos, el CIN recordó que por la Marcha Federal Universitaria, en abril en todo el país, se logró una actualización de los gastos de funcionamiento, pero cuestionó que aún persiste el atraso en los salarios. Por lo que reiteró “la profunda preocupación por esta situación crítica" y reclamó "la urgente sanción y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario”.