La Sala II de la Cámara Federal ratificó que la justicia argentina no puede proceder en el enjuiciamiento a la República Popular China pedido por el abogado inglés Michael Polak, en nombre de la “ong” Lawyers for Uyghur Rights: Omer Kanat, representante de Uyghur Human Rights Project, y Dolkun Isa, por el World Uyghur Congress.

La denuncia había sido hecha inicialmente en 2022, y entonces el juez Sebastián Casanello dictaminó que no era posible seguir con la causa porque ya era tratada en otros países. Pero los denunciantes apelaron y en julio pasado la Sala III de Casación había hecho lugar al planteo. Ahora fue nuevamente rechazado.

Patrocinados por los abogados argentinos Gabriel Cavallo, Hernán Folgueiro y Joao Nieto, los denunciantes demandaron a China por “genocidio y delitos de lesa humanidad contra la minoría étnica uigur”, que habita mayormente la región autónoma de Xinjiang. De esta manera, la Argentina entró en el mapa de los países involucrados en una querella contra el país oriental que inició desde 2017 Estados Unidos, cuyo Congreso ha tenido un rol activo, aprobando leyes sobre el tema (“de prevención del trabajo forzoso entre los uigures” en 2022 y “de Política Uigur” en 2023), y en donde un número importante de intelectuales—entre ellos Noam Chomsky—, han acompañado el movimiento.

China es culpada de lavado de cerebro de los uigures, trabajo esclavo, sometimiento racial, esterilizaciones masivas y aculturación. También es acusada de haber detenido sin juicio a un millón de personas en campos clandestinos. En 2019 comenzó a hablarse de “genocidio uigur”, en un embate masivo en el que Estados Unidos ha sumado a cientos de organizaciones no gubernamentales (ong), corporaciones mediáticas, gobiernos nacionales y organismos internacionales. El consenso es macizo y la movida es un modelo de grandes dimensiones de cómo abordar a un superpoder emergente.

En tanto, China se defiende con dos argumentos básicos. Por un lado, explica que la minoría étnica uigur está infiltrada por el Movimiento por la Independencia de Turquestán Oriental (ETIM), catalogado como organización terrorista asociada con Al-Qaeda, Osama bin Laden y los talibanes por el Consejo de Seguridad de la ONU —también lo hicieron Estados Unidos, para luego cambiarle el rótulo, y Gran Bretaña. Miembros del ETIM incluso estuvieron detenidos en la base de Guantánamo (China no ha dejado de señalar los métodos con que Estados Unidos trató a terroristas en Guantánamo, al ser acusada de maltratar a presos en Xinjiang).

Desde que empezó a ser acusada por sus medidas contra los terroristas, China empezó a ofrecer información sobre los ataques que sufrió. Entre otros, en 2013, cinco muertos en un ataque en la plaza de Tiananmen, donde un vehículo se lanzó a atropellar a los turistas; ocho muertos en un ataque a una comisaría en Kashgar; en 2014, 29 muertos y 130 heridos en un ataque con cuchillos en una estación de tren en Kunming; tres muertos y decenas de heridos en un atentado con bombas y cuchillos en Urumqi, la capital de Xinjiang; otros seis heridos con armas blancas en Guangzhou; 31 muertos y 90 heridos en un ataque con vehículos y explosivos en Urumqi; decenas de muertos y heridos en Kashgar, a manos de un grupo armado con cuchillos.

El gobierno chino asegura que su manera de tratar al terrorismo se atiene meticulosamente a los acuerdos internacionales frente a ataques terroristas —los convenios internacionales para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, para la Represión de la Financiación del Terrorismo, para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y contra la Toma de Rehenes.

El segundo argumento con que se defiende China es afirmar que está siendo víctima de un ataque ideológico por parte de los Estados Unidos.

Entre otros puntos, ha revelado que una “ong” como el World Uyghur Congress ha sido promovida y fogoneada por la National Endowment for Democracy (NED), a la que ha acusado de ser una CIA encubierta.

Hace dos semanas el gobierno chino actualizó un jugoso informe sobre esta entidad, revelando su accionar, no sólo contra China, sino contra otros países del mundo. Liu Weidong, del Instituto de Estudios Estadounidenses de la Academia China de Ciencias Sociales, asegura que entre 2004 a 2020, la NED ofreció a las organizaciones separatistas de Xinjiang más de 8,75 millones de dólares.

La actual vicecanciller Hua Chunying habló de un complot estratégico de Estados Unidos para desestabilizar a China desde adentro, exhibiendo un video en el que el coronel retirado del ejército estadounidense Lawrence Wilkerson, exjefe de personal del secretario de Estado Colin Powell, sostiene que “si la CIA quería desestabilizar China (…) la mejor manera de hacerlo era generar disturbios y unirse a los uigures para presionar a China internamente en lugar de hacerlo desde afuera”.

También han surgido acusaciones de abuso sexual contra Dolkun Isa —uno de los denunciantes en Argentina, mientras la diplomacia de China asevera que 37 países coinciden con su posición en contra de la campaña.

La cuestión del “genocidio uigur” en la región de Xinjiang se instala, así, como uno de los núcleos turbulentos en China establecidos por Estados Unidos, junto al Tíbet, Taiwán y Hong Kong, en los que pretende involucrarse a una Argentina que se alinea con EE.UU. y con Israel contra Gaza y con Ucrania contra Rusia.

* Periodista dedicado a la cultura china, editor de la revista DangDai