Un tribunal santafesino comienza a juzgar hoy a una joven de 22 años que fue detenida en 2021, acusada del homicidio de quien había sido su pareja, en Santo Tomé. La Fiscalía pide prisión perptua por homicidio calificado por el vínculo; mientras que la defensa pública llevará argumentos para sostener que se trató de un hecho en legítima defensa, en relación a que la muchacha era víctima de violencia de género por parte del fallecido. El tribunal integrado por Luis Silva, Rosana Carrara y Celeste Minitti escuchará este martes los alegatos de apertura para dar comienzo al debate que tiene a la mujer presa hace tres años.

El crimen de Ayrton Díaz ocurrió el 25 de septiembre de 2021, en el barrio Adelina de Santo Tomé. La fiscal Ana Laura Gioria tuvo a cargo la investigación y desde el inicio pidió la prisión preventiva de la imputada, que tenía 19 años. Según publicó en su momento el sitio santotomealdia.com.ar, alrededor de las 3.30 de aquella madrugada, un hombre se acercó a la Subcomisaría 16° y denunció que halló sin vida, en su vivienda, a su hijastro de 22 años. Según testimonios, hasta antes de la medianoche Díaz había estado en su casa junto a personas de su círculo de amistades. Pero al llegar sus familiares, poco después, encontraron el cadáver con una herida en el cuello. Lourdes fue detenida poco después.

La joven llega al debate en prisión preventiva pese a los planteos de la defensa sobre un hecho que -según entiende- debe ser "comprendido desde una perspectiva interseccional, que permitirá abordar las diferentes formas de vulnerabilidad emocional, psicológica y física". Al respecto, Nicolás Mosconi, defensor público que asiste a la mujer en el proceso, describe que "el caso de LMS refleja la compleja interacción de factores de opresión y situación de violencia de género sostenida en el tiempo".

Por esos días, medios santafesinos indicaron que Díaz fue imputado por violencia en 2019 y debía realizar un curso de reeducación emocional, que no cumplió. Para la defensa, Lourdes "fue víctima de una relación abusiva". Y sostiene que Díaz "ejerció control coercitivo y la sometió a violencia"; además de ejercer "contra ella el aislamiento de su familia y amigos", entre otras cuestiones. 

Además, agrega la defensa, "impidió que pueda terminar sus estudios, y cualquier intento de bienestar personal era interpretado como una provocación hacia otros hombres, reforzando estereotipos de género denigrantes". La situación, indica el argumento defensista, "se agravó durante el confinamiento por la pandemia por Covid, dejándola aún más vulnerable. La ausencia de protección estatal es un punto central, ya que se probó que las denuncias previas que LMS había realizado por violencia de género no fueron tramitadas. El enfoque interseccional que se propone analizar a partir de este caso indaga en la importancia de examinar cómo el Estado vulneró el estándar de debida diligencia reforzada en la protección de los derechos de LMS". 

Por otro lado, argumenta que "la violencia de género y su impacto en la trayectoria vital de LMS, en particular en relación con la legítima defensa y el estado de necesidad, se vuelve crucial. Ella no encaja en el estereotipo de una víctima sumisa, lo que desafía las expectativas tradicionales sobre cómo deberían comportarse las mujeres que sufren violencia". Con todo, indican que "su situación empeoró tras su detención, cuando, bajo custodia policial, también sufrió violencia institucional, permaneciendo más de un año sin recibir la atención psicológica necesaria y en las condiciones que estos casos requieren".