Luego de un acuerdo de mediación, la jueza Ada Zunino sobreseyó a nueve mujeres y dos varones sobre quienes pesaban acusaciones por usurpación, desobediencia judicial y atentado contra la autoridad, por hechos ocurridos en 2022. El Centro ALFA, que actuó en la defensa de tres imputadas, señaló que estas personas no estaban cometiendo delitos sino que se habían organizado en una protesta contra la inseguridad que vivían en el barrio Solidaridada, en el sur de la ciudad de Salta.

El 21 de julio de 2022, vecinos y vecinas se manifestaban en un terreno de siete hectáreas que se hallaba en estado de abandono y había sido foco de diversos hechos delictivos. En la noche, en un operativo de represión, fueron detenidas once personas, incluso una mujer que ni siquiera estaba en la protesta. Tras cinco días privadas de la libertad, las mujeres relataron que sufrieron golpes, maltratos y vejaciones y que estuvieron en condiciones infrahumanas, de las que salieron enfermas, con problemas respiratorios, gripe e incluso una de ellas no podía hablar como consecuencia de esta situación.

El Centro de Asistencia legal, Formación y Alfabetización Jurídica (ALFA), integrado por un grupo de profesionales del derecho que practica la abogacía comunitaria, representó a tres imputadas y consiguió el sobreseimiento que se extendió al resto de personas acusadas. En un comunicado, esta organización resaltó que las detenciones e imputaciones fueron injustas y que después de dos años, y tras varias mediaciones, la jueza decidió sobreseer a los vecinos y vecinas.

El abogado Álvaro Arias, responsable de ALFA, intervino en un primer momento cuando las personas fueron detenidas, pidiendo su libertad. En la segunda etapa el abogado Lautaro Arias acompañó a las mujeres en las audiencias de mediación donde finalmente llegaron a un acuerdo con quienes aducen tener la propiedad del terreno y que las habían denunciado. Ellas pidieron de nuevo en esa instancia que se realicen tareas de mantenimiento en el predio abandonado, que está lleno de pastos.

"Para nosotros no es una victoria, da bronca, porque después de dos años recién resuelven una situación que era evidente que no constituía delito y ellas por temor a que siga la causa aceptaron que se llegue a un acuerdo de mediación penal", dijo Álvaro Arias a Salta/12. Recalcó que si se hubieran llegado a un juicio "se iba a demostrar la completa inocencia de ellas porque en su momento reclamaban por la inseguridad del terreno, donde habían ocurrido hechos de violencia, abusos, y otro tipo de cosas. Cuando van a reclamar es que se interpreta que estaban usurpando y es cuando se les arma la causa".

ALFA señaló que en este caso, como en protestas o manifestaciones sociales, se hizo "uso del aparato represivo y del Código Penal para amedrentar, criminalizar y disciplinar a la gente, en este caso la mayoría mujeres que exigían respuestas del Estado ante una problemática barrial". Añadió que la causa penal no debió haber existido.

"Peor aún, por las solas circunstancias y el lugar en el que se encontraban reclamando, se dio por sentado que se estaba usurpando el terreno, actuando la Policía a partir del prejuicio y la estigmatización para luego ejercer violencia (y aunque no haya sido este el caso, la misma figura de la usurpación es frecuentemente utilizada para criminalizar a las personas que, por la misma estructura desigual del sistema, están excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda digna)", advirtió la organización.

Una de las mujeres que estaba acusada en esta causa, Ivana, dijo que se enteró del sobreseimiento cuando fue consultada por Salta/12. Contó que junto a un grupo mayoritario habían pagado a un abogado particular para que les representara pero "no hizo nada", ahora espera que la notifiquen formalmente desde el juzgado. 

Ivana indicó que el descampado por el que protestaban sigue abandonado, "los yuyos altos y la misma inseguridad, lleno de adictos que van y vienen todo el día".

Otra de las mujeres imputadas, Guadalupe, contó a Salta/12 que no es de barrio Solidaridad, y aquel día en que la detuvieron volvía de atender un merendero del Polo Obrero. "Vimos lo que estaba pasando, había una señora a que la estaban tironeando en la represión con su bebé y nos metimos, ahí fue cuando me llevaron detenida", recordó. "Nosotras recibimos mucho maltrato. Yo de ahí (de la Alcaidía) salí muy enferma, con infecciones estomacales y neumonía", contó.

Por la represión, también hubo una denuncia en aquel momento y las personas reprimidas pidieron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos pero no prosperó y las mujeres desistieron de presentarse como querellantes para seguir impulsando la causa. 

Uno de los hechos que había motivado el reclamo de vecinos y vecinas fue el hallazgo de cuerpo de Ricardo Maigua, un vecino que estuvo varios días desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado entre los pastos. Los y las manifestantes señalaban que la policía se había negado a rastrillar ese lugar cuando la familia lo solicitó. Ante el estado de abandono del predio, proponían que fuera expropiado y entregado a familias con necesidad habitacional. En 2020 también se encontró ahí el cuerpo de la joven Celeste Lois.