El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, reveló que se detectó "un plan conspirativo contra el jefe de los fiscales" de la provincia, el procurador general Pedro García Castiella.

Sáenz hizo esta afirmación en el III Consejo Federal de Seguridad Interior que se llevó a cabo en Salta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El gobernador dijo que este plan, al que describió como "un delirante desafío a las instituciones mismas de la provincia", demuestra la efectividad de las acciones que está llevando a cabo el gobierno salteño para combatir el crimen organizado.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Salta, Marcelo Domínguez, precisó que se reforzó la seguridad del procurador tanto en sus lugares de trabajo como en su domicilio. La Procuración General no brindó información al respecto, aunque se anunció que el procurador brindará una conferencia de prensa esta mañana. 

Ya desde septiembre de 2023 el procurador general viene advirtiendo sobre el avance del crimen organizado en el norte salteño, incluso con la cooptación de funcionarios judiciales y de la Policía. García Castiella viene impulsando la investigación de jueces y policías involucrados en delitos vinculados a delitos graves en el norte salteño. El año pasado el procurador pidió la destitución del juez Edgardo Laurenci, por irregularidades en relación a la fuga del sicario Lino Moreno, y ayer mismo denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento al juez de Garantías Claudio Parisi, imputado, entre otros hechos, por el cobro de coimas a cambio de favorecer a un integrante de una banda criminal organizada en Orán.

Ayer, en la reunión del Consejo Federal de Seguridad, al hablar de la política criminal de la provincia el gobernador destacó medidas tomadas en la gestión del procurador García Castiella: “la creación de la Unidad Fiscal de Investigación del Norte en Orán, el año pasado, así como la Unidad Fiscal de Litigio contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Fiscal. Iniciativas que han producido resultados concretos, y que claramente incomodan a los delincuentes y al crimen organizado. Prueba de ello ha sido la reciente detección de un plan conspirativo contra el jefe de los fiscales de nuestra provincia", aseguró Sáenz. 

Pedido de destitución del juez Parisi 

Mientras en el Centro de Convenciones se desarrollaba el III Consejo Federal de Seguridad Interior, el procurador general pedía ayer al Jurado de Enjuiciamiento la destitución del juez de Garantías de Orán, Claudio Alejandro Parisi. 

El procurador sostuvo que el magistrado demostró un mal desempeño en el cumplimiento de sus deberes. Le reprochó: falta de uniformidad en los criterios para conceder y revocar arrestos domiciliarios, incorrecta valoración de los riesgos procesales para su otorgamiento, falta de aplicación de las normas procesales que regulan la imposición de la prisión preventiva y su concesión bajo modalidades no autorizadas por ley, respuestas infundadas a requerimientos de medidas que necesitan autorización judicial formuladas por la fiscalía, y el indebido acceso y compulsa de expedientes a su cargo por parte de personas ajenas. 

En el pedido de jury se enumeran al menos seis causas en las que se detectaron irregularidades en la actuación del juez, plasmadas en "decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves", esto último agravado por "la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes". Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal aclaró que si bien Parisi está imputado por cohecho, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento no se basa en esas acusaciones, sino en el "desmanejo de los casos, que resulta evidente de la sola compulsa de los expedientes" a su cargo.

El primer hecho en el que se basa la acusación ante el Jury es en el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes que cumplía esta pena en su casa, al volver a ser imputada por un nuevo hecho del mismo delito, fue beneficiada por Parisi con la continuidad de su prisión domiciliaria. Encima, en el expediente el juez ocultó que había decidido mantener la domiciliaria. Para eso dictó la prisión preventiva, argumentando que había serios riesgos procesales si se otorgaba la libertad a la mujer, pero ordenó a la Policía para que ella continuara en su casa. Al año siguiente, Pereyra fue imputada otra vez por vender drogas en su domicilio.

En el caso “Leniz” (coimputada de Pereyra en el último caso), el criterio del juez pareció ser diferente, porque si bien concedió la prisión domiciliaria, luego la dejó sin efecto ante un informe del Servicio Penitenciario sobre una nueva imputación a Leniz. El magistrado aplicó criterios completamente distintos en uno y otro caso, aseguró el procurador. Añadió que quizás ese cambio se haya debido a que en la causa contra Leniz "se descubre todo el entramado ilegal", por datos obtenidos del teléfono de la policía Mariana Castellanos, sobrina del magistrado. Estas revelaciones confluyeron en las imputaciones al propio Parisi, su sobrina y el secretario del juzgado, Maximiliano Correa. Además de negociar beneficios procesales que otorgaba su tío, esta policía está detenida por anticipar allanamientos a personas investigadas.  

El procurador recordó que Castellanos le ofrecía a Leniz sus vínculos familiares con el juez para que obtuviera beneficios "a cambio de abultadas sumas de dinero". Además, las conversaciones entre ambas mujeres muestran que la policía tenía conocimiento preciso de la causa sin intervenir en ella, y "se constató la adulteración en la cadena de custodia de un cuaderno que se encontraba secuestrado y bajo la responsabilidad de Parisi". Leniz le había pedido este cuaderno a Castellanos. 

Asimismo, el procurador sostuvo que "La misma falta de criterio, razonabilidad y justicia se presenta en las decisiones tomadas por Parisi en relación a José Dimas Ruiz" en la causa en la que está acusado como partícipe del millonario robo a la empresa Abra el Sol, en el que también está imputado, entre otros, Cristian “Gringo” Palavecino, sindicado como hombre confianza del narcotraficante y asesino, Ricardo Raúl "Coya" Rojas y que está sospechado de haber participado de estos crímenes. También en relación a Ruiz, el juez está acusado de haber otorgado la prisión domiciliaria a cambio de una coima.  

Otro hecho es el arresto domiciliario en el caso “Chaile”, en el que primero el juez dictó la prisión preventiva de un hombre acusado por homicidio culposo que había huido de la escena del crimen y apenas unos días después "cambió vertiginosamente de opinión y dispuso lo contrario, ordenando que Chaile se mantuviera en su domicilio particular". Parisi no tomó recaudos para asegurar que el acusado no huyera, y cuando el Tribunal de Impugnación le ordenó que le impusiera una pulsera electrónica, "incumplió deliberadamente el mandato", y, por el contrario, le otorgó la libertad plena al imputado. El resultado es que Chaile escapó, y "las víctimas del hecho permanecen sin respuesta judicial alguna".

El procurador también denunció "el grosero actuar de Parisi en el caso del sicariato que acabó con la vida de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martinez". El magistrado le concedió el arresto domiciliario a "Oreja" Martínez a pesar de que estaba acusado por tentativa de femicidio y tenía en ese momento dos resoluciones para que estuviera en prisión preventiva, dictadas por el propio juez: una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma víctima y otra por venta de drogas. Mientras Martínez estaba en la prisión domiciliaria fue ejecutado a tiros en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas.

Parisi también intervino en la causa que investigaba el asesinato de Martínez, y "obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad", acusó el procurador. El juez está "sospechado de haber pasado irregularmente información sobre la causa al abogado Roberto Ortega, quien no estaba habilitado en el caso". La fiscalía había pedido el allanamiento de varios domicilios, incluido el del intendente de Aguas Blancas, pero "Parisi demoró injustificadamente el procedimiento y, posteriormente se demostró que había proporcionado información sobre esos actos al abogado Ortega, lo que frustró las posibilidades de éxito de los allanamientos".