La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente a la Policía Federal por la represión contra los jubilados el 28 de agosto pasado, durante la manifestación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y al ajuste en los medicamento del PAMI.
En este marco, el director del Programa de Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, sostuvo que la denuncia se apuntala en que "la represión fue totalmente desmedida, porque era una manifestación que se presentaba como pacifica".
"Se van corriendo los límites, porque esto sucede en el marco de la implementación del supuesto protocolo antipiquetes, que no es ni más ni menos que una resolución del Ministerio de Seguridad, ni siquiera es una ley o un decreto", argumentó Pomares, en diálogo con la 750.
“Solicitamos que se abra una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de quienes determinaron y ordenaron las acciones denunciadas, las cuales resultan contrarias de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a los fines de que se dispongan las medidas necesarias a efectos de determinar responsabilidades penales de los funcionario públicos involucrados y se evalúen dictar las medidas de prevención que la magistratura considere pertinente”, señala la denuncia de la CPM.
"Esto finalmente terminó cristalizando que las manifestaciones en la calle constituyen delitos, faltas o algún tipo de reacción que justifique o requiera la intervención policial violenta que es completamente inconstitucional", dijo.
"Nuestras intervenciones están orientadas como un organismo de derechos humanos y como una institución que brega por el sistema democrático, a estar presentes en estos eventos, tratando de generar visualizaciones y, como organismo, identificar estas violaciones de derechos humanos, denunciarlas y llevarlas a todas las instancias nacionales e internacionales para no naturalizar lo que está pasando", remarcó.
"Por otro lado, hay decisiones políticas orientadas a disuadir y a bloquear la manifestación pública, porque allí está la herramienta predominante de una sociedad para interpelar a las autoridades", cerró.
