El presidente Javier Milei se reunió con cinco diputados radicales que se comprometieron a respaldar el veto a la ley jubilatoria, a pesar de haber votado y expuesto a favor de la reforma en la prestación de haberes en la votación de junio pasado. Con estos cinco votos radicales, y otros tres que estarían comprometidos, contemplando todos los votos del bloque oficialista y los aliados del PRO, el MID y Buenos Aires Libre, el Gobierno reúne 85 de los 87 diputados que requiere para sostener el veto presidencial en la Cámara baja.
Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Mario Pablo Cervi y José Federico Tournier son los radicales que, en el mediodía del martes, se sacaron una foto con Milei en la Casa Rosada para confirmar su respaldo al veto presidencial, que anula un aumento de solo el 8,1 % para compensar la inflación de enero —un incremento de solo 15 mil pesos en los haberes mínimos— y un nuevo mecanismo de actualización para acompañar la inflación. A estos cinco se les sumarían, o podrían ausentarse, Roxana Reyes, Lisandro Nieri y Pamela Verasay; estos dos últimos responden al gobernador Alfredo Cornejo.
Los ocho no solo desconocen el posicionamiento del bloque de la UCR y el origen del proyecto de ley de reforma de la modalidad jubilatoria, emanado del bloque boina blanca, sino que todos votaron a favor del cambio del cálculo de haberes en junio pasado, excepto Tournier, que aún no había ingresado al Congreso. La Convención Radical -que comanda Gastón Manes- ensayó un castigó al defender el proyecto e indicar que los diputados que voten en contra del borrador que redactó la UCR van a ser llevados al Tribunal de Ética del partido.
Votar con una mano lo que se aprobó con la otra
El caso emblemático sería el de Nieri, quien fue miembro informante del proyecto de ley y le tocó defenderlo en la Cámara en junio pasado, cuando fue aprobado el dictamen de minoría presentado por la UCR. También es paradigmático el caso de Campero, que hoy ya se comprometió con la foto en Casa Rosada, y en junio expuso lo contrario en la Cámara baja.
"La fórmula que estamos proponiendo con nuestro bloque representa el 0,5 % del PBI. Y, para poner solo un ejemplo, si el Poder Judicial pagase Ganancias, implicaría el 0,16 % del PBI. La motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldo, y no a nuestros jubilados", dijo -como muestra el video- Campero al adelantar su voto positivo a la reforma en junio y celebrar el proyecto del radicalismo.
Sin embargo, a 24 horas de la sesión para sostener o rechazar el veto de Milei, Campero dio un giro y argumentó que "el kirchnerismo, junto a bloques dialoguistas, tiene un objetivo escondido, que es golpear al plan económico". Y cambió de postura: "Vamos a acompañar los argumentos del Presidente respecto al veto presidencial". Entre esos argumentos, el tucumano Campero compró que el plan económico "logró bajar la inflación".
La postura de Campero y cuatro colegas de su bloque será analizada en la reunión del bloque, pero si bien no está definida una expulsión, ya la ruptura se viene planteando de hecho debido a que no es la primera vez que votan contra la decisión mayoritaria de esa bancada.
Los cinco legisladores de la foto, y los tres que se rumorean se sumarían, también votaron con el Gobierno cuando se trató la derogación del DNU que asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE. La intención de la conducción del bloque de la UCR, encabezada por el dialoguista Rodrigo de Loredo, es evitar que mañana se sumen Nieri, Verasay y Reyes.
En la reunión con el quinteto radical que comprometió su voto en contra de los jubilados estuvieron presentes también la secretaria de la Presidencia y armadora política de cara a las legislativas del año próximo, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Martín Matzkin.
Poroteo y plan B de la oposición
La sesión solicitada para este miércoles a las 11 por el diputado radical Fernando Carbajal es acompañada por otros quince radicales, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Si bien estos bloques dialoguistas van a tener el apoyo de los 99 diputados de Unión por la Patria para armar el quórum, no estarían juntando los dos tercios para el tratamiento sobre tablas ni para rechazar el veto, para lo cual se necesita esa mayoría agravada.
En ese contexto, es probable que los partidos opositores busquen aprobar un emplazamiento a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de seguir manteniendo el debate, ya que si se rechaza el veto no se puede volver a tratar este año.
En una carrera contrarreloj, el oficialismo venía moviendo sus fichas desde la semana pasada e incluso involucró al mandatario en las negociaciones en curso. Para eso, Cristian Ritondo (PRO) y Oscar Zago (MID) protagonizaron una serie de reuniones con representantes del Poder Ejecutivo para garantizar 87 legisladores e impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso.
El oficialismo tiene asegurados 36 legisladores —ya que no vota el presidente de la cámara, Martín Menem— y 36 del PRO —todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González—, 3 del MID y 2 de Buenos Aires Libre. El poroteo les da, hasta el momento, 85 legisladores a favor del veto. Además, ahora pueden sumar a estos cinco radicales, y estaban encarando conversaciones con los tres diputados de Independencia, uno de CREO, otro de Encuentro Federal, Francisco Morchio, y dos sanjuaninos que responden al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.
En caso de que varios de estos legisladores se ausenten, como es probable que suceda, el oficialismo va a necesitar menos de 87 diputados, ya que los dos tercios se calculan sobre los legisladores presentes en la sesión.
