Un grupo de integrantes de comunidades originarias de Alto La Sierra, en el municipio de Santa Victoria Este (del departamento Rivadavia), quemaron en la tarde del lunes un almacén administrado por un habitante criollo.

Según contaron algunos de los participantes de la quema, esto ocurrió por el hartazgo de las comunidades ante la falta de respuesta a sus reclamos de que se deje de vender alcohol a las personas que son parte de ellas. Una denuncia más grave da cuenta de supuestas prácticas de abuso sexual en ese lugar, una fuente local indicó que niñas de 14 años “para arriba” ingresaban al comercio durante el fin de semana y recién salían de un día para otro.

“Las madres iban a buscarlas pero no las dejaban entrar y no podían rescatarlas. Las chicas recién se iban al otro día”, dijo la fuente, que prefirió mantener su identidad en reserva por el momento.

Voceros de organismos que se encuentran en la zona indicaron que por distintos relatos colectados pidieron la intervención de la justicia provincial y federal por presuntos hechos de trata, pero nunca obtuvieron respuestas.

Ya en 2021, Salta/12 había relatado los reclamos de comunidades de Alto La Sierra tras la muerte de un joven de 19 años que apareció ahogado en una laguna. En aquel momento ya se había denunciado del problema de las adicciones al alcohol y a sustancias como marihuana o la inhalación de nafta.

Incluso hubo “acuerdos” firmados entre los caciques y los comerciantes con el objetivo era evitar que se venda alcohol a comuneros y comuneras. Los caciques señalaban entonces que las personas que bebían hasta emborracharse después “hacen problema” en sus propias comunidades.

La problemática, atravesada de manera múltiple por diversos factores, tiene como base de conflicto la demarcación de las tierras.

En febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que 400 mil hectáreas deben ser entregadas a las comunidades de esta zona en un solo título comunitario, y 243 mil deben ser repartidas entre los habitantes criollos. Sin embargo, el proceso de demarcación todavía no se cumplió en su totalidad y se mantiene un conflicto permanente.

“Acá hay chicos de 8 años para arriba que empiezan” con el alcohol o la inhalación de nafta, dijo la fuente. Añadió que las denuncias públicas son ignoradas por los organismos competentes y, “cuando se quieren hacer (las denuncias formales) la gente está con miedo porque fue amenazada y no la hace”.

La fuente sumó a esta cuestió que es poco lo que se puede hacer respecto de la seguridad, dado que en el pueblo solamente hay dos agentes.

Incluso comentó que antes de tomar la decisión de incendiar la casa donde se vendían bebidas alcohólicas, las comunidades fueron a pedir la intervención de la Policía.

“Por lo que veo, Alto La Sierra está más olvidado que nunca”, indicó la fuente. Este pueblo se hizo tristemente conocido en 2015, cuando una nena de 12 años de edad con discapacidad fue violada en banda. A la niña se la llamó simbólicamente “Juana” y solo pudo acceder a un aborto legal tras la intervención de la Justicia.