Finalizó el juicio contra los policías acusados de violentar a Franco Centurión cuando lo detuvieron en la Comisaría 45 de la ciudad de Tartagal. El joven salió en estado grave de salud y días después murió. Dos efectivos policiales recibieron condenas leves de dos años de prisión condicional y inhabilitación para ejercer cargos públicos, otros tres fueron multados y los inhabilitaron por un año, mientras que cuatro resultaron absueltos por la duda.
El juez Aníbal Reynaldo Burgos condenó a Cristian Adrián Vargas y Julio César Martínez a 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo, al encontrarlos responsables de los delitos de vejaciones y severidades y contradictoriamente los absolvió de la omisión de los deberes de funcionario público, en este caso, por el beneficio de la duda.
Por otro lado, Héctor Federico Flores, Francisco Ramón Espinoza y Carlos Facundo Borjas fueron condenados al pago de una multa e inhabilitación especial por 1 año para ejercer cargos públicos por omisión de los deberes de funcionario y los absolvió de la acusación de severidades, también por el beneficio de la duda.
Mientras que los policías Ernesto Marino Velázquez, Rodrigo Albano Correa, Isaac Silvestre Galarza, Marcelo Morales fueron absueltos por aplicaicón del beneficio de la duda.
La víctima era un joven de 29 años años que murió luego de que lo liberaran de la Comisaría 45 donde lo tuvieron 8 días detenido desde el 11 de noviembre de 2021, junto a un amigo. Habían encontrado un arma vieja mientras juntaban leña en el campo, al volver a la ciudad de Tartagal en motocicleta, los requisaron los policías, y a ambos los llevaron por separado a la Comisaría 45.
Según relataron otros detenidos, los policías sometieron a Franco a golpizas, le habrían provocado una herida en la pierna izquierda por los golpes, lo desnudaron, humillaron, lo hicieron dormir en el piso y le negaron atención médica. Se trataba de un joven que había sido trasplantado de médula ósea a los 12 años y también tenía un injerto en la pierna desde los 15, y requería cuidados especiales de salud.
Al salir de la 45, Franco fue hospitalizado y trasladado al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde murió en enero de 2022.
El padre de la víctima, Santos Centurión, expresó disconformidad y decepción con la sentencia, consideró que hubo "presión del gobierno, por eso el juez ha dado ese fallo". Su abogado de su querella, Sergio Heredia, había solicitado 5 años de prisión efectiva para todos los policías.
Heredia dijo a Salta/12 que presentará un recurso de casación. "Era muy difícil, yo expliqué bien en los alegatos la dificultad de imputar y juzgar a policías. Las absoluciones son por el beneficio de la duda así que haremos la casación pero por lo menos lograron el primer paso que es condenar a dos", sostuvo el abogado.
"No se ajusta a la gravedad de los hechos"
El comisionado Andrés Giordamachi, del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, quien estuvo en la primera audiencia del juicio, también cuestionó la sentencia: "no se ajusta a la gravedad de los hechos que fueron relatados en el debate. No se tuvo en cuenta una valoración de los testimonios y de la prueba incorporada desde una perspectiva de derechos humanos y en un claro contexto de violencia institucional", dijo a Salta/12.
"En esta oportunidad la familia no encontró consuelo en la justicia con la pérdida de su hijo. Y ratificamos nuestra posición de que es necesario avanzar en la consigna de que no haya mas presos en comisarías por no ser aquellos espacios o establecimientos los adecuados para que personas estén privadas de su libertad sin vulnerar sus más elementales derechos humanos", manifestó Giordamachi.
El fiscal Gonzalo Vega había requerido 3 años de prisión condicional e inahabilitación para Vargas y Martínez, sobre quienes dijo que "dispensaron un trato denigrante contra la víctima al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico". También los había acusado por omisión de los deberes de funcionario en perjuicio de Franco y del "correcto funcionamiento de la Administración Pública". Mientras que para los otros 7 policías había solicitado 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena y el pago de una multa.
