El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, aseguró ayer en conferencia de prensa que el conocimiento de la existencia de un plan para atentar contra su vida no hará cambiar la política criminal que lleva a cabo desde su asunción, hace tres años, cuando se propuso poner el eje en el combate al crimen organizado, en el que englobó el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves.
Acompañado por parte de su equipo de trabajo, entre ellos la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, el secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, el jefe del Ministerio Público Fiscal salteño aseguró que los autores de la conspiración ya fueron identificados, pero se excusó de dar precisiones en las necesidades de la investigación, que está a cargo del fiscal Gabriel González. Sí contó que "este incipiente plan" criminal fue detectado hace "tres o cuatro semanas" por tareas de inteligencia de distintas fuerzas.
“No es técnicamente una amenaza, sino un plan conspirativo descubierto del cual no se había avisado, no se había advertido”, sostuvo García Castiella. Lo consideró "algo serio, porque no tiene precedentes ni en nuestra provincia ni creo que en el ámbito de la República Argentina". "Lo grave de esto es que es un desafío a las instituciones de la provincia", en particular al Ministerio Público Fiscal, porque apuntó contra su jefe y responsable de la política criminal y de las prioridades de la persecución penal.
"Es un desafío al Ministerio Público pretendiendo obtener concesiones indebidas que no se las vamos a dar ni vamos a retroceder un ápice en todo lo que se está haciendo en el ámbito de la provincia de Salta”, aseguró enseguida. “Acá no van a tener un clima amigable” para pretender echar raíces en la provincia, agregó.
En ese marco el procurador dijo que se sintió acompañado por la reacción de las autoridades de la provincia y la Nación. Anteayer, en la sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior realizada en Salta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el gobernador Gustavo Sáenz reveló la existencia de la conspiración y aseguró, con palabras similares a las del procurador, que su gestión seguirá enfrentando al crimen organizado.
García Castiella dijo que, a diferencia de lo que se había escuchado meses antes, ahora se aprecia que se entendió la necesidad de coordinar acciones entre las provincias y la Nación en la lucha contra el crimen organizado. "Ni las provincias solas ni la Nación sola pueden hacer nada, nosotros acá en Salta tenemos ya una vasta experiencia en coordinación entre la justicia federal y provincial", aseguró. En la "inteligencia criminal tiene que haber una absoluta coordinación y cooperación entre la fuerza federal y la fuerza provincial", insistió.
En este aspecto defendió la desfederalización de la investigación del narcomenudeo. Dijo que investigaciones que realiza la UFINAR (la provincial Unidad Fiscal de Narcocriminalidad) "muchas veces nutren de información a investigaciones más complejas que están en mano de la justicia federal. Ese intercambio es fundamental, no puede haber compartimentos estancos donde se investigue por un lado y se investigue por el otro y no se sabe qué está investigando el otro”, ratificó.
Asimismo, contó que la ministra Bullrich le anunció que se hará una labor diferenciada de seguridad en la ciudad de Orán, el Plan Orán, similar al que se hizo en Rosario, en Santa Fe. “Desde el Estado hay que mantener toda la firmeza en la respuesta a los desafíos del crimen organizado y de la delincuencia en todos los ámbitos", aseguró. “Estamos a tiempo y se están tomando las medidas por parte del Estado para que no sea Salta un lugar amigable” para las organizaciones criminales, agregó.
El procurador consideró que la política criminal de la provincia está dando resultados positivos y que se frenaron los homicidios en el norte provincial.
“El año pasado la ciudad de Orán, el norte provincial, ha estado regado de cuerpos sin vida”, “iban apareciendo y se iban haciendo las investigaciones y hoy por hoy están todos esclarecidos, al menos los presuntos responsables están sometidos a procesos penales y hubo, después de las detenciones, una notable, una sensible disminución de los índices de delitos en contra de la vida en aquellas jurisdicciones”, sostuvo.
Cooptación de municipios
"El crimen organizado está poniendo recursos y está pretendiendo también infiltrar la primera línea de los estados", que son los municipios, alertó ayer, otra vez, el procurador general. Destacó que el crimen organizado busca el dominio territorial y dijo que antes de las elecciones del año pasado "existía un plan para copar los municipios de la provincia".
Y dio dos ejemplos de esta estrategia de absorción de las instituciones por parte de bandas criminales. “Está preso uno de los candidatos a intendente de la ciudad de Orán", afirmó refiriéndose al contador José Dimas Ruiz, que se postulaba para dirigir esta ciudad norteña, cuando fue detenido y acusado por su participación en el violento robo a la empresa Abra del Sol, un hecho que el Ministerio Público Fiscal atribuye al crimen organizado, del que el procurador ha dicho, ya en 2023, que es una especie de "polirrubro", lleva a cabo distintas acciones criminales, siempre que sean redituables.
Y el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo o"Conejo" Martínez, está siendo investigado ahora mismo, y que "tiene antecedentes y condenas cumplidas por narcotráfico y tiene una causa abierta por lavado de activos en la provincia de Santiago del Estero. De eso, tendrán la palabra los cuerpos legislativos de nuestra provincia”, demandó el procurador. Hasta ahora no se ha conocido ninguna iniciativa legislativa para revisar la situación del intendente, a pesar de que incluso se allanó su casa en el marco de la investigación del homicidio de su hermano, César "Oreja" Martínez, que tenía causas por violencia de género y venta de drogas y fue atacado a tiros por sicarios.
Asimismo, respecto del avance criminal sobre las instituciones, García Castiella recordó, entre otros aspectos, que pidió la destitución del juez de Garantías Claudio Parisi, por irregularidades en causas judiciales sobre hechos del crimen organizado.
El procurador también fue consultado sobre los fondos destinados por el gobierno nacional a la SIDE. Si bien declinó dar una opinión sobre esos fondos, señaló que todos los insumos necesarios para la investigación criminal "son costosos" porque tienen precios en dólares. Como ejemplo, contó que en Salta tienen cuatro UFED, aparatos de extracción de información de teléfonos, pero "por las limitaciones presupuestarias que tiene nuestro gobierno provincial están trabajando solamente dos", con el consiguiente atraso en las extracciones telefónicas. "Ahí es donde hay que poner los recursos", sostuvo. "Acá lo que hace falta es reforzar los laboratorios regionales, reforzar la especialización y capacitación de los investigadores. Eso es lo que nos va a abrir el camino para mejorar las respuestas”, aseguró.
