En la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta se aprobó de manera definitiva la nueva prórroga de la ley 7857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en todo el territorio de la provincia. Se cumple una década de la sanción de la ley provincial, que se inició como decreto del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, tras la sucesión de femicidios en Salta.

La presidenta de la Comisión Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Mónica Juárez (bloque Dr. René Favaloro), expresó en su intervención que la violencia de género es una realidad dolorosa y persistente que afecta a mujeres de todas las edades, orígenes y condiciones sociales. En Salta, "los datos son alarmantes" porque se visibilizan "datos de violencia doméstica con un número creciente de denuncias y emergencias relacionadas", sostuvo. 

La legisladora trajo a colación los resultados de una primera encuesta que midió la prevalencia de la violencia contra las mujeres en 12 provincias del país, y que fue elaborado en 2022 por la la Iniciativa Spotlight y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (eliminado en el gobierno de Javier Milei). Allí se señaló que el 62% de las entrevistadas en Salta han atravesado algún tipo de violencia de género ejercida por su pareja y o expareja. Juárez alertó sobre este dato, ya que se ubica por encima de la media nacional que es del 45,45%. 

Además, subrayó que el 58,7% de las entrevistadas dijo haber vivido situaciones de violencia psicológica, lo que también es superior al resto del país, que es del 42,3%. Asimismo, el 33,6% de las entrevistadas atravesó situaciones de violencia física; un 36,8%, padeció situaciones de violencia económica y patrimonial; y el 26,9% indicó haber experimentado violencia sexual. 

Juárez también enfatizó que la franja etaria entre los 18 y 29 años presenta mayores índices de prevalencia de la violencia, con un 65,8%. Asimismo, mencionó es el nivel de conocimiento del conjunto de instituciones y organizaciones comunitarias que brindan asistencia a mujeres en situación de violencia de género. Según el informe, la provincia estaba posicionada entre las jurisdicciones cuyas habitantes tienen menos conocimiento de estos dispositivos: Jujuy (56,5%); Salta (48,4%) y Tucumán (37,8%), es decir. 

Para la diputada, la aprobación de la quinta prórroga de la ley se debía dar principalmente a dos motivos: reconocer que se trata de un tema social y transversal, es decir "que nos afecta todas las mujeres, de las distintas clases sociales y de todas las edades", y destacar que en la provincia se mantiene un organismo público referenciado directamente con la problemática, como es la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Sobre todo, porque "a nivel nacional se ha levantado el Ministerio de la Mujer, y nosotros a nivel provincial seguimos con una Secretaría, entendiendo que por ahí podemos delinear algunas políticas públicas en pos de que esto no siga sucediendo en Salta", como lo establece el artículo 2 de la ley de emergencia. 

Juárez subrayó que la implementación de cualquier política debe ser respaldada por una adecuada asignación presupuestaria. "No nos resulta agradable poner prórroga tras prórroga, pero entendemos también que hasta que se termine de delinear un tipo de política pública para poder salir de esta coyuntura, es necesaria esta ley. La violencia no tiene cabida en la sociedad que queremos. Es una cuestión de justicia, igualdad, respeto por cada día y por la vida", manifestó. 

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) recordó el 3 de junio, en el marco del Ni Una menos, que en la provincia se registraron 12 víctimas de femicidios, de enero a diciembre de 2023. Según los datos: 7 se cometieron en Capital; 2, en Orán; 1, en Rivadavia; 1, en Rosario de la Frontera, y hubo un femicidio vincular en la localidad de Las Lajitas, en el sur provincial. De ese número, tres casos no tienen causa judicial debido a la muerte posterior del presunto femicida. 

La diputada por el departamento San Martín, Gladys Paredes (Más Salta), integrante de la Comisión de la Mujer, también se refirió a las razones para prorrogar la emergencia. Destacó que en 2019 solamente 19 municipios tenían algún área vinculada a Mujeres, Géneros y Diversidad, mientras que en 2024 pasaron a 42 municipios. Pero lamentó que en este mismo año también se cerraron algunas de esas áreas. Hasta junio ya se habían cerrado 7 áreas municipales de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia de Salta, decisiones fueron incitadas por la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las políticas públicas en esta materia. 

Paredes cuestionó los cierres y reducciones de programas nacionales como Generar y Acompañar, y en referencia a este último recordó que era una asistencia económica por seis meses, "porque la víctima no puede seguir viviendo donde es violentada, se tiene que ir". "La ayuda hoy no la tiene. Entonces, la mujer, ¿a dónde va a ir?", se preguntó. Para la legisladora, la violencia de género persiste en todas las provincias y es crucial contar con recursos financieros, ajustar políticas públicas y mejorar la educación para abordar este problema de manera efectiva. Y puso énfasis en la urgencia de "incorporar a los varones y a los jóvenes en todo lo que sean las políticas públicas, provinciales y municipales". 

En tanto, la diputada por Capital, Isabel De Vita (Todos) subrayó que cualquier declaración de emergencia implica un marco en el que se deben acentuar algunas políticas públicas, y en este caso, se debe fortalecer el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. En ese sentido, destacó la ley provincial 7863, que crea el Observatorio de Violencia de la Mujer (OVcM), dado que mantiene "registros que son importantísimos a la hora de delinear las políticas públicas". 

De Vita trajo a colación la ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, pues no sólo destacó el abordaje integral que propone sino la reciente modificación para incorporar la violencia digital. Consideró que también se requieren de políticas públicas en ese sentido porque es una violencia que se hace más presente en la realidad. Por lo que también insistió en las partidas presupuestarias "para tomar medidas". 

Los contras

La votación de la quinta prórroga contó con los votos negativos del bloque del PRO, a través de los diputados por Capital Sofía Sierra y José  Gauffín; la diputada de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos (Ahora Patria); la legisladora sanmartiniana Mirtha Miller (Evita Conducción), y el diputado por Capital Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular). 

Sierra ya había votado en contra de la prórroga aprobada en 2022, y ayer volvió a manifestar su oposición, señalando que significa una incapacidad legislativa para tratar el problema de manera efectiva. "Al menos durante los diez últimos años esta Legislatura no fue capaz de definir una política pública en una materia tan importante como esta". "Es más fácil no hacer nada y simplemente apoyar las sucesivas prórrogas de una ley de emergencia", cuestionó. En tal sentido, llamó a la responsabilidad del cuerpo legislativo en lugar de delegar funciones al Ejecutivo.

Su par de bloque José Gauffín argumentó su voto en contra diciendo que “en 10 años no hubo cambios sustanciales, los datos siguen siendo alarmantes”, por lo que instó a que se formule una nueva ley. El diputado se basó en los últimos informes anuales del Observatorio de Violencia contra la Mujer para sostener que arrojan datos que "indican que debemos reformular una nueva ley: Hubo un aumento del 45% de denuncias con respecto al 2016 y Salta sigue en el podio del ranking de femicidios en Argentina", enfatizó. 

También cuestionó que la partida presupuestaria de 2023, prorrogada para 2024, fue de 106 millones de pesos, es decir 0.017% del presupuesto provincial. "Lamento que la Comisión de Hacienda emitiera dictamen cuando en el Informe del Observatorio no hay un solo dato sobre la ejecución presupuestaria en este sentido. Nada", sostuvo. 

Reeducación de varones violentos

El diputado por San Martín Matías Monteagudo (Unión Salteña-UCR), además de votar a favor de la prórroga dijo que es preciso consolidar "una herramienta más para poder atacar de raíz realmente" la violencia de género. En ese sentido, recordó la iniciativa que elaboró con su par de bloque, Sergio Vargas, en la que instan a la reeducación de varones violentos. 

La propuesta tiene por objeto la creación de centros psicoeducativos o centros reeducativos para "la asistencia, rehabilitación y/o reinserción social de personas de sexo masculino mayores de 18 años", cuyas conductas se encuentren alcanzadas por las leyes provinciales de violencia intrafamiliar, y de violencia de género. Monteagudo recordó que la iniciativa fue presentada en 2022, pero que no tuvo curso ni en Poder Legislativo ni el Ejecutivo. 

El legislador pidió que se los tenga en cuenta cuando presentan "un proyecto de ley que viene un poco a complementar ya las leyes vigentes. No estamos pidiendo nada del otro mundo, nos basamos en una ley donde se estipula un presupuesto para presentar este tipo de iniciativas y así poder aportar nuestro granito de arena para esta gran problemática que es la violencia de género", manifestó.