Los datos que se publican, de fuentes públicas y privadas, muestran la incoherencia de la política económica, una afirmación que atraviesa a todo el universo ideológico de los profesionales de las ciencias sociales, aunque divergen en otros aspectos y visiones de mundo. Y, por supuesto, ello significa importantes diferencias en las soluciones para salir de este atolladero. 

Los cuestionamientos planteados desde todos los ángulos ideológicos son varios. Primero, que el superávit fiscal no considera el gasto devengado, lo que implica un crecimiento de la deuda pública contingente que puede transformarse en estructural. Fenómeno que, a su vez, se agrava con el traslado de la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional que se pagará con recursos fiscales cada vez más debilitados debido a la alta sensibilidad a la actividad económica.

En segundo lugar, existe un superávit comercial frágil debido a la caída de las importaciones, flujo muy atado, también, a la actividad económica. Ello significa que cualquier reactivación económica, traerá como consecuencia la reversión de la tendencia positiva de la balanza comercial. Lo cual conduce a una potencial crisis externa, potenciada además por el atraso cambiario.

Tercero, se notan serias divergencias entre el crecimiento de la producción agropecuaria, que dobló la del año pasado, el monto de las exportaciones primarias, y la liquidación de divisas provenientes del sector.

Cuarto, la escasa acumulación de reservas frente a superávit récord. Agravada, además, por la anunciada intervención en el mercado de divisas de los mercados de Contado con Liquidación y del MEP que conduce a la dilapidación de lo poco que se logra capitalizar.

Quinto, una tasa de inflación demasiado alta para la recesión imperante agravada por el crecimiento potencial derivada de la postergación de aumentos de los servicios públicos, cuya contracara es el crecimiento de los subsidios al consumo que, también pone en jaque, el contablemente creativo superávit fiscal detallado en el primero de los puntos y finalmente

Finalmente, la destrucción de capital motorizada por la recesión combinada con la desvalorización de sus motores de financiamiento de activos ahorrados tanto en pesos como en dólares.

Cambio de estrategia

Una lectura política y sociológica de este fenómeno es el desconcierto generado por el cambio en la dinámica de la disputa hegemónica. Durante el último medio siglo, el centro de la escena se ocupaba en la lucha por el control del Estado entre las representaciones políticas del bloque popular, compuesto principalmente por sindicatos, movimientos sociales, cooperativas y pequeñas empresas. Estas entidades tenían en común su enfoque en el mercado interno, en contraposición a las grandes empresas que dependían de los mercados externos y rentas monopólicas. Ninguno de estos bloques había logrado un predominio definitivo sobre el otro.

Pues bien, esta situación cambió por la formación de una alianza compuesta por desprendimientos de los dos agrupamientos mencionados. De un lado, el segmento más internacionalizado del capital financiero y el conglomerado minero, cuyo peso sobre la economía crece en forma constante. Del otro, los fragmentos de las clases populares y medias que no se sintieron representados ni contenidos por las instancias institucionales tradicionales de su bloque de referencia, ya sea por su rol en la estructura productiva como por sus prácticas laborales y sociales.

Cabe señalar que las reivindicaciones de estos sectores fueron escasamente entendidas y escuchadas por sus representaciones políticas. Este conglomerado está encabezado por un colectivo muy frágil de políticos al que llamarlos intelectuales orgánicos es, en términos gramscianos, casi como una burla cuyas pretensiones refundacionales no se condicen ni con sus capacidades ni con la solidez de sus alianzas. De ahí el desconcierto que produce en el sentido común y en las prácticas de la sociedad política tradicional, a la que peyorativamente la denominan como casta.

La estrategia central de la fase inicial de esta refundación fue la de sumergir a la sociedad argentina en una espiral recesiva, situación, que, con el correr del tiempo y de las medidas que se toman, resulta cada vez más difícil salir. Los vectores más prominentes de este camino son el productivo, el de ingresos y el fiscal.

No es verdad que la actual administración no tenga política destinada a la producción. Si es cierto que no se parece a ninguna de las anteriores, aunque si tiene un elemento común con otras experiencias neoliberales como es el atraso cambiario, señalado más arriba, que apunta a la pérdida de competitividad de los sectores manufactureros y sus servicios asociados que producen en y para el mercado interno. A ello se le adosa una política que obtura, un verdadero cepo, cualquier intento de reactivación en estos rubros, por el crecimiento de la demanda de productos importados y sus consecuencias ya señaladas al comienzo de este artículo. 

La contracara de esto es el fomento de las actividades primarias, especialmente las extractivas, y dentro de estas a las petroleras a las que se les otorga un régimen especial, el ya famoso RIGI. Una estrategia de política productiva muy parecida a la de la última dictadura militar con un objetivo similar como es, desde el punto de vista político, la destrucción de las bases materiales sobre las que asienta el bloque popular.

Tampoco es cierto que el gobierno no tenga política de ingresos. Lo que no tiene es estrategia compensatoria de los sectores que sufren al ajuste. Más bien al contrario. Las medidas tomadas por la actual administración apuntan a concentrar tanto los mercados como los ingresos de la punta de la pirámide social. En este marco tienen que inscribirse tanto las medidas de liberalización de los precios, como la reforma regresiva del sistema impositivo donde cada vez aportan menos lo que más tienen y más los que menos poseen. Detrás de esta estrategia no tradicional existe un objetivo claro y es atraer el consenso del resto del bloque concentrado compensando la caída de la masa de ganancia con el aumento del margen de comercialización. 

Que lo logren depende lógicamente de cuan profunda sea la recesión desde el punto de vista económico y de cuan propensos sean a la subordinación los grandes exportadores agropecuarios, las entidades financieras con eje en lo local y las empresas concentradas que producen para el mercado interno. En este aspecto cabe destacar que las prácticas son más importantes que los discursos. Pese al enunciado apoyo a la actual administración, la realidad es que la retención de cosechas exportables es más importante que en la etapa anterior y que el sector financiero no provee de recursos financieros al estado nacional si no se ve forzado por los sucesivos roll over de deuda en una especia de nada por aquí, nada por allá, obligando a los hacedores de política a la búsqueda de fondos externos que también se les niegan.

La tercera estrategia consiste en el ajuste fiscal permanente, cuya contracara es la destrucción de las capacidades blandas del Estado, lo que implica la concentración de los gastos en dos rubros. Por un lado, el pago de intereses de una deuda creciente y por otro el fortalecimiento de las capacidades represivas, como parte de la coerción estatal, ambos conceptos completamente estériles desde el punto de vista del fortalecimiento de la actividad económica. Todo ello en detrimento de erogaciones como la salud, la educación, la política de ingresos, las obras públicas y todo aquello que hace a construir consenso con la sociedad. 

En ese sentido, la administración actual, como en otros tantos aspectos, adscribe al más ramplón sentido común neoliberal, que considera a las erogaciones citadas como un mecanismo más de reproducción material del bloque popular sin reparar en la capacidad de legitimación hacia las decisiones del estado que estos gastos tienen.

El disciplinamiento por la recesión, la destrucción de las capacidades y del capital manufacturero, la creación de una situación de regresividad estructural y el retiro de las capacidades estatales consensuales apunta a la reorganización de la sociedad, su economía, su cultura y hasta su territorio hacia un modelo de primarización basado en la acumulación de renta minera y petrolera, a la manera de lo que sucede en muchas sociedades subdesarrolladas sobre todo de Asia y África, que requiere, por supuesto, de muchas menos capacidades estatales integradoras. Esquema de acumulación que es profundamente desigual social y económicamente.

Para cumplir con estos dos objetivos la actual alianza de segmento de clases sociales, que excede, por si hace falta aclararlo, a la actual administración, se encuentra con dos obstáculos casi insalvables para implementar este proyecto. La más evidente, la escuálida capacidad de gestión de su representación política y su desconocimiento de las reglas elementales de gestión estatal. Pero la más profunda y la de más difícil superación, es, sin duda alguna, es la disfuncionalidad de esta estrategia para aplicar a una sociedad industrializada, de desarrollo medio, integrada territorialmente y con instituciones representativas del bloque popular acendradas históricamente. A la que hay que agregar la reticencia práctica de parte del bloque dominante que, por ahora, apoya discursivamente.

Por lo expuesto, pese a las bravuconadas y gruñidos que se emitan desde el colectivo gobernante, la relación entre recursos institucionales escasos, medios errados y fines ambiciosos hacen que este proyecto de construcción política y económica esté destinado al fracaso más temprano que tarde.

*Economista