Docentes universitarios llevan adelante un paro de 48 horas desde este miércoles 11 de septiembre en reclamo de mejoras salariales y un mayor financiamiento al sector, en medio del brutal ajuste del Gobierno de Javier Milei. Por ese motivo, este jueves 12 no habrá clases en las universidades del país.
El paro universitario de este jueves coincide con una movilización al Senado de la Nación, donde ese se debatirá la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) sostienen que el costo de la normativa es mínimo comparado con el impacto en el presupuesto nacional. Sin embargo, el Presidente ya anticipó que, de aprobarse, será vetada, tal como lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.
En este contexto, el secretario Adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, afirmó en diálogo con la 750 que el Gobierno nacional está "desangrando" a las universidades porque "no entran en su modelo de país".
Qué plantea la Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del índice de Precios al Consumidor (IPC).
Asimismo, también establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el Indec.
En la última reunión paritaria realizada en el Palacio Sarmiento, el Gobierno propuso un generosísimo aumento salarial de 3 por ciento para agosto y 2 por ciento para septiembre.
Los representantes encabezados por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la subsecretaria de Empleo Público, María Rosana Reggi, no salieron de su sorpresa cuando los gremios le dijeron que no: la oferta apenas si alcanza el 10 por ciento del atraso salarial que tienen --que calculan en, al menos, un 50 por ciento--.
