Una vez más el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) entra en contradicciones a través de las expresiones de sus funcionarios y voceros, en este caso respecto del decreto 780/2024 que modificó la reglamentación de la ley 27.275 de acceso a la información pública. Mientras el ministro Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, dijo la semana anterior ante los Diputados que recogía “las inquietudes” de los diputados para introducir modificaciones en el decreto presidencial el vocero Manuel Adorni sostuvo en una de sus habituales conferencias de prensa que “nosotros siempre estamos dispuestos en modificar algo, si tenemos que modificarlo, (pero) no va a ser el caso este”. 

No resulta una novedad que los funcionarios de la LLA discrepen públicamente declaraciones sobre el mismo tema. Tampoco que el gobierno se reafirme en su posición frente a una catarata de críticas a una medida que, más allá del periodismo, afecta a distintos actores de la sociedad, incluso al mundo empresarial al que la Casa Rosada pretende favorecer y que ahora verá limitado su acceso a información que, siendo pública, es vital para la toma de decisiones en el mundo de los negocios.

Tómese en cuenta, entre otras cosas, que mediante el nuevo decreto se impide el acceso público, por no considerarlos “documentos”, a los papeles de trabajo y estudios previos a una decisión oficial. Habría que atender que ante la falta de información oficial de calidad se incentiva el “mercado ilegal” de las filtraciones, que pueden ser de fuentes dudosas y poco confiables, o administradas de manera arbitraria por los funcionarios con consecuencias nefastas para el funcionamiento normal de la sociedad democrática.

Tanto la declaración de Francos como la de Adorni llegaron después de que más de sesenta organizaciones de todo tipo, vinculadas no solo a la comunicación sino a la defensa de derechos, se manifestaron claramente en contra de lo dispuesto por el Ejecutivo, tras coincidir desde diferentes perspectivas políticas e institucionales que lo resuelto contradice no solo el espíritu de la ley, sino que además entra en colisión con derechos establecidos por la Constitución argentina. Varias de las organizaciones que expresaron su malestar por la medida señalan que la pretensión del Ejecutivo es restringir en forma “significativa” la posibilidad de acceso a la información pública.

Entre las entidades que se manifestaron en contra de la nueva reglamentación se cuentan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Amnistía Internacional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Foro de Periodismo Argentina (FOPEA) lo que da cuenta de un variado mosaico institucional en rechazo de la decisión.

Para Amnistía Internacional "un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016".

Sin dejar de reafirmar que la medida cuestionada no afecta solo al periodismo sino a la ciudadanía en general, no se puede obviar que lo que ahora se decidió acompaña también los reiterados ataques -faltos de argumentos y fundamentos- que el presidente Javier Milei viene haciendo contra los periodistas que no condicen con sus miradas o que apenas atisban una crítica a su gestión. Embestidas que –como también sucede cuando se agrede a otras personas- no están exentas de descalificativos y agresiones muy propias del lenguaje del actual presidente.

Al margen de lo anterior y tomando en cuenta la trascendencia que tiene la medida oficial como afectación no solo del acceso a la información sino, en general, del derecho ciudadano a la comunicación, no deja llamar la atención la ausencia de una respuesta más contundente sobre el tema por parte de más actores individuales y colectivos de la sociedad democrática, del mundo académico y hasta del económico. Porque está a la vista que lo que se afecta no es apenas una cuestión de periodistas, de medios o de manejo de la información. Lo que se está pretendiendo restringir son principios básicos de la democracia, entre los cuales el derecho a la comunicación es un eje fundamental.

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