El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este miércoles que impulsará la derogación de la Ley de Amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Pondremos urgencia a la tramitación de proyecto de ley que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización", dijo el mandatario en su discurso por la 51° conmemoración del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en 1973.
"Si bien la amnistía ya no se aplica gracias a una sólida jurisprudencia de los tribunales de justicia, terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país", precisó el mandatario desde un escenario levantado en el Patio de Los Naranjos, en el Palacio de La Moneda, en un acto oficial.
"Cumplir con las obligaciones del Estado"
Boric anunció también que presentará un proyecto de ley para definir los parámetros o características del delito de desaparición forzada y reiteró su intención de desclasificar la información del Informe Valech, elaborado hace dos décadas por la Comisión de Prisión Política y Tortura para esclarecer la identidad de los opositores encarcelados y torturados durante la dictadura civil militar.
"Con esto no hacemos más que cumplir con las obligaciones del Estado de Chile establecidas en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 y 2013", agregó el presidente.
El objetivo es que la información que recogió esa comisión, creada en 2003, se ponga a disposición de los tribunales de justicia y de las autoridades a cargo del inédito Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual Gobierno.
La búsqueda de desaparecidos
Hace un año, el Gobierno de Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, ya que hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
"Todos los días, en este patio, hoy día hermosamente lleno, vienen niños y niñas de liceos, de escuelas, de diferentes partes de Chile. Conocer La Moneda es un hito importante para ellos. Y siempre que estoy en mi oficina, que queda aquí atrás, y escucho sus murmullos, sus risas, bajo a saludarlos y a contarles de este lugar”, señaló Boric. "Estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo”, recalcó.
“También recordamos a los desaparecidos, a los asesinados, a nuestros compatriotas que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, el despojo, la censura y el destierro. Y es que ninguna crisis política, por compleja que ésta sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo a los propios compatriotas”, expresó el Mandatario.
"Camino de la memoria"
Al compás de sus anuncios en el marco de la efeméride, el día anterior Boric inauguró el "Camino de la memoria" en el Parque Estadio Nacional, en Santiago, un memorial que recuerda a los presos en este centro deportivo ocupado como centro de reclusión en los albores de la dictadura de Pinochet en 1973, el más grande del país. "Este espacio nos invita a recordar los horrores que aquí vivieron miles de personas, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, obreros, profesionales, chilenos y extranjeros y, también, la hermandad y la entereza que demostraron", afirmó.
El Gobierno detalló que "El Camino de la memoria" es un recorrido peatonal de 450 metros de extensión que emula el recorrido que realizaron las prisioneras y los prisioneros, a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, desde sus lugares de reclusión hasta el sector de tortura en los baños públicos del velódromo, conocidos como "Caracolas". Además, precisó que diariamente militares llevaban a grupos de entre 30 y 100 personas detenidas, quienes iban con las cabezas cubiertas por sus frazadas y sólo veían el camino de tierra.
La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
