Argentina se ha convertido en los últimos años en uno de los países más caros del mundo y con el menor salario real de América Latina. El último informe de Unicef habla de 1,5 millón de niños y niñas que no comen todas las comidas. Según un informe del año pasado del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, la inflación de la Argentina en el rubro alimentos la ubica como el único país latinoamericano entre los diez más golpeados por el hambre. Eso en un país que alguna vez dijo ser “el granero del mundo”.

“Somos un país productor de alimentos y hay gente que tiene hambre. Esas dos cosas no deberían ser compatibles. Tenemos que pensar políticas de gobierno que lleven a garantizar el plato de comida para todos los argentinos y argentinas”, destaca Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Negocio

“Hay distintos elementos que explican el incremento por encima del promedio del precio de los alimentos. Por un lado, cuestiones como la guerra en Ucrania, que generó un aumento de precios de los alimentos a nivel mundial, pero también de la energía. Eso impacta mucho en el plano local, en la medida que no existan políticas de desacople de los precios internacionales”, explica Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política (CEPA). “Otro factor importante es la concentración en el mercado de consumo masivo”, agrega.

Según el estudio de 2020 del CEPA, el 74 por ciento de la facturación de los productos de los supermercados se quedan solo en 20 empresas. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata tiene el 79,4 por ciento de la oferta de fideos secos en grandes supermercados, el 82,1 por ciento en harinas junto a Molinos Cañuelas y está entre las tres empresas que concentran el 90,5 por ciento de las ventas de aceite junto a Aceitera General Deheza y Molinos Cañuelas.

En plena crisis económica y alimentaria, el informe Ganadores y Perdedores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA, destaca que Molinos tuvo, en el primer trimestre de 2024, un aumento del 1.119 por ciento en sus ganancias netas (19.890 por ciento si se incluyen ganancias financieras). Si se suman las tres empresas alimentarias que cotizan en bolsa (Arcor, Mastellone y Molinos), el incremento de ganancias fue del 598 por ciento (1.331 por ciento incluyendo balance financiero).

“Para estos fondos de inversión la siembra de soja o de maíz dejó de ser una cuestión productiva. Porque el negocio es financiero. Muchas veces con lavado de dinero”, explica Omar Príncipe, de Bases Federadas. “Los pequeños y medianos productores o cooperativas están invisibilizados y no son parte de las políticas públicas de las últimas décadas. Es imposible para un pequeño y mediano productor alquilar. No existe la rentabilidad. Por eso el productor termina alquilando a los grandes pooles de siembra donde el negocio es otro”, agrega.

Menos tierra

“El incremento de los precios internacionales de commodities genera un proceso de competencia por la tierra. Si bien la soja no es un alimento importante en la mesa de los argentinos, en la medida que tenga una rentabilidad extraordinaria obviamente va a haber más productores pasándose a ese cultivo y otros abandonando la producción”, comenta Costa. “Ahí también incide mucho la falta de política pública, en la medida que se cierren programas o créditos blandos, que de alguna forma generan una mejor rentabilidad de estos sectores que hoy están a la deriva de las propias fuerzas del mercado, controlado por los grandes jugadores”, agrega.

“Es un sector que por sus características no va a ser nunca agroexportador, pero es el que va generar comida, territorialidad, arraigo y calidad de vida. Ahora están dando de baja cooperativas. Es coherente con una estrategia de eliminar la autonomía de estos sectores”, denuncia Pablo Toranzo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) de Córdoba.

“Muchos de los emprendedores, de las producciones familiares, están dentro del sector de la economía no registrada, que en junio tuvo una caída interanual de ingresos del 30 por ciento”, comenta Lorena Putero del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.

“Hay un caso emblemático que es el de la yerba mate”, cuenta Putero. “Una vez que la importación de yerba aumentó y los productores no tenían a quién venderle la yerba, las grandes empresas concentradas aprovecharon para reducir en un 50 por ciento el precio de la yerba canchada. Esa disminución no se vio en góndolas. Es ahí donde empezamos a ver la transferencia de recursos”, explica.

El índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por el sector de Economías Regionales de Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), muestra que luego de la devaluación de diciembre de 2023, los alimentos multiplicaron su precios por 3,5 veces del campo a la góndola. Pero la participación del productor explicó apenas el 26,3 por ciento de los precios de venta final. Según un estudio de hace dos años de la Red Calizas, el consumidor en Argentina paga en góndola un precio 5,3 veces más caro que el que recibe el productor.

Los estudios de años anteriores del CESO sobre la inflación en los locales de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP) venían mostrando que, en estos espacios, la inflación era mucho menor. Incluso en disparadas especulativas como los meses de devaluación. Esta tendencia se viene revirtiendo por el achicamiento en los márgenes de ganancia y el salario real de los pequeños y medianos productores.

“Necesitamos profundizar la intervención del Estado para garantizar la producción de alimentos necesarios para nuestro país. Es necesario desplegar una política que ya venimos llevando a cabo desde las organizaciones, que son las ferias y los mercados de cercanía. Acercar a las familias productoras a los consumidores, eliminando los intermediarios y reduciendo los costos de los alimentos”, concluye Levaggi.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y máster en Periodismo de la Universidad del País Vasco.

**Acosta Juan Pablo Secretario de Prensa UTT-MAA