La profesora Marianela Fernández Oliva, junto con un grupo de estudiantes proyectan una serie de acciones en el Hospital Geriátrico Provincial coordinadas con el equipo multidisciplinario de la institución. Las actividades incluyen charlas y talleres dirigidos a los residentes, a sus familiares y al personal del Hospital, para difundir cuales son las novedades normativas en torno a las personas internadas y responder las inquietudes de quienes transitan la institución. El derecho de la vejez es una rama transversal al derecho tradicional. "Es el derecho leído en clave de envejecimiento, atento a los requerimientos especiales de justicia que la vejez necesita para realizar su proyecto vital individual", explica la docente. El proyecto de extensión es un cruce entre derecho a la salud y el de la vejez, lo que el equipo de investigación considera un eje de múltiple vulnerabilidad.
La intención es comenzar los encuentros con temas disparadores para el intercambio. Consideran importante que quienes transitan la institución geriátrica se perciban como sujetos de derecho y puedan plantear sus inquietudes y experiencias. Entre los temas considerados centrales para poner en discusión están los cambios paradigmáticos en torno al derecho de la vejez, la salud y los derechos humanos, que se introdujeron con el nuevo código civil y comercial.
La profesora Fernández Oliva detalla las normas que forman parte del código y que afectan directamente a los derechos de los adultos mayores, se trata de los nuevos regímenes de la capacidad, en relación a las internaciones y al consentimiento informado. "El nuevo código civil establece la incapacidad como una situación excepcional y la capacidad restringida para ciertos actos jurídicos determinados".
Además destaca que es obligación del juez preservar los derechos y el patrimonio de la persona que sea considerada con cierta limitación de sus capacidades debido a una alteración mental. En este sentido, se eliminó la categoría de demencia. Para la abogada existe una creencia social muy difundida de que los problemas de salud mental y la edad avanzada van de la mano, y a veces es una razón para vulnerar el derecho de autonomía que tienen las personas mayores.
Otro de los temas sobre los que van a trabajar en los talleres son las directivas anticipadas de salud (DAS) que se incorporaron a la nueva legislación y no contaban con antecedentes en la tradición jurídica argentina. Estas otorgan la posibilidad de dar una manifestación de voluntad sobre cuestiones de salud con antelación. "Una persona en pleno uso de sus facultades mentales hace un documento ante escribano donde manifiesta su voluntad sobre lo que quiere que suceda o quien quiere que tome las decisiones, y eso tiene prioridad sobre lo que luego piense la familia. Es una herramienta muy útil para sostener el ejercicio de la dignidad".
El proyecto contempla ampliar la información sobre el consentimiento informado, la norma que obliga a las instituciones de salud y también a los residenciales geriátricos a informar de manera clara para garantizar que la persona entienda todos sus derechos y obligaciones dentro de la institución. En muchas instituciones, esta reglamentación no se cumple o se hace de forma parcial, ofreciéndole a la persona que se interna un formulario impreso que firma sin saber de qué se trata o bien lo rubrica algún pariente. De esta forma, la protección de los derechos de la persona internada pierde sentido, según expresa Fernández Oliva.
"El problema no está en los residenciales en sí sino en la falta de control del Estado en los mismos".
La internación
La residencia gerontológica es una institución que viene a responder a ciertas necesidades de cuidado para personas mayores. "El problema no está en los residenciales en sí sino en la falta de control que el Estado ejerce en los mismos", sostiene la vicedirectora del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud.
A diferencia de lo que sucede en las instituciones psiquiátricas, donde es necesario informar a la justicia cuando se produce una internación, "en los geriátricos, donde las personas se internan a veces contra su voluntad porque sus condiciones de dependencia así lo permiten a los familiares, nadie controla ni informa".
La investigadora pone como ejemplo lo que sucede en la ciudad acerca de la reglamentación gerontológica que dice muy poco sobre el egreso. "Se especifican más las condiciones edilicias que los derechos y obligaciones de los internados y del egreso no se expresa nada, como si no se pudiese salir salvo que se muera".
La concepción del derecho que sostiene este proyecto es una visión compleja. Está organizada sobre un concepto de derecho multidimensional, que abarca no sólo las normas, sino que considera el derecho como realidad social que tiene un correlato normativo. "El derecho capta cuestiones axiológicas que desea una sociedad determinada en un tiempo determinado. Una es la dimensión lógica, que son las normas, el relato de lo que uno espera que pase. Después está la versión fáctica que es lo que pasa y es allí donde se resuelve el derecho", analiza la integrante del Centro de Investigaciones en derecho de la vejez de la UNR.
Parte de la experiencia del proyecto es visualizar si la legislación que protege a la vejez es eficaz, si tiene su correlato en la práctica. En este sentido, la profesora ejemplifica con una reglamentación que existe y no siempre se aplica como el consentimiento informado. "Existe la ordenanza municipal que dice que el paciente tiene que firmar que le explicaron y comprendió cuáles son sus derechos y obligaciones al momento de ser internado. Si las autoridades del geriátrico se lo hacen firmar sin informarle o lo firma un pariente, la norma se resuelve allí y se vuelve ineficaz. Y toda una reglamentación en derechos humanos que surge de una convención internacional que pudo hacerse después de una enorme lucha ideológica, se termina cuando el empleado de un geriátrico hace firmar al pariente sin siquiera preguntarle a la persona mayor si quería entrar o no internarse".
